En días recientes, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, declaró que buscará regularizar miles de viviendas abandonadas que hoy están ocupadas por terceros, a través de esquemas de renta con opción a compra. El argumento es que dichas casas están vacías, no tienen denuncias penales de despojo, y por lo tanto pueden ser reinsertadas al patrimonio de trabajadores mediante un proceso “social”.
La idea parece noble, pero el problema es profundo y alarmante: se está dejando fuera todo el marco legal que protege la propiedad privada y el debido proceso.No basta con que no exista denuncia penal. Muchos de esos inmuebles tienen procesos civiles vigentes: juicios de reivindicación, sucesorios, convenios notariales no inscritos, o incluso prescripción (usucapión) en curso. Afirmar que se pueden regularizar “porque no hay denuncia” es una grave omisión de la realidad legal y social del país.
Según el INEGI, hay más de 5 millones de viviendas deshabitadas en México. Algunas son créditos vencidos, otras se dejaron por violencia, empleo, herencia o litigio. No todas están abandonadas ni todas pueden ser entregadas a quien simplemente las ocupa.
Legalizar la ocupación sin juicio ni contradicción de partes puede sentar un precedente gravísimo: incentivar invasiones organizadas, anular derechos civiles, erosionar la seguridad jurídica y multiplicar el conflicto social. Lo que parece una solución rápida podría ser una bomba de tiempo.El Infonavit no es una autoridad judicial. No puede, ni debe, validar posesiones que no han sido resueltas por jueces. Y menos aún establecer mecanismos que indirectamente promuevan la usurpación como vía para acceder a un patrimonio.
Mientras el gobierno federal planea construir un millón de nuevas viviendas, ni siquiera ha regularizado las ya existentes. Las zonas de alto abandono carecen de servicios, escuelas, transporte o seguridad. La política de vivienda necesita planeación integral, no ocurrencias populistas.
Propuestas razonables existen:
- Recuperar viviendas con cartera vencida mediante convenios con los acreditados originales.
- Subastar viviendas abandonadas con reglas claras y públicas.
- Exigir a los gobiernos locales registros confiables y estrategias urbanas sostenibles.
- Impedir que ocupaciones ilegales se premien sin juicio ni prueba.
La propiedad privada es un derecho humano reconocido constitucionalmente. Su protección es esencial para cualquier democracia funcional. El Estado debe actuar con justicia, no con improvisación.
Legalizar ocupaciones no es justicia social. Es la antesala de un desorden institucional que puede devorar al propio sistema que dice defender.
Mario Sandoval es abogado y especialista en recuperación de activos y vivienda. Fue directivo en Banamex, Scotiabank, Ficen y es hoy CEO de Grupo SABE.
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