Imposible no advertir el nado sincronizado entre la posición del INE, así como la expresada a través de los famosos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias. Ambos con grave determinación para coartar, de forma articulada y complementaria, la libertad de expresión en sus respectivas áreas de influencia. El INE con el pretexto de regular la competencia política, mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con el cometido de gobernar el flujo de la información pública a través de los concesionarios de radio y televisión, y los concesionarios de Televisión y/o audio de paga.
Esa sincronía muestra a un régimen político comprometido con proteger los intereses y la imagen del partido en el gobierno, al tiempo de intimidar, hostigar y penalizar a quienes se resistan a asumir la línea comunicacional oficial o, peor aún, que intenten atreverse a descalificar al oficialismo por su devaluación ética, prácticas de corrupción y vinculación con organizaciones delictivas.
Ahora, la imposición de una política de censura, mal disfrazada, se correlaciona con las vísperas del inicio del proceso electoral de 2027, que tendrá lugar en el ámbito federal y en procesos locales en 17 entidades de la República. Dentro de esa óptica, se reproduce la medida, antes adoptada (de cara a los comicios de 2024), para anticipar procesos de precampañas bajo un manto de simulación para evitar sanciones. Solo falta saber si también se llevarán a cabo en un marco excesivo de gastos como ocurriera en ese entonces y, para colmo, con indicios claros de financiamiento ilegal.
Los cuantiosos recursos de las actividades ilícitas y criminales, como las provenientes del huachicol fiscal, tuvieron, tras de sí, a muchos cómplices tanto en el medio delincuencial abierto, como en el gubernamental, pues estamos ante organizaciones delictivas que dominaron en territorios específicos con la connivencia, omisión o participación de las autoridades.
El hecho es que se despliegan acciones claramente sincronizadas para construir el marco para la victoria del partido en el gobierno y de sus aliados, por la vía de aprovechar los espacios normativos de instancias que han sido colonizadas, así como de la emanada de la desaparición de órganos autónomos. Se trata de realizar las elecciones, pero de que éstas no se desarrollen en un entorno de auténtica competencia o dentro de un ambiente de equidad, consolidación de la pluralidad y de las condiciones para alternancia política.
Inhibir la crítica e intimidar a los críticos es una medida para que el despliegue publicitario que el gobierno realiza en sus mañaneras pueda establecerse sin limitaciones, de modo que su postura sea calificada como la verdad única, y que los argumentos y señalamientos opositores devengan en pronunciamientos ilegales, sujetos a penalización o descalificación por censura. Máxime si se trata de proteger actos de corrupción o de financiamiento ilegal.
Consejeros del INE recientemente se pronunciaron por ordenar el retiro de pronunciamientos que el PRI hizo en sus páginas electrónicas, respecto de llamar al gobierno “narcogobierno” y de su partido “narcopartido” que corresponden a declaraciones hechas por su dirigente Nacional y Senador de la República, Alejandro Moreno Cárdenas. Lo anterior, sin importar que los diputados y senadores sean inviolables por las opiniones que tengan en el desempeño de sus cargos, conforme a lo previsto en el artículo 61 de la Constitución.
Al respecto, el senador priista ha declarado que acudirá a todas las instancias legales, nacional e internacionales para denunciar este abuso y defender así la libertad de expresión, frente al claro intento de coartarla de forma arbitraria.
En ese mismo tenor, los lineamientos dados a conocer por el gobierno respecto de los derechos de las audiencias pretenden ocultar la mano juzgadora del propio gobierno sobre contenidos informativos, a través de una primera mediación de las personas defensoras de las Audiencias; sin embargo, en caso de inconformidad será la propia autoridad quien resuelva y quien podrá sancionar a la concesionaria.
Se trata de un intrincado procedimiento para que la publicidad o propaganda no se presente como información periodística o noticiosa, asimismo, para distinguir entre publicidad y contenido, evitar la transmisión de publicidad engañosa, no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.
Para lograr tan loable propósito, en los códigos de ética respectivos -y que serán elaborados por los propios medios y calificados por la autoridad- deberán incorporarse criterios editoriales y valores que aseguren que al momento de hacer pública la información se contaba con elementos para concluir que la noticia era veraz.
Se puede apreciar que el diseño de la regulación sobre las audiencias está hecho para la intervención decisoria de la autoridad y para controlar contenidos, por parte de ella misma, dentro de un marco inhibitorio que se deriva de una aplicación siempre polémica para decidir, por ejemplo, sobre lo que es información engañosa o descontextualizada; siempre será posible la presentación de quejas en alusión a que la información carezca de un estricto sentido objetivo, sanitizado, ascético o pulcro frente a las tendencias ideológicas o corrientes del pensamiento.
Las dos hojas de la pinza son el INE y la Comisión Reguladora de las Audiencias, cada una llamada a actuar en su propio ámbito y sin aparente vinculación, pero conectadas a través de un régimen político que cada vez desnuda más su carácter despótico y autoritario, ahora por la vía de controlar la información y de coartar la libertad de expresión.