Ante la campaña de calumnias y descalificaciones que se han difundido en los espacios públicos en contra de las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo primero que hay que decir es que la andanada de denostaciones no es nueva. Algunos atacan por desconocimiento de lo que es la CNTE, otros lo hacen con mala intención, movidos por intereses políticos, corporativos o económicos desde hace años. Ignoran que la fuerza de la lucha magisterial democrática proviene de las bases de maestras y maestros, no viene de las élites o cúpulas del poder político, sindical ni económico.
La CNTE es una organización basada en la unión de diversas fuerzas magisteriales de docentes en lucha, es decir, de trabajadoras y trabajadores de la educación pública que defienden sus derechos sin doblegarse ante el poder; que nació desde hace 45 años para reivindicar los derechos laborales y los intereses del magisterio o de la docencia en general. Por ello, este movimiento social y gremial, de resistencia, trasciende a los partidos políticos.
Esta organización gremial se creó, así, desde 1979 con un origen territorial en la escuela pública, como respuesta a los atropellos del poder político y sindical en contra de los sectores democráticos de la organización, y frente a las prácticas y medidas corporativistas-clientelares que los gobiernos priistas de la era del llamado “nacionalismo revolucionario” habían impuesto a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); medidas autoritarias que después se adoptaron y adaptaron en forma de políticas públicas educativas durante los gobiernos del período neoliberal-tecnocrático, desde 1988-1989 hasta la fecha.
Para decirlo en palabras breves y directas, la CNTE está constituida por las secciones disidentes y democráticas, no corporativas ni clientelares del SNTE. Y si parafraseáramos a Eduardo Galeano, la CNTE es un movimiento social de “las y los de abajo”.
La mesa de las negociaciones entre la representación democrática de las y los trabajadores de la educación y el gobierno federal está puesta, pero a la vez está incompleta, porque la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de la república, no quiere atender de manera directa el conflicto (no, al menos hasta el momento de escribir estas líneas), sino que ha delegado esa tarea en sus secretarios de educación y gobernación durante los últimos días. ¿Al igual que Mario Delgado, titular de la SEP, la jefa del ejecutivo federal está más cómoda cuando se reúne y se sienta a la mesa con el líder oficialista del SNTE y senador por Morena, Alfonso Cepeda?
Los actores sociales que están convocados a sentarse a la mesa no sólo deben ser las y los trabajadores del gremio magisterial, sino también la jefa del ejecutivo federal junto con los secretarios o secretarias de Estado que, directa o indirectamente, deberían atender responsablemente las demandas de las y los agremiados del sector educativo, cuyas peticiones se integran para beneficio de los sindicalizados en general, puesto que también abarcan a la mayoría de las y los trabajadores del Estado mexicano. ¿Dónde están, en esta coyuntura, los posicionamientos y las acciones de los sindicatos democráticos de trabajadoras y trabajadores de las instituciones de educación media superior y superior públicas del país?
Una de las demandas centrales o esenciales de la CNTE, en esta coyuntura político-sindical, es la abrogación de la ley del ISSSTE (reformada en 1997 y 2007), la cual es una ley que afecta gravemente las condiciones de trabajo y que se ha establecido como la norma federal que daña gravemente las condiciones de jubilación y pensiones de las y los trabajadores del Estado. Además, dicha ley está construida sobre la base de un modelo neoliberal de aplicación de políticas pensionarias, que privilegia las cuentas individuales para el retiro de la vida laboral, en lugar de reivindicar, como en el pasado, al régimen solidario e intergeneracional de pensiones. Es un esquema que ha beneficiado a los banqueros y grupos financieros nacionales, en lugar de preservar y privilegiar los ahorros a favor de las y los trabajadores.
Otras demandas de la CNTE están relacionadas con 1) la eliminación de los términos en que se aprobó la reforma educativa de 2019 (en los inicios del sexenio del presidente AMLO), puesto que ésta combina elementos neoliberales (como excelencia, calidad, máximo logro de aprendizajes, mejora continua) con principios sociales del progresismo y la comunalidad en la definición constitucional del derecho a la educación; 2) democracia sindical, que es una de las demandas históricas vigentes de la CNTE; 3) aumento salarial con criterios de dignificación y profesionalización del trabajo escolar; 4) generación de condiciones laborales apropiadas para el desarrollo de las labores docentes y directivas de la escuela pública; y, entre otras, 5) atención expedita a los casos pendientes de resolución de conflictos laborales, como el de las profesoras y los profesores que fueron cesados debido a su oposición a la reforma peñanietista, desde los años en que se aplicaron la evaluaciones del desempeño, entre 2015 y 2017, y que son conflictos que siguen sin resolverse durante los gobiernos de la “transformación”.
Al revisar nuevamente los datos específicos de los aumentos salariales anuales al magisterio, autorizados durante el gobierno del ex presidente Peña Nieto, éstos se comportaron de la siguiente manera: 2013 el 3.9%; 2014 el 3.5% anual; 2015 el 3.4%; 2016 el 3.1 por ciento de aumento; 2017 el 3.08% y en el 2018 el 3.4% de aumento directo al salario y prestaciones, al año.
A lo largo del gobierno del presidente López Obrador, éstos son los datos recabados acerca del mismo indicador (aumento salarial magisterial): En 2019 el aumento salarial fue del 6.25%; en 2020, el salario se incrementó en un 5.9%; en 2021 fue el 5.7%; en 2022, el 7.5%; en el 2023 el anuncio fue de un 8.2%, mientras que para 2024 el aumento fue de 10%. Cabe mencionar que los porcentajes se refieren a los aumentos directos al salario y prestaciones. (Fuentes: SEP, DOF y notas de prensa).
Como se puede observar, luego de un análisis preliminar de los datos, los incrementos al salario de docentes, es decir, para las y los trabajadores de la educación fue más elevado, en promedio, durante el sexenio de AMLO (2018-2024) que en el período en que gobernó EPN (2012-2018).
Sin embargo, a esos datos hay que incorporar el índice o la tasa de inflación anual, que tiene que ver con los promedios generales de aumentos de precios al consumidor, repito, al año. Según el INEGI, de 2013 a 2018 (gobierno de EPN) la inflación fluctuó entre un 3.56 por ciento en 2013 a un 4.99 o 5 por ciento en 2017, con un 4.28 por ciento en el año 2018, lo cual da cuenta de una relación negativa o que no permitió resarcir o equilibrar el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación durante ese sexenio.
Durante el sexenio 2018-2024 (AMLO), la inflación registrada fue la siguiente: En 2019, fue de 2.83; en 2020, de 3.15 por ciento; en 2021, de 7.36 por ciento; en 2022, fue de 7.82 por ciento; en 2023, la inflación promedio fue de 4.66 por ciento y en 2024 se registró una inflación de 4.21 por ciento, (fuente: INEGI). Sin duda, este cuadro nos da una idea de la afectación representada por los indicadores macro económicos, como la inflación, en el bajo poder adquisitivo de la base trabajadora en general y en especial para las y los trabajadores del Estado, hoy en día.
Entre los factores que están presentes, como obstáculos, en la redefinición, o no, de un modelo diferente de políticas salariales para el magisterio, con una orientación clara hacia la profesionalización y la dignificación de la labor magisterial, se encuentran los siguientes: políticas públicas educativas inerciales que no han modificado sustancialmente la esencia de las políticas neoliberales-tecnocráticas, más preocupadas por mantener beneficios económicos a las administraciones privatizadas de los fondos de retiro, que en garantizar o asegurar fondos de retiro administrados por el Estado y con otra lógica, más de carácter solidaria y social.
USICAMM, otro obstáculo: para ponderar lo que significa la “piedra en el zapato” del actual gobierno federal, expongo como ejemplo a una de las unidades administrativas que ha servido como dique de contención salarial contra las y los trabajadores del sector educativo. Me refiero a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (la tristemente célebre USICAMM). ¿Cuánto nos cuesta USICAMM? Según datos oficiales, a partir del presupuesto de egresos de la federación del ejercicio 2023, esta unidad le cuesta a las y los mexicanos poco más de 1000 millones de pesos.
¿El gobierno del segundo piso de la transformación de la vida pública del país la desaparecerá y va a crear otro monstruo semejante a la USICAMM para cumplir con las mismas funciones y actividades de manera inercial? ¿Será más conveniente desaparecer a este tipo de organismos inoperantes, centralizados y onerosos para que las funciones y tareas realizadas queden a cargo de las administraciones de la educación básica locales? ¿Cómo evitar el derroche de recursos del erario en burocracias doradas y grises para que, en su lugar, dichos recursos se canalicen adecuadamente hacia la dignificación del trabajo docente?
Estos temas deberían estar en la mesa de las negociaciones y en las agendas de las discusiones públicas sobre el rumbo que habrán de tomar, en los próximos años, las políticas públicas educativas en México.
Para concluir este breve comentario, recupero lo expresado por la cuenta Observatorio Docente (@REobservatorio) del 26 de mayo pasado en la red “X”: “Dice la presidenta que sí nos prometió derogar la Ley del ISSSTE, pero que ya siempre no. Que su vejez en pobreza les haga entender que en los políticos no hay que creer”.
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