Hay algo que parte del gremio analista parece olvidar: algo precede a la ley, y eso es lo político, por algo la Constitución es un texto fundacional y jurídico que encarna formalmente los acuerdos políticos entre fuerzas dentro de un territorio. Es la memoria escrita de un acuerdo sobre cómo evitar que la violencia sustituya otra vez a la política.
La ley cuida que los pactos políticos sobre los que se erige la paz se cumplan justamente porque las sociedades civilizadas eligen el diálogo, la democracia y la política como una forma sofisticada de resolver conflictos, a veces después de una conflicto o guerra, justamente para ponerle fin o en otras ocasiones, para evitarla. El delito de traición a la patria nació de esa lógica. Traicionar a la patria significa incurrir en todo tipo de acción que rompa el acuerdo fundacional de México que es que aquí gobiernan mexicanos y no extranjeros, ni con imperios ni con sometimientos.
El delito de traición a la patria es un delito esencialmente político que faculta a la Fiscalía para perseguir las conductas que rompen uno de los principios más sagrados en los que se sostiene el pacto fundacional del México que hoy vivimos y es justamente el de la no intervención extranjera.
La no intervención extranjera es un principio que se construyó sobre una historia de invasiones.
Somos el país que históricamente ha sido acechado desde la invasión española. Recordemos que tras la independencia de la Corona, la Expedición Barradas de 1829 desembarcó en Tampico para reconquistar el territorio, fue derrotado militarmente por las fuerzas de Antonio López de Santa Anna aunque ese mismo general terminara por ceder territorio más adelante.
Luego Francia bombardeó y ocupó el puerto de Veracruz con la Guerra de los Pasteles durante meses y aunque no llegaron a establecer gobierno, si controlaron militarmente la principal aduana del país.
Luego la intervención estadounidense de 1846 a 1848, cuando las tropas del general Winfield Scott tomaron la Ciudad de México y la ocuparon durante meses. Estados Unidos nombró un gobierno militar de facto en la capital y en varias ciudades. Hubo negociaciones serias dentro del Congreso estadounidense para anexar la totalidad del territorio mexicano (“All of Mexico Movement”), aunque solo se consumó la cesión de más de la mitad del territorio mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) en el que perdimos Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming.
Luego William Walker desembarcó en La Paz con unos 45 hombres y se autoproclamó presidente de la “República de Baja California”, y luego también de la “República de Sonora”. Fue expulsado por fuerzas mexicanas, volvió a Estados Unidos, fue procesado (y absuelto) por violar las leyes de neutralidad. Y después de todo eso vino Maximiliano.
Nuestra historia nacional está escrita también como una sucesión de invasiones. La soberanía nunca ha sido una herencia estable para México. Ha sido una frontera que cada generación ha tenido que defender de nuevo.
Cuando Maru Campos afirma que enfrenta una persecución política, tiene razón en algo esencial: a un delito político le sigue una consecuencia penal y la narrativa es política porque la transgresión es política, pues no se le persigue por ser panista o por ser opositora, se le persigue por dar plena intervención, manejo, actuación, espacio, protección y hasta uniformes a agentes extranjeros con intención de espionaje, sometimiento y me atrevería a decir, derrocamiento de un gobierno. No es por ser opositora, es por co-gobernar con fuerzas extranjeras y pretender extender aquello con pretexto de la seguridad, algo que no tiene cabida en uno de los sexenios con mayor eficiencia en la materia reconocida abiertamente a nivel nacional e internacional.
Entonces sí es político, claro que lo es. Político no es partidista, es sobre quién puede gobernar y ejercer acciones del monopolio de la acción violenta del Estado efectivamente nuestro país.
Lo que Maru Campos y sus defensores omiten es que la traición a la patria pertenece precisamente al ámbito donde el derecho protege aquello que antecede al propio orden jurídico: la supervivencia del pacto nacional, lo político. El pacto es que a México, lo gobiernan mexicanos y mexicanas y la seguridad se faculta para ellos. El contexto es que extranjeros han tenido la ambición de gobernarnos y han fracasado. La amenaza es que aún tienen interés de hacerlo. El instrumento ahora es la desesperación de algunas fuerzas políticas que ante su baja popularidad y ante su incapacidad para convencer democráticamente por la vía del voto, han intentado abrir la puerta trasera para invitarles a gobernar mediante ellos. No tiene nada que ver con la narrativa del narco que se ha querido instalar como cortina, pues eso ya lo combate el gobierno federal.
Investigar y perseguir este delito, traición a la patria, es un antídoto contra la narrativa de la vulnerabilidad soberana que intentan instalar sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. La solidez de la acusación por parte de la Fiscalía General de la República y la seriedad para integrarla justamente es lo opuesto a una soberanía debilitada; prueba la existencia de mecanismos para defenderla. Por eso es tan importante.
Lo que está en disputa no es una acusación. Son dos modelos de país. Uno en que México se gobierna a sí mismo. Otro en que cede territorio, información, independencia, integridad con la finalidad de someter a la nación a persona, grupo o gobierno ajeno. Conductas que Maru Campos ha declarado por voz propia y que encajan en más de una fracción del artículo 123 del Código Penal Federal.
La pregunta nunca fue si esto era político. La pregunta es de qué lado de la soberanía decide colocarse cada actor cuando esa soberanía entra en disputa.