De hecho, la presidenta de México ya ganó con el solo anuncio de que demandará, en nuestro país, a Jeffrey Lichtman, abogado del hijo del Chapo Guzmán.
La comentocracia empezó a rectificar inmediatamente después de Claudia Sheinbaum informara, en la mañanera de ayer, que llevará a los tribunales mexicanos al abogado estadounidense que la difamó.
Antes de que Sheinbaum diera a conocer su intención de demandar a Lichtman, es un hecho, los comentarios eran muy desfavorables para la 4T.
Después de que se supo que las mentiras del defensor de Ovidio Guzmán tendrán consecuencias —seguramente se le condenará a pagar una indemnización en millones de pesos—, la comentocracia modificó su discurso. Un ejemplo, Raymundo Riva Palacio en El Financiero.
Ayer, en su columna, Riva Palacio dijo que los “torpedos” lanzados por el abogado Lichtman provocaron una crisis porque señalaron “complicidades del obradorismo con criminales”, de las que, aseguró el columnista, ni el representante de Ovidio ni Washington ven “ajena” a la presidenta.
Ese discurso de Riva Palacio hoy cambió. Ahora considera imposible que Lichtman demuestre que Sheinbaum es publirrelacionista de los cárteles de las drogas —aclaro que Raymundo utiliza la expresión “menos probable” como sinónimo de “imposibilidad”—.
El columnista piensa que la presidenta no debe demandar al abogado de narcos porque hay consenso acerca de que fue injustamente difamada: “No lo necesitaría —ir a un juicio—, al haber el consenso de que los dichos de Lichtman fueron insultantes, sin base alguna”.
Tiene una falla el argumento de Riva Palacio para pedir que se perdone al abogado del hijo del Chapo Guzmán. El columnista casi suplica por el indulto al litigante sin ética, pero no demandarlo significa, en los hechos, absolverlo, esto es, dejarlo tan tranquilo para que insista en sus mentiras.
Otra falla es que apenas se está construyendo el consenso de que fue tan injusta como absurda la difamación del abogado Lichtman. Porque, en la comentocracia, el consenso hasta ayer era exactamente el contrario: se le había dado total credibilidad a los dichos del representante de Ovidio. ¿O no recuerda Raymundo la inmoral portada de Reforma del sábado pasado? ¿Olvidó Riva Palacio la infame columna de ayer de Carlos Loret de Mola?
Reforma, por cierto, ya califica de feas las acusaciones de Lichtman, que días antes difundió ampliamente seguramente porque las veía bonitas. Y su columna Templo Mayor cayó en el error de pensar que los juicios por difamación no pueden darse porque tal delito no existe en los códigos penales. Ignoran sus editores que la difamación, en el derecho civil, se traduce en daño moral.
El periodismo miserable de diarios como Reforma y columnistas como Loret quedará refutado por el consenso que se está construyendo a partir del anuncio de la demanda de Claudia contra el abogado de Ovidio. Pero la difamación, dañina por definición, debe combatirse.
Claudia Sheinbaum, en mi opinión, debe seguir adelante con la demanda por daño moral —que es la expresión de la difamación en el derecho civil—. Reitero que dan pena quienes afirman que la difamación ya no existe porque desapareció de los códigos penales federal, de la Ciudad de México y de otras entidades. Negarle existencia, lo mismo que argumentar que no perjudica a la presidenta y a toda la nación, equivale a difamar a la difamación. Este ilícito es terrible y no importa que se haya dejado de sancionar con prisión: hay castigos no carcelarios muy fuertes, como indemnizar a la persona afectada.
Claudia Sheinbaum debe ignorar a quienes piden a la presidenta no demandar al abogado de narcos, como Raymundo Riva Palacio —hoy también Carlos Marín en su columna de Milenio, y hay más opinando lo mismo en los medios—.
¿De dónde tanta simpatía por ese litigante? En un poema, Lope de Vega pregunta “¿qué tengo yo que mi amistad procuras?”. ¿Que tiene el abogado de capos del crimen organizado para que lo defienden tan apasionadamente algunos columnistas? Lo que tiene es contactos en la mafia mexicana. ¿Será por eso que alguna comentocracia ruega para que no se moleste a don Jeffrey Lichtman?
La jurisdicción —o la competencia de los tribunales mexicanos para juzgar a un difamador de Estados Unidos— es el problema técnico que, para empezar, deberán resolver quienes representen a Claudia en el litigio contra Lichtman.
Creo que el caso se parece mucho al de una demanda de 2016 de Andrés Manuel López Obrador contra el Wall Street Journal, que se solucionó a favor del expresidente.
El reto en 2016, como en la actualidad, era el de encontrar razones jurídicas para para proceder legalmente en México contra el medio extranjero difamador. Se analizó la posibilidad de demandar al WSJ en Estados Unidos, pero se descartó la idea por costosa y, sobre todo, por razones nacionalistas: recurrir a tribunales estadounidenses habría sido impropio de un dirigente opositor enemigo de entregar los recursos del país a empresas extranjeras
Los abogados —Julio Scherer Ibarra, Alonso Rivera Gaxiola, José Luis Carrasco Tovar, Bella Kálloi Romero, Pedro Iván Romero Ramos, Rodrigo Lagos Scherer y Diego Machuca Rojas, entre otros— sabían en 2016, la época dura del movimiento de izquierda, que jugarían en desventaja, así que aguijonearon la creatividad, y esto les llevó a concluir que era posible el juicio en México porque en nuestro país se causó el daño principal.
Creo que esa podría ser la razón fundamental para demandar en México al abogado de narcos, quien, como ha dicho Riva Palacio, podría no contestar la demanda, lo que me parece sería todavía peor para él.
Así las cosas, la asesoría jurídica de Sheinbaum tendría que encontrar algún corresponsal que en nuestro país tenga el estadounidense demandado, que es muy probable exista entre abogados nacionales de narcos. Me dicen que inclusive si Lichtman solo hubiese ofrecido sus servicios en México —también altamente probable—, con eso bastaría para demandarlo.
En 2016 la demanda de AMLO no pasó la primera prueba. Para no meterse en problemas con el gobierno federal priista, la desechó el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Edgar Elías Azar —que había llegado al cargo gracias a Marcelo Ebrard y que ese año respondía a los intereses de Miguel Mancera—.
Los abogados de AMLO apelaron. Lo hicieron con tanta lógica jurídica que el WSJ decidió negociar. Se llegó así a un arreglo que dejaba a salvo el honor de López Obrador.
Dejo enseguida fotos de las primeras dos páginas de la demanda de AMLO contra el WSJ que el tabasqueño dio a conocer en sus redes sociales el 11 de octubre de 2016.
Si Claudia gana la demanda —y no tengo duda de que la ganará—, otro reto legal será el de ejecutar la sentencia en el extranjero. Hay dos convenciones internacionales relevantes para estas situaciones, pero desgraciadamente ninguna aplica en el caso: la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (Montevideo 1979), que no aplica porque Estados Unidos no es parte, y la Convención de 2 de julio de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial (La Haya 2019), que no aplica porque México no es parte.
No es ese un reto menor. Pero no hay duda de que Claudia Sheinbaum tiene razón en términos del artículo 1916 del Código Civil Federal —Fracciones II y IV—, que considera ilícito lo que el abogado de narcos hizo al ofender el honor de la presidenta.
En ese sentido tendrán que hallar soluciones creativas quienes asesoran jurídicamente a la presidenta. Es cierto, no se cuenta con una convención o tratado bilateral o multilateral para ejecutar la sentencia en Estados Unidos. Pero se pueden encontrar principios aplicables de reciprocidad y buena fe internacionales.
Si el Estado de derecho sigue existiendo en el vecino país, no hay duda de que tarde o temprano el difamador Jeffrey Lichtman tendrá que pagar.
No tengo ninguna autoridad para recomendarle a la presidenta Sheinbaum qué hacer con su dinero, pero conociendo su biografía me atrevo a pensar que los dólares que le cobre al abogado del hijo del Chapo —decenas y hasta cientos de miles—, los donará a los programas sociales del segundo piso de la 4T.