“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.”
Dicho popular
Los países con presidentes señalados por tolerar o colaborar con redes dedicadas al tráfico de drogas, personas y armas, y alineados con el eje Rusia–China–Irán han quedado contra la pared. Entre ellos Colombia, Honduras, Brasil, Cuba y, por supuesto, México.
Tras la detención del exdictador venezolano, muchos entendieron el mensaje. Presidentes de izquierda radical, especialmente Gustavo Petro en Colombia, redujeron el tono estridente de sus discursos y buscaron contacto directo con Washington.
Tras una conversación telefónica de más de una hora con Trump, el discurso de Petro viró hacia el diálogo, la cooperación institucional y la contención del conflicto regional. Pasó de condenar enérgicamente la captura a una postura más pragmática.
Otros gobiernos también ajustaron su conducta. En Nicaragua, Daniel Ortega —quien lleva dos décadas aferrado al poder, con cárceles llenas de presos políticos y un largo historial de violaciones a los derechos humanos— dio un paso impensable a inicios de enero, al autorizar la liberación de decenas de presos políticos. La decisión llegó poco después de la captura de Maduro y bajo una presión internacional que durante años había ignorado.
En Venezuela, el nuevo gobierno comenzó a colaborar liberando a presos políticos y alineando parcialmente su política exterior con Washington.
“El miedo no anda en burro”
El mensaje fue contundente, salvo en casos donde la obstinación, la soberbia o el temor a rendir cuentas por corrupción y vínculos criminales pesan más que el sentido común.
El caso de México parece cocinarse aparte. La presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que Petro o Lula da Silva, reaccionó inicialmente con dureza ante las acciones de Estados Unidos en Venezuela, pero, a diferencia de la mayoría de sus pares regionales, prácticamente ha mantenido su discurso.
El eje central para rechazar cualquier presión externa sigue siendo la defensa de la llamada “soberanía nacional”, incluso cuando coincide con exigencias internas largamente planteadas por la sociedad mexicana.
México lo tiene más fácil que otros países
Paradójicamente, las exigencias del gobierno estadounidense hacia México son concretas: actuar contra políticos vinculados al narcotráfico, endurecer el combate a los cárteles y atender de manera efectiva la crisis migratoria.
Estos tres puntos están profundamente entrelazados. Los narcopolíticos facilitan la operación de los cárteles; los cárteles trafican drogas, armas y personas; y, además, explotan a migrantes mediante extorsión, secuestro y coacción, utilizándolos como mulas, carnada o escudos humanos.
México podría comenzar por un paso elemental: investigar y en su caso, entregar a los políticos de Morena a quienes ya les fue retirada la visa estadounidense por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Aunque no exista una lista oficial, la recurrencia es alarmante. Suman al menos nueve casos conocidos públicamente: la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; su colaborador Carlos Torres Torres; el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; el presidente municipal de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro; la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez y su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado; el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino; el diputado federal Mario López Hernández; y la consejera estatal de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo.
De manera extraoficial, se incluye al gobernador Américo Villarreal (Tamaulipas), al secretario de Educación Mario Delgado y al senador Adán Augusto López Hernández, entre otros.
Cumplir con estas exigencias, no solo reduciría la presión de Donald Trump sobre México; también permitiría sentar las bases de un auténtico proyecto de nación dando margen de maniobra para gobernar con independencia y credibilidad a la propia presidenta.
Lo incomprensible está en que, pese a las denuncias presentadas tanto ante la Fiscalía General de la República como ante autoridades estadounidenses, la mandataria mantenga protegidos a personajes señalados por corrupción y vínculos criminales. Más grave aún resulta que, cuando se plantea su detención, el gobierno responda que hacerlo atentaría contra la soberanía nacional.
Defender a delincuentes bajo el pretexto de la soberanía no la fortalece: la destruye.
Al anteponer la protección de narcopolíticos, el gobierno de la 4T debilita la autodeterminación del Estado mexicano dejando en claro que para Morena y su grupo en el poder, la soberanía no es la ley ni la justicia: es la impunidad.
X: @diaz_manuel