La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no es un episodio policial más. Es un parteaguas político y estratégico. Durante años, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó no solo como una organización criminal de alto impacto, sino como una estructura con rasgos paramilitares, control territorial extendido y capacidad de intimidación colectiva capaz de paralizar regiones completas. Neutralizar a su líder implica algo más que un éxito táctico: obliga a reconocer un cambio doctrinal en el Estado mexicano.
El CJNG no fue un cártel clásico limitado al trasiego de drogas. Construyó una arquitectura de poder basada en fuego sostenido, movilidad operativa y presencia territorial. En distintos aseguramientos federales se han decomisado fusiles Barrett calibre .50, lanzagranadas, ametralladoras de alto poder, miles de cartuchos y vehículos blindados artesanales conocidos como “monstruos”. En 2015, una emboscada en Jalisco dejó 15 policías estatales muertos, revelando un nivel de entrenamiento, logística y coordinación poco común incluso en el ecosistema criminal mexicano. El grupo demostró capacidad para ejecutar bloqueos simultáneos, incendiar decenas de vehículos y cerrar nodos carreteros estratégicos en cuestión de horas. Eso no es espontaneidad; es estructura.
Esa estructura se extendió territorialmente con lógica de franquicia. El CJNG logró presencia o disputa en más de veinte entidades en distintos momentos de la última década, consolidando bastiones en el occidente del país y disputando corredores clave hacia el Pacífico y la frontera norte. Controlar o influir en puertos estratégicos como Manzanillo, dominar rutas terrestres críticas y diversificar actividades hacia la extorsión, el robo de combustible y otras economías ilícitas le permitió no solo financiarse, sino arraigarse social y políticamente. No operaba como una pirámide frágil dependiente exclusivamente de su líder, sino como una red con autonomía táctica regional y cohesión estratégica central.
Llegó el momento de revisar la dimensión política del momento. La narrativa original de seguridad de la llamada Cuarta Transformación se construyó sobre la idea de reducir el enfrentamiento frontal, evitar la lógica de guerra y atender causas estructurales. La neutralización del Mencho implica reconocer que esa contención llegó a un límite. El Estado decidió confrontar directamente a la cúspide de una organización con poder territorial real. Ese es un giro doctrinal, no un ajuste menor.
El contexto hemisférico acentúa esa transformación. La presión política en Estados Unidos —particularmente bajo la influencia de Donald Trump y su insistencia en tratar a los cárteles como amenazas directas a la seguridad nacional— ha elevado el costo de la inacción. Designaciones, sanciones financieras y retórica de intervención han modificado el entorno estratégico. La caída del Mencho puede leerse como señal hacia Washington: México confronta. Pero esa señal también eleva el riesgo de escalada si la respuesta criminal se traduce en violencia demostrativa o en tácticas de terror territorial.
El punto más delicado no está en la cúpula abatida, sino en la base institucional. Durante años, múltiples municipios en zonas de influencia del CJNG mostraron signos preocupantes de captura parcial: policías infiltradas, contratos públicos condicionados, financiamiento político opaco y protección pasiva o activa. Un giro federal hacia confrontación directa tensiona inevitablemente esas redes locales. Si el nuevo modelo no incluye depuración profunda en alcaldías y estructuras estatales, el cambio quedará incompleto y vulnerable a filtraciones o sabotaje silencioso.
La historia comparada muestra que la decapitación de liderazgos suele producir fragmentación y violencia. El riesgo no es únicamente un aumento en homicidios, sino la adopción de tácticas de intimidación colectiva para demostrar vigencia y capacidad de daño. La pregunta central no es si el Estado puede neutralizar a un capo, sino si puede sostener la coherencia estratégica después del golpe inicial.
La caída del Mencho puede proyectarse como fortaleza (decisión, capacidad operativa, alineamiento estratégico), o como vulnerabilidad (reconocimiento implícito de que el poder criminal alcanzó niveles que ya no podían administrarse). El verdadero examen para el régimen no será la fotografía del operativo, sino la consolidación de un nuevo modelo que rompa vínculos locales, sostenga la presión institucional y evite que la atomización criminal derive en un ciclo de violencia aún más complejo.
En seguridad nacional, los símbolos pesan, pero no bastan. La historia no recordará únicamente la caída de un líder, sino si el Estado mexicano fue capaz de transformar las estructuras que lo hicieron posible.