El “partido judicial” pasó de dominar soterradamente al poder judicial a manifestarse públicamente como lo que es, un poder fáctico y golpista conformado por una casta de privilegiados con dinero público que actúan dentro de la institucionalidad judicial. El órgano máximo de control constitucional que es el Poder Judicial de la Federación es hoy objeto de ruptura del orden constitucional que norma su funcionamiento por un grupo fáctico, faccioso y privilegiado, que concretó un paro ilegal de laborales de contenido totalmente político, suprimiendo para sí mismos la vigencia de los ordenamientos legales en materia laboral y los relativos a la obligatoriedad del Estado en su vertiente de servicios de justicia, violentando así brutalmente los derechos ciudadanos sobre el acceso a los servicios de procuración e impartición de justicia. Se trata de una inmensa provocación a la soberanía popular, aunque siempre hay aun margen para la política, la huelga es ya un cierto nivel de violencia social, porque es una medida de fuerza para quebrar la voluntad del gobierno.
Esta huelga fue anunciada como voluntad política por la ministra Piña antes del proceso electoral. De modo que cumplió su amenaza. Los “paristas” en el poder judicial impulsados por el “partido judicial” son hoy los más anticonstitucionales en los poderes de la unión. Son un poder golpista, un poder fáctico en estos momentos, que se ha alineado con lo más nefasto de la historia nacional y latinoamericana. Es la anti historia en acto. Las sociedades nacionales son progreso, no retroceso, se conducen con instituciones no mediante la formación y desarrollo de facciones. Hoy se ha expresado en toda su magnitud y contenidos el “partido judicial”.
Se lanza contra los otros dos poderes de la república, intenta una negociación de frente al próximo periodo de sesiones de la nueva legislatura, desde una posición de fuerza, sin considerar el daño social que causa. Todos los que lo apoyan no tendrán cara para reclamar nada en el futuro, son cómplices activos de una violación flagrante al orden jurídico. Para el presidente de la república en funciones, para la presidenta electa, para los líderes actuales y los próximos del Congreso la tarea es debilitar el movimiento de desafío, el reto máximo lanzado. Se ha escogido la táctica de proseguir con el proceso legislativo hasta la aprobación de la reforma judicial. En cuanto sea aprobada vendrá la demanda de inconstitucionalidad de la derecha reaccionaria en México a la que darán entrada en la SCJN, a pesar de que sigan en huelga, en su caso.
Será una patraña grotesca de huelga que revelará su verdadera cara: es huelga para no prestar el servicio obligado de impartición de justicia a los ciudadanos y para presionar al gobierno de desistir en la citada reforma al actualmente más disfuncional de los poderes de la unión, el poder judicial. Para sus apoyadores y aplaudidores de la derecha reaccionaria (partidista, profesional, empresarial, ciudadana), no estarán en huelga sino atentos a sus deseos y voluntad política.
Hubo 100 modificaciones al proyecto original de iniciativa de ley enviado por el presidente López Obrador al Congreso, pero la coalición política actualmente en el poder planteó dos cuestiones inamovibles: la elección por voto directo de los jueces, magistrados y ministros; y el cambio del actual Consejo de la Judicatura Federal por otro organismo de administración de la justicia separado de la SCJN para darle creando un tribunal de justicia de supervisión y disciplina judicial, autenticidad y efectividad a dicha función.
El paro ilegal en el poder judicial y la ruptura del orden constitucional que esto conlleva, es entonces para demoler estos dos epicentros de privilegio y poder reaccionario (efectivamente, quedan pendientes otros aspectos centrales), que, en realidad, son el gran poder de la presidencia de la SCJN, dado que ambas máximas instancias de poder recaen en la misma persona. La presidenta de la SCJN es también la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Cuánta razón tuvo la Dra. y ministra Yazmín Esquivel cuando planteó ante el pleno de ministros que era necesario relevar de su cargo a la presidenta de la SCJN porque había perdido toda interlocución con los otros dos poderes de la unión, y desde esta postura institucional tan débil, no se garantizaba y no se garantizó, el diálogo y los acuerdos posibles y necesarios para un tránsito relativamente consensuado de la reforma constitucional al poder judicial.
Se desperdició lastimosamente esa oportunidad y hoy y mañana con más razón, estaremos lamentando la no actuación de los restantes ministros de la SCJN, los ya conocidos, quienes reforzaron su alianza con una presidenta y ministra que perdió la cordura y las proporciones, y precipitó al país a una confrontación de incalculables consecuencias. Es hoy un monumento a la irresponsabilidad, un ícono de lo que no puede ya permanecer en el país; es su inesquivable responsabilidad lo que suceda.
Los poderes ejecutivo y legislativo actuaron con mesura y en forma conciliatoria al ofertar 100 cambios al proyecto de ley original, que a los privilegiados con dinero público no les bastó y tomaron como rehenes a los empleados administrativos del poder judicial que tienen mucho más que perder respecto a qué ganar, en un movimiento laboral a todas luces ilegal, anticonstitucional y de enorme irresponsabilidad política y social. Un movimiento gremial artificiosamente construido para darle cobertura social y política a la última lucha por la preservación de los privilegios.
Son los modernos “polkos” que se insurgen defendiendo canonjías y poniendo al pueblo como escudo. Toda proporción, hechos y circunstancia guardada, me recuerda aquella rebelión contra el gobierno del presidente Valentín Gómez Farías en contra de las leyes promulgadas del 11 de enero de 1847 y la de febrero de 1847, las famosas “leyes de manos muertas” que despojaban al clero de sus inmensas propiedades territoriales ociosas para traspasarlas a privados y con esos recursos financiar la defensa de México ante la invasión estadounidense. Los rebeldes simpatizaban con el dictador Antonio López de Santa Ana, popular en el ejército, y los sublevados en sus festejos por el intento de golpe de Estado a Gómez Farías, bailaban la danza llamada polka. Simpatizaban igual con las ambiciones del presidente de EUA James K. Polk sobre la anexión completa del territorio mexicano. El pueblo los nominó así y en la historia dicha rebelión reaccionaria se registró como tal. Eran “los polkos” en doble sentido, por su baile y filiación al presidente de EU.
Los huelguistas actuales sin derecho laboral que los asista, quieren obligar al presidente AMLO a tomar medidas de fuerza que valide su absurdo discurso de “la dictadura mexicana actual”, a pesar de que el poder judicial calló durante más de medio siglo ante el despotismo presidencialista criminal del gobierno del partido de Estado (PRI). Lo testifica así con mucha sangre de mexicanos, el reciente informe sobre los hechos de la “guerra sucia”, la brutal violencia de Estado durante la segunda mitad del siglo XX que tuvo a 8,594 personas como sus víctimas. ¿En dónde estuvo el poder judicial cuando se asesinó impunemente a todas y todos estos mexicanos? No tiene capital político de carácter histórico dicho poder para reclamar airadamente que se pretende recomponer desfavorablemente para ellos las condiciones del desempeño de sus funciones laborales y profesionales. Al contrario, sus complicidades institucionales voluntarias o no, por acción u omisión, por silencio o por palabra, son muy grandes, a pesar también de que pueda haber y sin duda hay, personas honorables y limpias que se esfuerzan por cumplir con su cometido, pero son una pequeña minoría. El actual poder de la republica lo comanda una especie de “partido judicial” que milita contra el gobierno actual, contra el próximo y en contra del programa de transformación nacional que incluye el espacio político judicial. Éste, ha establecido su control sobre el funcionamiento general y marca el paso de sus acciones fundamentales.
Tal vez en algún momento de la historia futura de México en el corto o mediano plazo, se agrupe un conjunto brillante de investigadores que se propongan y logren desmenuzar cualitativamente y cuantificar en términos de costo social, destrucción familiar, y de talento, de cuadros políticos para impulsar la democracia, de desarrollo nacional, el inmenso daño que hicieron los gobiernos del despotismo presidencial en México, con sus aplaudidores profesionales, con la complicidad de un poder legislativo cómplice activo también, y de un poder judicial, omiso, pasivo o indiferente, acobardado, ante los impulsos criminógenos de un poder público que hacía de la marginación del orden constitucional una forma de ejercicio del poder.
La historia no registra (si me equivoco y alguien me corrige lo agradezco) intentos serios, robustos de magistrados o ministros de la SCJN, o de un colectivo de ellos, para detener al poder criminal que masacró a 8,594 mexicanos y vulneró gravemente sus estructuras familiares, su desarrollo social, sus proyectos de futuro, sus capacidades patrióticas, sus anhelos de un México mejor.
La sociedad mexicana lo vivió y lo sabe perfectamente bien, lo cuentan los más viejos, no se quiere más esa estructura de poder judicial cómplice por acción u omisión, ni ese tipo de miembros simuladores impartidores de justicia, ni tampoco esa forma de procesar la demanda de justicia de los mexicanos, y menos, aún, un poder judicial altamente privilegiado con más de un millón de expedientes rezagados, tampoco a ese conjunto amplio de funcionarios judiciales que, a pesar de sus inmensos privilegios profesionales, económicos y sociales, que permitieron con complacencia que el crimen transnacional organizado, ligado al narcotráfico mundial y al blanqueo de capital en los mercados financieros globalizados, y a los “cuellos blancos” de la oligarquía política y económica hipócrita y falaz, entrar y que se posicionara hasta hoy en sus estructuras de “impartición de justicia” (sic). En suma, no quiere más modernos “polkos” en México que no impulsen el progreso del país y se conviertan en retranca, con un “partido judicial” de poder fáctico dominante.
La reforma al poder judicial no la pueden rechazar, ni repudiar, ni tampoco temer más que aquellos que teman a la verdad histórica, que tengan o puedan tener, cuentas ocultas con la justicia que hasta hoy no han salido a la luz pública, y pueden salir en un futuro inmediato, ni tengan tampoco privilegios que preservar frente a un gobierno y una sociedad que combaten la brutal desigualdad que ofende la dignidad del mexicano de a pie que no renuncia a que este país sea el país de ellos y de sus familias, el país de sus anhelos y el de su última morada.