Esta columna es, en parte, producto de un interesante diálogo que tuve con el abogado y analista Carlos Morales Zebadúa, a quien agradezco sus atinados datos y precisiones.
Pasó un poco por debajo del radar el tema del Sistema Nacional de Cuidados, pero es de los pocos temas coyunturales a los que convendría darle seguimiento permanente, porque tendrá implicaciones para todos, literalmente (porque tarde o temprano, todos y todas necesitaremos de él). La palabra sistema es abusada en el lenguaje periodístico y legislativo, pero tiene una connotación muy importante: la de reconocer la complejidad de un objetivo o de un objeto, esto es, sus múltiples capas, aristas, lados o como quiera verse, y el hecho de que, si se omite uno de ellos, el objeto se está viendo de manera incompleta y por tanto no puede comprenderse su funcionamiento. En el caso concreto, es un conjunto de políticas, programas y acciones articulados para garantizar los derechos de todas y todos aquellos que necesitan y brindan cuidados.
En el Senado de la República se tiene una iniciativa para crear la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados y reformar los artículos constitucionales 4 y 73. Más allá del trabajo legislativo se requiere estudios de políticas públicas y sobre todo una reforma fiscal para soportar un sistema nacional de cuidados. Además, no es barato. El subsecretario de Hacienda mencionó que su instrumentación inicial costaría entre el 1.2 y el 1.4 del PIB nacional. Que no los engañen los dígitos, estamos hablando de miles de millones de pesos.
Ha habido pioneros a nivel local; en una revisión rápida se encontró que Sonora puso en marcha un programa de pago a quienes cuidan a sus familiares, la Alcaldía Iztapalapa tiene un programa similar. La poca recaudación de las entidades federativas las limita en impulsar este tipo de programas; de acuerdo con un estudio desarrollado por IMCO en 2020 inicio del año de la pandemia las entidades federativas generaron 11 % de sus ingresos, 7 % fue deuda pública y 82 por ciento provino de recursos federales. En ese mismo año el 65 % de los ingresos obtenidos por los estados fue a través del impuesto de nómina. Los ingresos estatales dependen de dos elementos, los recursos federales a través de aportaciones y participaciones y por otro lado los ingresos propios. Impuestos progresivos como la tenencia son vistos como un error político – electoral, aun cuando el impacto fiscal y de servicios públicos que podría tener en el país sea considerable. Pocas entidades han impulsado impuestos propios como Zacatecas y el impuesto verde que fue declarado constitucional por la SCJN.
Lo he dicho en otras ocasiones: la reforma fiscal integral, una que no solamente haga pagar a los que deben, sino que amplíe la base gravable para que se aproveche el 50% de la actividad económica que hoy es informal, es la única solución de la precariedad estatal a largo plazo, pero es un tema incomodísimo para cualquier político. Un país con poca recaudación fiscal, con una población que se calcula que en 2050 México tendrá 33 millones de personas mayores de 60 años, la pensión universal es probable no sea suficiente ante la falta de infraestructura de cuidados.
Retomando un análisis del INEGI sobre la población mexicana, es oportuno recordar lo siguiente: entre 1970 y 2020, se presentaron dos cambios sustantivos en la estructura poblacional. Por un lado, el porcentaje de personas de 0 a 14 años se redujo de 46 a 25 %, mientras que el de la población de 30 a 59 años aumentó de 22 a 38 por ciento. Entre 1970 y 2020, el índice de envejecimiento pasó de 12 a 48 personas de 60 años y más por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años. Estamos en camino a convertirnos en un país de viejos, con el colapso al sistema de pensiones que ello implica. Es un lugar común decirlo, pero aquí podemos respaldarlo con datos. Según el INEGI, en 2050 habrá 22% de adultos mayores. Es muchísimo, porque en general es gente que ya no trabaja y esperaría que el Estado o su Afore se ocupe de ellos. Es improbable. Pocos están viendo el tema como se debe, es decir sistémicamente: la arista económica, fiscal, de salud pública, de hábitos de consumo, de gentrificación inmobiliaria, de migración por causa de estrés hídrico y de reemplazo de trabajos tradicionales con la IA. Se avecina una tormenta, pero la gente se dará cuenta cuando ya esté en ella, en 15 años. Nos vemos entonces.