El caso de Dannia Michelle es una muestra dolorosa de cómo el sistema de justicia puede volverse contra las víctimas en lugar de protegerlas. Hace cinco meses, ella denunció al padre de sus hijas por agresiones contra las menores durante una convivencia.
Desde 2021 había denunciado la violencia familiar en la que vivió al límite con un veterinario sin cédula que maneja sustancias controladas y que, en aquel entonces, combinaba golpes con técnicas de llave de artes marciales “Jiu jitsu” para dormirla tras agredirla. Esa denuncia poco avanzó hasta que ella decidió irse del lugar donde la mantenían sometida y en ocasiones, encerrada.
Tras separarse, Germán “N” sustrajo a sus hijas por tres meses y fue con ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina que logró recuperarlas. Sin embargo, a pesar de las actitudes por ocultar a las menores y del comportamiento violento del agresor, un juez familiar permitió convivencias libres en las que la violencia ha llegado hacia las menores. Dannia Michelle ha hecho todo para protegerlas.
Sin embargo, la respuesta institucional fue desoladora: no solo le negaron medidas de protección para las niñas, sino que las autoridades recibieron con benevolencia al agresor, dilataron el caso deliberadamente y se negaron a realizar peritajes psicológicos a las menores. En cambio, construyeron expedientes falsos para incriminarla, con la clara intención de encarcelarla y despojarla de sus hijas.
En este contexto, la presentación del plan de trabajo 2025-2029 por parte de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, marca una oportunidad crucial para revertir estas injusticias y modernizar la procuración de justicia en la capital.
La estrategia presentada promete una evolución digital que facilite la denuncia y combata la corrupción estructural que permite casos como el de Dannia Michelle. Si es que hubiese existido un sistema digital que automáticamente tras presentar la denuncia, hubiese ofrecido una cita para valoración psicológica de las menores e integración de su carpeta, hoy no se encontrarán bajo el riesgo que viven.
Uno de los ejes clave de este plan es la digitalización de denuncias. La posibilidad de realizar denuncias por videollamada podría ser un cambio trascendental para evitar que víctimas sean revictimizadas en ministerios públicos negligentes. Esta medida, junto con la implementación de un chatbot para denuncias anónimas y la línea directa con la Fiscal, pretende cerrar los espacios a la corrupción y a la omisión institucional que perpetúa la impunidad.
El rezago en la justicia es otro problema estructural que se busca enfrentar. Con más de 232 mil denuncias recibidas en 2024 y un rezago histórico de 750 mil casos, la Fiscalía propone una segmentación de expedientes para priorizar investigaciones estratégicas y resolver otras a través de mecanismos alternativos. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de su correcta implementación, pues la realidad ha demostrado que muchas veces estos mecanismos son usados para diluir casos graves y evitar la judicialización de agresores.
En el ámbito de delitos de alto impacto, se reforzarán las unidades de búsqueda de personas desaparecidas, con la creación de la Unidad de Casos Recientes de Desaparición. También se ampliarán los equipos de criminalística para la investigación de homicidios y se consolidará una Unidad de Análisis Criminal. Si bien estas medidas parecen alentadoras, la pregunta clave sigue siendo: ¿cómo se garantizará que estos esfuerzos no sean atravesados por servidores públicos corruptos que pudieran influir en dar ventajas a los que más tienen?
Otro punto relevante es la creación de la Fiscalía Especializada en Extorsión, enfocada en el cobro de derecho de piso y extorsión telefónica. En un país donde las víctimas de estos delitos rara vez denuncian por miedo a represalias y desconfianza en las autoridades, la efectividad de esta nueva fiscalía dependerá de una estrategia real de protección a denunciantes y testigos.
Por último, el plan contempla una transición completa a la carpeta digital y la trazabilidad de expedientes en línea, un esfuerzo necesario para acabar con la manipulación de documentos y la desaparición de pruebas clave. Pero la digitalización, por sí sola, no basta. Si no se acompaña de un cambio profundo en la cultura institucional, el acceso a la justicia seguirá dependiendo de la voluntad de quienes operan el sistema, y no de las herramientas tecnológicas.
El caso de Dannia Michelle es el recordatorio de que el sistema de justicia en México sigue operando con inercias machistas, negligentes y, muchas veces, criminales. Cuando Dannia brindó datos fundamentales de violencia en su contra y contra sus hijas, perdieron su escrito y nunca dieron por recibidas las pruebas. Algo similar paso con Dulce Martell, a quien le fabricaron delitos en la Fiscalía de Niñas, niños y adolescentes con una estrategia única pues la prueba digital que demostraría su inocencia, contenida en un disco, fue supuestamente destruida y por lo tanto, ilegible.
La evolución digital y la modernización de la Fiscalía Capitalina representan una oportunidad, pero no serán suficientes si la impunidad sigue siendo la norma. La lucha por la justicia no se gana solo con tecnología, sino con voluntad política, perspectiva de género y un compromiso real con las víctimas.