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El conflicto de la empresa de lácteos Sello Rojo que se remonta al 2018 y que comenzó como un pleito entre familiares ha escalado a ser un lio político ya que los accionistas y familiares despojados solicitan la intervención del gobierno federal para que la Fiscalía General de la República atraiga las carpetas del caso de despojo patrimonial de socios, por parte de Abraham Kunio González Uyeda, quien fuera ex subsecretario de Gobernación con Felipe Calderón y colaborador cercano de Genaro García Luna. Abraham y su hermano, el 26 de junio de 2019 obtuvieron y han mantenido el control de Sello Rojo con el apoyo del gobernador Enrique Alfaro y las autoridades de justicia del estado de Jalisco.
Familiares y socios de la empresa lechera realizaron este martes 24 de octubre una rueda de prensa en la Ciudad de México para informar la actual situación que vive la compañía que presenta adeudos por más de 1,700 millones de pesos y problemas laborales debido al mal manejo de su director general Abraham González; esto pone en riesgo miles de empleos, y la certeza de continuidad del negocio.
En la exposición los demandantes dijeron que accionistas fundadores de la empresa han sido despojados y hace tiempo no les son entregados sus dividendos, además también corren peligro productores lecheros que no tendrían a quien vender su producto
El diferendo que comenzó hace más de seis años cuando el colaborador del expresidente Felipe Calderón demando a sus parientes que dirigían en ese entonces la empresa, alegando una mala conducción del corporativo por una deuda que se tenía por 400 millones de pesos y el exfuncionario abusando de sus relaciones y contactos en la esfera política tanto local como federal y también con el poder judicial de Jalisco consiguió hacerse del negocio fundado por su abuelo, despojando a parientes y socios de las ganancias de Sello Rojo.
Los denunciantes acusan que su primo Abraham Kunio González Uyeda, el 26 de junio de 2019 les quitó sus derechos como accionistas y hoy mantiene el control de la empresa con el apoyo del gobernador Enrique Alfaro y las autoridades de justicia del estado de Jalisco.
En la conferencia de prensa se supo que el despacho de abogados que están detrás de la estrategia legal de Abraham González es el mismo que hizo el fraude en la Fundación Jenkins.
Habría que recordar que Virgilio Rincón Salas, a través de su despacho Rincón, Mayorga, Román, Illades, Soto S.C., cobró ilegalmente la cantidad de 2 mil 266.5 millones de pesos, el 15% del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, a cambio de “diseñar e implementar los mecanismos legales necesarios” que permitieran a la familia Jenkins de Landa quedarse con los activos de la institución, estimado en casi 730 millones de dólares, y mantenerlo bajo resguardo en paraísos fiscales.
Otro dato que sorprendió a los reporteros que cubrimos la conferencia de prensa del conflicto en Sello Rojo es que el Sr. Abraham González compitió para alcalde de Tonalá, Jalisco, pero fue derrotado y no buscaría ningún cargo público de elección popular, ya que lo suyo es estar tras bambalinas, además de que ahora es operador de Marcelo Ebrard en la entidad federativa jalisciense y lo promoverá, llevando a cabo su acercamiento con Movimiento Ciudadano.
La situación de la empresa lechera no ha sido sencilla, por ello los hijos de los socios (de 86 y 90 años) denunciaron que Abraham González Uyeda ha logrado bloquear una denuncia de hechos en la Ciudad de México para regresarla a Jalisco, y que en respuesta a dicha denuncia se estaría inventando una presunta acusación por actos de delincuencia en contra de Paloma y Mayarí González, hijas del fundador José Luis González. “En días recientes nos hemos enterado de que en la oficina del gobernador Alfaro se estarían posiblemente armando procedimientos penales en contra de todos y cada uno de nosotros”.
Los problemas de la empresa lechera de Jalisco son graves ya que sus deudas son muy altas y sus márgenes de utilidad son sumamente bajos, inclusive están por debajo de la inflación, no cumplen con adeudos a ganaderos productores de leche y la calidad de sus productos ha bajado por lo que han perdido mercado.
Por el bien de la economía de Jalisco y de los trabajadores de la empresa lechera y socios e inversionistas el conflicto de Sello Rojo debe de solucionarse.