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¿Se acabarán las factureras?
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó el pasado 8 de septiembre el Paquete Económico 2022 a la Cámara de Diputados, que incluye la miscelánea fiscal, en la cual se plantea la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RSC). Esta iniciativa persigue atraer a los informales para que se incorporen a la formalidad y desincentivar la creación de empresas que venden facturas, conocidas como ‘factureras”.
Buscar alternativas para disminuir la economía informal es una asignatura pendiente del gobierno de la Cuarta Transformación (4T). De acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el segundo trimestre del 2021 suman poco más de 31 millones de trabajadores los que se encuentran en cualquiera de las modalidades de la informalidad y, por tanto, son personas con una alta vulnerabilidad laboral. En términos relativos, esto implica que en la informalidad se emplean 6 de cada 10 trabajadores (56.2 por ciento).
El Régimen Simplificado de Confianza que se presentó a los legisladores ofrece a los contribuyentes la aplicación de tasas impositivas mínimas, mismas que irán aplicándose de manera progresiva, de acuerdo a los ingresos del contribuyente: 1% para ingresos menores a los 300 mil pesos anuales y 2.5% para quienes tengan ingresos de 2.5 hasta 3.5 millones de pesos.
La propuesta hacendaria espera que el padrón de contribuyentes se incremente entre 15 y 30% en los próximos tres años.
La propuesta de régimen simplificado de confianza prevé una máxima reducción a fin de que la determinación y el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sea accesible a los contribuyentes sin necesidad del apoyo de terceros, utilizando como principal eje el CFDI (factura electrónica) a fin de lograr la automatización de cálculo y disminuya así la carga administrativa.
Los contribuyentes que podrían aprovechar este esquema propuesto en la miscelánea fiscal del próximo año y en base al censo de la Secretaria de Hacienda que indican que al cierre de 2020, hay cerca de 12.5 millones de personas físicas con actividad empresarial y, de ellos, 10.2 millones perciben ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales, por lo que estos serían elegibles para el Régimen Simplificado de Confianza.
La propuesta del Gobierno de la 4T ofrece adicionalmente a los contribuyentes beneficios’ como que sus facturas participarán en los sorteos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como el del Buen Fin, así como en remates del fisco. Además, no presentarán declaraciones informativas, no tendrán que llevar contabilidad electrónica y podrán optar por una sola declaración anual o mensuales con el ajuste anual correspondiente.
El documento establece que el Régimen Simplificado de Confianza beneficiaría a 82 por ciento de las personas físicas que están registradas ante el SAT y simplifica la declaración de impuestos, con el objetivo de incentivar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales.
Según la Secretaria de Hacienda con este nuevo esquema recaudatorio, los contribuyentes que podrán participar son las personas físicas que presten servicios profesionales, las microempresas que estén en el Régimen de Incorporación Fiscal, quienes ofrezcan arrendamientos, así como quienes se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, así como a la siembra de bosques, a la pesca y quienes den sus servicios a través de plataformas digitales como Uber, DiDi, entre otras.
Esta alternativa de incorporar a los informales a la formalidad, con el nuevo régimen tributario; busca también desincentivar la existencia de las empresas que se dedican a vender facturas por prestación de servicios simulados, mejor conocidas como ‘factureras’ o empresas fantasmas.
Los cambios en el mundo del trabajo y las crisis económicas han tenido expresiones particulares y complejas para la población. La situación laboral en México, de por sí adversa en la etapa previa al surgimiento de la pandemia del Covid-19, se vio aún más afectada durante el periodo de confinamiento y distanciamiento social por efectos de la emergencia sanitaria como resultado, ha tenido un severo impacto principalmente en la educación, así como en las políticas sociales y económicas, por lo tanto, marcado desde sus estructuras por la informalidad, la precariedad y la pobreza laboral.
La informalidad y la precariedad laboral no surgieron en México con el gobierno del presidente Andrés López Obrador, pero si es responsabilidad de la actual administración el encontrar políticas públicas para que estos problemas se reviertan y la alternativa Régimen Simplificado de Confianza es un pequeño paso, pero se tendrán que buscar más alternativas.
Los trabajadores y empresas que están en la economía informal no aportan al fisco, ni contribuyen para la seguridad social, ni generan un fondo para sus pensiones y esto es un problema para el futuro de millones de mexicanos.