Un enfrentamiento entre pistoleros y miembros de una pequeña comunidad agrícola en el Estado de México dejó 14 muertos. La versión oficial es que se debió a un intento de extorsión de las pandillas (Familia Michoacana, dijeron) que fracasó cuando los residentes se defendieron, también aparentemente por hartazgo. Fuenteovejuna, señor. Algunas voces incluso refieren que los criminales “les estaban subiendo demasiado la cuota”. El grado de normalización al que hemos llegado, nos hace discutir, más que sobre la extorsión, sobre los precios justos de la misma. Surreal.
La gobernadora mexiquense declaró que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz dio atención y seguimiento “puntual” con su gabinete a lo sucedido en Texcaltitlán, a fin de mantener la coordinación entre cinco dependencias federales y estatales, enfocada en la vigilancia permanente en la zona sur del Estado de México. Se le concede crédito a la gobernadora porque leyó lo que le escribieron, sin salirse del guion, pues otros gobernadores, cuando han querido improvisar a la manera del presidente, acaban creando nuevos problemas y mayor indignación. Al menos ella se mantuvo en la retórica hueca del “no nos rendiremos”.
Lo grave en este caso no son las palabras, sino el semblante y el lenguaje corporal de la gobernadora. Si se busca cualquier video de sus declaraciones, ella se ve, sobre todo, asustada. Honestamente asustada. Las razones pueden ser varias, y casi ninguna es obvia. Los índices de extorsión alcanzaron niveles récord el año pasado, con una media de casi ocho casos de extorsión denunciados por cada 100.000 habitantes, según datos de las fiscalías estatales y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El máximo durante el gobierno anterior fue de cinco casos por cada 100.000 habitantes.
Ahora bien, resulta que la extorsión, por su propia naturaleza, es uno de los delitos donde la cifra negra es mayor, esto es, la cantidad de hechos relacionados que no se denuncian, por obvias razones. La cifra negra en general, en México, alcanza el 90% de todos los delitos. Si hacemos cuentas, resulta que la tasa realista estimada para la extorsión es de 80, no de 8 casos por cada 100,000. Escalofriante.
El ascenso de los hermanos José Alfredo, alias “El Fresa”, y Johnny, alias ‘El Pez’, se dio desde 2014 cuando ocuparon el lugar de otro Jefe Regional de la FM. Ambos hermanos aparecen en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la distribución del opioide Fentanilo Arcoíris.
El 16 de noviembre Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre nuevas sanciones contra de los hermanos Hurtado Olascoaga. En octubre del año el “fresa” fue señalado por las autoridades como el responsable de la muerte de 20 personas en Totolapan, Guerrero en la cual fallecieron el presidente municipal, su hijo y comuneros de ese lugar. En un principio Hurtado Olascoaga presentó un video en el cual señaló al grupo llamado “Los Tequileros”; sin embargo las autoridades lo han señalado a él como responsable.
La reyerta ocurrió una vez que la FM citó a los ejidatarios para informarles del aumento del costo por dejarles sacar sus productos a la venta, una práctica que ha hecho este grupo criminal en Michoacán con el limón y con el aguacate. Los grupos de delincuencia organizada han diversificado sus actividades por eso es reducido pensar en solucionar el problema solo con “legalizar” las drogas, las actividades criminales se diversificaron y una de las que más aumentó es la extorsión. La respuesta de la población es una señal del hartazgo y del abandono de la seguridad en esa localidad. La medida reactiva ha sido enviar a 600 militares que custodiarán a los pobladores.
Lo hemos dicho, pero reiteramos: se está en camino a un Estado mafioso cuando el crimen organizado aspira a controlar el comercio de mercancías legales, ya no sólo ilegales. Eso sí es un asunto de seguridad nacional, porque la criminalidad va en camino a sustituir al Estado. No es exageración, es realmente amenazante para la existencia del Estado mexicano, que, como tal, no es una formalidad legal sino una presencia que se actualiza en los hechos. Cuando es otra entidad la que cobra impuestos e imparte justicia, el Estado deja de existir. No es poca cosa.