Hipótesis, especulación pura y dura, para explicar la actuación de la autoridad cuando es magra su credibilidad; difícil dar por ciertos sus dichos. Un hecho de la mayor relevancia es la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, primer mandatario estatal de oposición en la historia contemporánea del país, cuando Carlos Salinas era presidente de la República y Luis Donaldo Colosio dirigía el PRI. Fue Colosio quien, desde la dirigencia nacional inauguró una etapa decisiva de la transición democrática: “las tendencias de votación no nos favorecen”, declaración que abrió la puerta a la alternancia.
Treinta y siete años después, Ernesto Ruffo sigue siendo una figura emblemática respetable de una época. Abandonó el PAN y participaba en el Consejo de SomosMX, tarea que no implica militancia, aunque sí cercanía. Desde hace tiempo su actividad era empresarial; no buscaba cargos públicos ni mantenía presencia política relevante en Baja California. Las palabras de su hija Victoria lo describen. En contrapunto, la hoy cuestionada gobernadora, Marina del Pilar Ávila, tenía apenas tres años cuando Ruffo ganó aquella elección a Margarita Ortega, de dignas prendas personales y políticas.
Resulta inevitable concluir que la decisión de detenerlo no deriva de la investigación judicial que, según las autoridades, le vincula con el contrabando de combustibles. Su detención fue una decisión política.
Ocurre cuando el régimen enfrenta una crisis mayor por la forma en que la presidenta Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch han respondido a la información que apunta a que la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en el afán de salir de sus apuros legales, habría intentado convertirse en agente colaborador de agencias estadounidenses, según la revelación del periodista Héctor de Mauleón en El Universal.
La crisis en Baja California no tiene precedentes recientes, en buena medida por la reacción de la propia presidenta Sheinbaum. El problema dejó de ser local para volverse nacional debido a la decisión de la mandataria de respaldarla. Todo indica, una vez más, que el gobierno actuó sin información. Con ello, la presidenta se expuso innecesariamente y comprometió a su principal activo político, Omar García Harfuch. En el malogrado intento por defender lo indefendible, ambos ofrecieron respuesta desafortunada y, sobre todo, contraproducente. El efecto ha sido ampliar la discusión hacia otros casos, como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el trato diferenciado a otros mandatarios como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Para los propios, impunidad total; para los adversarios sesgada acción judicial, política y mediática.
Especulación pura y dura: ¿la detención de Ernesto Ruffo busca distraer la atención de la crisis que enfrenta el gobierno, tanto en Baja California como a nivel nacional? Existen elementos que dan sustento a tal hipótesis.
La coyuntura también coincide con dificultades en la Fiscalía General de la República. Ulises Lara López, número dos de la institución y principal colaborador de la fiscal Ernestina Godoy, presentó su renuncia el 14 de julio. Un día después fue removido Óscar Langlet, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. La depuración prende los focos rojos. Raymundo Riva Palacio sostiene que Lara López salió por instrucciones presidenciales, por presuntos actos probados de corrupción y, más que otra cosa, porque era informante de hace tiempo de las autoridades estadounidenses.
Cabe otra especulación. La detención de Ernesto Ruffo podría responder a acontecimientos que el gobierno mexicano ya conoce y que estarían próximos a materializarse en acciones judiciales promovidas por Estados Unidos. Es posible que involucre a uno o más gobernadores y que esté relacionado con las investigaciones sobre el contrabando de combustibles, actividad que tiene vínculos con el narcotráfico.
Conviene subrayar que hasta ahora no existe una imputación pública que incrimine directamente a Ernesto Ruffo por ese delito.
La detención del exgobernador constituye una decisión de enorme trascendencia. Por sus implicaciones, difícilmente puede entenderse solo como un recurso distractor. Más bien forma parte de una estrategia de control de daños frente a acontecimientos que aún no se conocen públicamente. Puede tratarse de una iniciativa del gobierno mexicano por emprender; sin embargo, considerando la impunidad con que han sido tratados muchos actores cercanos al poder, es posible que la decisión anticipa una inminente ofensiva judicial del gobierno estadounidense. Sería una manera de demostrar que la descomposición alcanza a todos, incluso a quienes son apreciados como encomiables símbolos de la transición democrática.