En nombre del ahorro se han destruido instituciones fundamentales de la República y de la democracia. El caso más notorio es la reforma judicial. Ahora, miembros del grupo en el poder reconocen que algo debe hacerse ante los efectos negativos por la falta de certeza jurídica. La mediocridad se impuso, como lo demuestra la torpeza monumental de la nueva Corte y su ministro presidente, Hugo Aguilar. La presidenta ha tenido que intervenir, en un intento fallido e inocuo por salvar a su Corte. La herida sigue ahí y requiere remediación.
López Obrador llegó al poder bajo la tesis de que el gobierno, además de corrupto, era gastalón. Abrió espacio para financiar una política social basada en transferencias directas a millones de personas, en su mayoría olvidadas por las políticas públicas y los programas sociales. El dinero llegó a muchos hogares, al tiempo que se desmantelaban programas con impacto en el bienestar. El drama de la educación pública es abrumador: se perdió cobertura y la calidad, históricamente deficiente, cayó todavía más. Los datos que presenta Carlos Hurtado en su colaboración en El Economista, “Las prioridades de gasto de Morena” son abrumadoras, el gasto clientelar a costa de la seguridad pública, salud, educación e infraestructura.
El gobierno gasta mal, muy mal, y la evidencia la ofrecen con claridad las obras emblemáticas y la corrupción desbordada. Es monumental el costo para el país del contrabando de combustible, originado con el propósito de financiar campañas electorales. Las obras públicas se han convertido en fuente de corrupción porque no hay transparencia, no se rinden cuentas y la auditoría institucional y social fue eliminada. Pemex regala combustible para apuntalar al régimen cubano y recibe enormes subsidios, mientras la exploración es marginal, como también sucede con la CFE, que ha descuidado la inversión en infraestructura de transmisión, causa de los apagones advertidos e ignorados.
El régimen obradorista, sin el apoyo de sus compañeros de viaje, PT y PVEM, está decidido a cambiar las reglas del juego electoral y a emprender una reforma política que afecta la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, bajo el argumento de reducir costos. Se trata de un argumento hipócrita y falso. El costo de la corrupción es monumental, como se advierte en obras públicas cuyos presupuestos se incrementan muy por encima de lo previsto. A ello se suma la carga financiera de la operación deficitaria de proyectos como el Tren Maya, muy lejos de ser la palanca de desarrollo regional prometida por el presidente López Obrador, además del ecocidio que le acompañó; sus ingresos representan apenas 10% de su costo operativo.
Es cierto que el costo electoral es elevado en comparación con otros países, y también que el Congreso gasta en exceso y sin transparencia. En cuanto a lo primero, el INE cumple adecuadamente con su responsabilidad de organizar elecciones confiables y es un referente internacional por su calidad. Se trata de una tarea crucial, construida tras años de déficit de confianza. Ahogar financieramente a los partidos tiene una intencionalidad política, no financiera y por ello la oposición de sus asociados PT y PVEM.
El gasto legislativo no se eleva por el número de legisladores, sino porque desde hace tiempo se optó por la discrecionalidad presupuestaria en la vida interna de las Cámaras.
Alterar las bases para una razonable proporcionalidad entre votos y curules es una afrenta al régimen democrático y un retroceso en el proceso de democratización. La sobrerrepresentación se había reducido paulatinamente; ahora, bajo el pretexto del ahorro, se pretende impulsarla nuevamente para que una fuerza política minoritaria concentre el poder absoluto.
El PT y el PVEM se oponen a la reforma política promovida por el comisario Pablo Gómez. El partido histórico, representante único de la nación, pertenece a otro tiempo y representa una contradicción frente al proceso de democratización iniciado cuando el régimen autoritario abrió la puerta a la representación plural con los diputados de representación proporcional, hace casi medio siglo. El régimen invoca el ahorro para encubrir el objetivo de regresar a la sobrerrepresentación.
La reforma política es necesaria, pero no para reducir gastos, sino para responder a los mayores desafíos del sistema. Es indispensable igualar votos con escaños legislativos, democratizar los procesos internos de los partidos para seleccionar candidatos, acabar con la partidocracia y blindar las elecciones frente al dinero ilegal, en especial el que proviene de la corrupción y del crimen organizado asociado a la extorsión y al narcotráfico. Son tareas urgentes y fundamentales para la salud política del país.