En esencia, el proceso legislativo es la vía institucional para construir consensos, garantizar la pluralidad democrática, representar a la ciudadanía y protegerla contra los excesos del poder. Sin embargo, en los últimos años y particularmente tras las elecciones de 2024, el Congreso de la Unión ha dejado de actuar como contrapeso para convertirse en una oficialía de partes del ejecutivo.
La reciente oleada de reformas constitucionales y leyes reglamentarias han sido aprobadas al vapor, sin discusión ni análisis técnico y con el respaldo de una oposición debilitada o abiertamente colaboracionista.
Peligrosa regresión
El legislativo ya no cumple con su primordial función de revisar, corregir o rechazar propuestas del ejecutivo, ahora recibe y aprueba lo que se le ordena.
Siendo que la naturaleza del parlamentarismo democrático exige deliberación, diálogo, evidencia y debate, no es una formalidad, es un requisito para construir leyes sólidas y legítimas.
Pero la práctica impuesta el pasado sexenio se ha agravado con la nueva legislatura, ahora presentan reformas de gran calado constitucional o legal, las dictaminan en cuestión de horas, dispensan trámites y aprueban por la vía del fast track. Situación que se replica en los congresos estatales.
El ejemplo más reciente fueron las reformas al poder judicial, que, a pesar de implicar un cambio estructural en el sistema de justicia y en el equilibrio de poderes, se votaron sin estudios, diagnósticos, foros de expertos y mucho menos con espacios de deliberación ciudadana. Lo mismo ha ocurrido con el sistema electoral, el sistema de pensiones, el modelo energético o la Guardia Nacional.
Cómplices viles, serviles y esbirros del poder autoritario
La oposición no es crítica y vigilante, es una fuerza decorativa o cómplice, según el caso. Algunos partidos que prometieron defender la Constitución, los derechos y las instituciones, hoy, para mantener migajas de poder, negocian cuotas, posiciones o concesiones menores a cambio de su voto.
En lugar de denunciar las violaciones al procedimiento legislativo, la opacidad o la falta de análisis, legisladores de oposición han optado por ausentarse, abstenerse o alinearse.
Lejos de generar contrapesos, refuerzan el centralismo presidencialista, dándole al ejecutivo herramientas que pueden llegar a utilizar con fines autoritarios o clientelares.
Personajes de la como Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Alejandro Moreno y varios más, cínicamente se han apropiado y autollamado “oposición”, cuando lo que han hecho es generar argumentos justificatorios para que el oficialismo apruebe un traje a la medida para la presidencia de la república.
Por ejemplo, las instancias de coordinación establecidas en las leyes y que fueron producto de una gestión democrática, como la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública o la Conago, ahora son el pretexto de que se requiere un “sistema de coordinación”, claro, bajo una visión autoritaria, totalmente contraria a lo que las originó hace décadas.
La Conago, explica muy bien la trampa en la que se ha caído con todo el andamiaje cuatrotero de la “nueva constitucionalidad”:
Hilo negro
La Conago nació hace más de 20 años, durante una reunión de gobernadores realizada en Mazatlán, Sinaloa y fue resultado de la pluralidad democrática, con un gobierno dividido y gobernadores de todos colores. La intención fue generar un espacio de diálogo, coordinación y cooperación con el objetivo de fortalecer el federalismo, impulsar políticas públicas conjuntas y tener una voz común frente al gobierno federal.
Este fue el argumento democrático con que la Conago llegó a fortalecer la operatividad de estados y municipios y la relación con la federación.
Eso se perdió con la 4T, al grado de que en 2020 más de 10 gobernadores de oposición abandonaron la Conago argumentando que había perdido su función y propusieron formar una “Alianza Federalista”, algo que ni Marko Cortes ni Alejandro Moreno apoyaron, dejando solos a sus gobernadores.
Para contrarrestar el movimiento, en 2021, Mario Delgado y Adán Augusto López declararon que buscarían una “nueva relación” entre los gobernadores morenistas y el ejecutivo, proponiendo cambios e incluso la eliminación de la CONAGO, como foro “de politiquería”.
Pase a gol
En el Congreso igual, la “supuesta” oposición, se dedica a colocar un pase a gol al oficialismo para imponer lo que se les viene en gana.
Esta semana sometieron a votación un conjunto de leyes fundamentales: desde militarización de la Guardia Nacional hasta vigilancia sin orden judicial y bloqueo de redes.
La oposición siguió actuando como facilitador: sin debates reales y ni siquiera un tiempo lógico para dictaminar, permitiendo aprobaciones al vapor.
Las facultades ampliadas ya se habían intentado antes, la diferencia es que ahora se impusieron sin escrutinio técnico ni social, con la maquinaria de Morena y una oposición que termina validando ocurrencias que erosionan los contrapesos institucionales y los derechos de la ciudadanía.
X: @diaz_manuel