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El gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal anunció en la conferencia mañanera presidencial del pasado 11 de noviembre que los trabajos del hospital de Ticul serán retomados, y la obra podría iniciar en enero del próximo año una vez que se haya efectuado la licitación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El jefe del ejecutivo habló de la coordinación que se ha tenido entre el gobierno federal y local para que fuera posible recuperar esta obra que había sido abandonada por pasadas administraciones.
Habría que recordar que la obra del centro de salud de Ticul, fue planeada como un hospital de segundo nivel con 90 camas, y su construcción fue aprobada por el Congreso del Estado en 2012, durante el último año del gobierno de la priista Ivonne Ortega. Los legisladores autorizaron que se construyera bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), es decir, que una empresa privada se encargue de esas labores y de su operación durante 25 años. A la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península S.A.P.I. de C.V., y su obligado solidario, Marhnos Construcciones S.A. de C.V. le fue dado el encargo de la construcción y operación del hospital.
La inversión anunciada para la construcción del centro hospitalario fue de mil 173 millones de pesos, pero debido al contrato firmado con la empresa constructora, relativo al tiempo y la cantidad que el Ejecutivo estatal pagaría anualmente, la cifra se elevó cinco veces.
En el artículo 3 del Decreto, se estableció que “el Congreso del estado deberá aprobar las asignaciones suficientes para no incumplir con las obligaciones de pago” de los contratos de PPS, durante los ejercicios fiscales que dure el Contrato, es decir, en los próximos 25 años.
El monto del contrato para la construcción y operación del nosocomio en Yucatán se estableció en 5 mil 571.5 millones de pesos a 25 años, para de esa manera pagar 185.5 millones de pesos por año.
El exgobernador Rolando Zapata Bello, consideró desventajosas las condiciones financieras de ese contrato, que obligaba al gobierno del Estado a pagar una compensación mensual de 19.75 millones de pesos -658 mil pesos diarios y 237 millones pesos al año- para un total de 5 mil millones 571,568 más IVA, al final de la vigencia del contrato en 2037.
La forma que planteó el grupo Marhnos para financiar el proyecto hospitalario fue a través de un fideicomiso que manejó un fondo de mil millones de pesos, provenientes de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD por sus siglas en ingles) que son instrumentos financieros de las Afores.
Los inversionistas formaron un fideicomiso irrevocable de Emisión, Administración y Pago F/422, dueño del 70% de las acciones de Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP).
La constructora del proyecto del centro de salud de Ticul también contó con un financiamiento de Banorte y las condiciones de pago eran garantizadas con participaciones federales por medio del Fideicomiso Alterno de Garantía; cada uno, con inversiones para infraestructura y equipamiento de alrededor de 850 millones de pesos.
El principio de la disputa por el centro de salud se originó tras las críticas de los pobladores por el atraso en la construcción, por lo que el gobierno de Yucatán rescindió el contrato a la compañía por no haber cumplido con la entrega de la obra y el inicio de la prestación de servicios en los plazos establecidos.
Tras varios meses de negociaciones, la obra prácticamente quedó suspendida y, tiempo después, en mayo del 2015, el gobierno del entonces mandatario Rolando Zapata Bello, decidió cancelar el contrato con la empresa constructora.
La compañía Infraestructura Hospitalaria de la Península que dirige José Manuel Fortes recurrió a diferentes procedimientos jurídicos en contra de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), exigiendo el pago de más de 520 millones de pesos por la cancelación anticipada del contrato.
La empresa constructora interpuso dos demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para solucionar el conflicto: la primera fue rechazada y en el caso de la segunda el falló fue a favor de que la empresa pudiera cobrar las cantidades que invirtió en la realización de la obra, que ascendían a 723 millones de pesos.
En abril de 2017, la SSY se dijo dispuesta a pagarle 125 millones 51 mil 765 pesos a la empresa, pero la empresa constructora lo impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán.
En abril de 2021 el Gobierno de la Cuarta Transformación junto con la administración estatal entraron en negociaciones por más de 15 meses con la empresa encargada de construir el hospital de Ticul, y al fin llegaron a un acuerdo para destrabar el asunto con el fin de que el nosocomio pudiera ser terminado.
Mediante boletín, el gobierno del estado de Yucatán dio a conocer que tras largos 15 meses de negociaciones el Gobernador del Estado, Mauricio Vila, logró establecer un acuerdo con el gobierno federal, IMSS; Insabi y Consejería Jurídica, para que la empresa Marhnos continúe con la construcción del nosocomio.
El centro hospitalario ya no pertenecería al gobierno de Yucatán, sino que este centro de salud estaría a cargo de la institución que dirige Zoé Robledo.
Visite este fin de semana el municipio de Ticul y constate el abandono que dejaron la constructora de los hermanos Nicolás y Mariano Mariscal Barroso, de la obra y según me informaron los vigilantes del ruinoso inmueble, la mayor parte de lo construido ya no sirve y se tendra que tirar y volver a edificar.
La sinergia entre el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y el Gobierno de Yucatán está siendo muy efectiva y está llevando bienestar a los yucatecos.