El 19 de marzo pasado, a través de diversos medios de comunicación impresos y digitales, se publicaron los compromisos del gobierno de México con el magisterio nacional; esto derivado de las reuniones y los acuerdos alcanzados entre el propio gobierno de la república, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y una representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que integra al conjunto de dirigencias seccionales disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los acuerdos son los siguientes:

  1. Retiro inmediato de la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentada el pasado 7 de febrero de 2025, como iniciativa al Congreso, por parte de la jefa del ejecutivo federal.
  2. Establecer un programa para congelar y disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del Fovissste para reconstruir, rehabilitar y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado.
  3. Detener el incremento de la edad mínima de jubilación previsto en la ley, para mantenerla en lo que está establecido para 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo.
  4. Organizar foros, escuela por escuela, para construir la propuesta alternativa para (el sistema de carrera), es decir, el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros, que garantice sus derechos laborales, la transparencia y cero corrupción.

Dos puntos que propongo para reflexionar (y actuar) en esta coyuntura político-sindical son los siguientes:

1º. Las mesas de diálogo que se lograron llevar a cabo (marzo, 2025) entre la representación sindical disidente del magisterio y los enviados de la presidenta Claudia Sheinbaum a estas pláticas, simbolizan un avance político significativo para las y los trabajadores de la educación, y para el conjunto de las y los trabajadores del Estado. Este hecho es políticamente relevante, debido a que la dirigencia oficial del SNTE, encabezada por el senador Alfonso Cepeda Salas (plurinominal por el partido Morena), no se ha manifestado públicamente en la defensa de los intereses de la mayoría de las y los trabajadores de la educación, ni ha hecho suyas las demandas sociales de abrogación de la vigente ley del ISSSTE y promover un cambio radical de las políticas públicas laborales.

2º. Las demandas de las y los trabajadores de la educación, y de una mayoría de las y los trabajadores del Estado, están enfocadas, hoy, en la abrogación de la ley del ISSSTE aprobada por el poder legislativo en 2007. Ello con la finalidad de eliminar la política pública laboral de orientación tecnocrática y neoliberal, dirigida a fragmentar a las y los trabajadores del Estado mexicano; es decir, se está en contra de una ley que individualiza las relaciones laborales; además de que trata de cargar sobre las espaldas de las y los trabajadores la responsabilidad de los fondos de ahorro para el retiro y privatizar la administración de tales fondos y, entre otros aspectos, que obliga a calcular los adeudos por vivienda y otras prestaciones, como los créditos de apoyo financiero y las jubilaciones, en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y no en salarios mínimos, como se hacía hasta antes del 2017.

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Hay que recordar que “Los cálculos de los créditos de vivienda del Fovissste comenzaron a tasarse en UMAs a partir del 1 de enero de 2017, esto derivado de la reforma constitucional publicada el 27 de enero de 2016 en México, que estableció la UMA como la unidad de referencia económica para sustituir el esquema de “Veces Salario Mínimo” (VSM) en diversos cálculos, incluyendo los créditos hipotecarios de instituciones como el Fovissste. La transición a UMAs se implementó con el objetivo de desvincular el salario mínimo de las actualizaciones de las deudas y evitar que los incrementos salariales afectaran desproporcionadamente a los acreditados.” (Información consultada en internet).

Sin embargo, los cálculos que se hacen hoy, en UMAs, muestran que son prácticamente impagables muchos créditos de vivienda u otros que se calculan con esas unidades.

Las demandas de la CNTE con respecto a la Ley del ISSSTE se centran principalmente en la abrogación de la ley vigente desde 2007 -señala un motor de búsqueda- y en la implementación de cambios sustanciales para mejorar las condiciones de jubilación y seguridad social de los trabajadores de la educación y otros empleados del Estado.

A continuación, se detallan sus principales exigencias:

  1. Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007: la CNTE busca la derogación total de esta ley, promulgada durante el gobierno de Felipe Calderón, argumentando que privatizó el sistema de pensiones al introducir las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y afectó negativamente los derechos laborales al establecer un sistema de cuentas individuales que no garantiza pensiones dignas.
  2. Retorno a un sistema de pensiones solidario: exige regresar a un modelo de pensiones colectivo e intergeneracional, financiado de manera solidaria, en lugar del actual sistema basado en AFORES y Unidades de Medida y Actualización (UMA). Este sistema, según la CNTE, debería asegurar una jubilación justa sin depender de instituciones privadas.
  3. Cálculo de pensiones en salarios mínimos, no en UMA: la CNTE reclama que las pensiones se calculen con base en el salario mínimo y no en UMAs, ya que el uso de esta última unidad ha reducido el monto real de las jubilaciones, afectando el poder adquisitivo de los retirados.
  4. Jubilación sin edad mínima o con años de servicio fijos: piden que la jubilación se otorgue tras 28 años de servicio para mujeres y 30 para hombres, sin considerar una edad mínima, como ocurría antes de la reforma de 2007, en lugar de la tabla de edad progresiva que actualmente rige.
  5. Mejora en los servicios del ISSSTE: solicitan una mejora integral en las prestaciones de salud y otros servicios del ISSSTE, argumentando que la calidad ha disminuido y que los recursos no son suficientes para atender a los derechohabientes activos y jubilados.
  6. Rechazo a incrementos en las aportaciones: se opone a propuestas que impliquen mayores aportaciones de las y los trabajadores al sistema de salud o pensiones, como las planteadas en iniciativas recientes, ya que consideran que esto representa una carga económica adicional injusta.

“Estas demandas reflejan el descontento de los agremiados de la CNTE con las reformas neoliberales aplicadas al ISSSTE y su intención de recuperar derechos laborales que consideran perdidos desde 2007. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum retiró la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE en marzo de 2025 y emitió un decreto para congelar la edad de jubilación (56 años para mujeres y 58 para hombres), la CNTE insiste en que estas medidas son insuficientes y mantiene su lucha por la abrogación total de la ley y el retorno a un sistema más favorable para los trabajadores”.

Con respecto al punto de acuerdo relacionado con “organizar foros, escuela por escuela, para construir la propuesta alternativa de ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros, que garantice sus derechos laborales”, es necesario discutir cuál es el carácter o el sentido del llamado “sistema de carrera”, el cual se ha convertido en un dispositivo de contención salarial, dirigido a la cima de la meritocracia, para amortiguar los precarios ingresos de las y los trabajadores de la educación (en un hecho que nos recuerda la analogía de la “zanahoria de cartón”). Sin embargo, en caso de que el gobierno federal insista en implantar un nuevo “sistema de carrera” consensuado, habrá que cuidar que éste no repita la historia neoliberal al considerar sólo la “individualización” de los estímulos económicos, sino también que el sistema se abra al reconocimiento, con apoyos financieros significativos, de los colectivos o los cuerpos colegiados de docentes y directivos de la escuela pública, a través de mecanismos justos, explícitos y confiables como, por ejemplo, la evaluación de pares y sin burocratismo.

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