Según se ha anunciado, una vez que se reanuden los trabajos del poder legislativo, y que los legisladores morenistas vuelvan de sus lujosas vacaciones en Europa, se llevará a cabo una reforma electoral que no será más que la profundización del estado de ingobernabilidad y de ausencia de contrapesos en el Estado mexicano.
Uno de los cambios anunciados ha sido el recorte al financiamiento de los partidos políticos; recursos administrados por el INE. Así fue declarado hace unos días por la presidenta Claudia Sheinbaum en una de las mañaneras.
El financiamiento público de los partidos políticos es algo característico del sistema electoral mexicano. A diferencia de lo que sucede en otros países como Estados Unidos, donde privados pueden apoyar legalmente a candidatos, la legislación electoral mexicana prohíbe que particulares financien u otorguen beneficios a los partidos o postulantes de su preferencia.
Por lo tanto, ante un eventual recorte al financiamiento de los partidos de oposición, estos se verían más severamente afectados pues contarían con menos recursos públicos para la realización y coordinación de sus campañas, pero a la vez, carecen de una maquinaria extraoficial que les permitia mantenerse en la competencia en condiciones medianamente aceptables.
Morena y los partidos de su alianza, por su parte, si bien también recibirían menos dinero público, gozarían de mayores posibilidades de acercarse a los poderes fácticos para compensar lo perdido; trátese de empresas privadas, sindicatos, o dinero ilegal proveniente de los gobiernos estatales y locales, y aun mas inquietante, del crimen organizado.
El lector recordará, en este contexto, los vergonzosos actos cometidos por la gobernadora Delfina Gómez cuando fungía como alcaldesa de Texcoco. De acuerdo a las autoridades la hoy gobernadora desvió recursos del municipio para Morena. Este tipo de ilegalidades proliferarían en todo el país ante un recorte al dinero dirigido a los grupos políticos.
La totalidad de la reforma electoral es cuestionable, y difícilmente puede anticiparse un progreso democrático. Por el contrario, se antoja como un cambio regresivo que no hará más que beneficiar al oficialismo y hacer la contienda aun más inequitativa en favor de los que hoy gobiernan, en detrimento de los partidos de oposición, y desde luego, de la democracia electoral.