La violencia no distingue edades. En México, hemos sido testigos de crímenes atroces cometidos por menores de edad, quienes, bajo el amparo de leyes insuficientes y un sistema que no les impone consecuencias proporcionales a sus actos, han arrebatado vidas y marcado a familias enteras con el dolor de la impunidad.
Israel Chávez Ramírez, un pequeño de 11 años de la comunidad Belén, en Otumba, perdió la vida a manos de otro menor mientras iba hacia el circo. Valentina Gilabert, fue brutalmente agredida por otra joven que puso en riesgo su vida, y además sigue siendo revictimizada. En Teotihuacán, Norma Lizbeth Ramos Pérez, estudiante de 14 años, fue asesinada a golpes por una compañera. Y así podríamos seguir enumerando casos que revelan una realidad preocupante: la violencia perpetrada por menores es una herida abierta en nuestra sociedad.
El problema no es nuevo, pero cada vez es más grave. El bullying y el ciberbullying son formas de violencia que han cobrado fuerza con la tecnología y las redes sociales, dejando secuelas irreversibles en sus víctimas. Pero cuando la violencia trasciende al homicidio, ¿cómo podemos seguir justificando la falta de sanciones adecuadas?
Actualmente, la ley protege a las y los menores de edad bajo el argumento de que aún no tienen plena conciencia de sus actos, dejando a las víctimas desprotegidas. Sin embargo, la realidad nos muestra que muchos sí son plenamente conscientes de lo que hacen y actúan con premeditación. No podemos seguir permitiendo que la edad sea un escudo para evadir la justicia. Es momento de reformar el marco legal para que las y los menores que cometan delitos graves reciban sanciones proporcionales, no sólo como castigo, sino como un mecanismo para frenar la impunidad y evitar que más familias sean destruidas.
No se trata de criminalizar a la infancia, a la adolescencia ni de desentendernos de la responsabilidad social de prevenir la violencia desde sus raíces. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante una problemática que crece sin freno. La justicia debe ser para todas y todos, sin distinción de edad. México no puede acostumbrarse a la violencia ni permitir que esta quede impune. Es un urgente llamado a las y los legisladores, es un urgente llamado al Gobierno y a la sociedad para que juntas y juntos impulsemos y recuperemos nuestros valores.