Este martes 17 de junio de 2025 entra en vigor en México la llamada “Ley Silla”, una reforma que obliga a las empresas a proporcionar sillas con respaldo a sus trabajadores para que puedan descansar durante la jornada laboral. Aunque a primera vista puede parecer un avance en materia de derechos laborales, la discusión profunda revela un problema de prioridades, de visión gubernamental y de aplicación práctica que vale la pena examinar con lupa.
La medida parte de un principio legítimo: muchos trabajadores, especialmente en sectores como el comercio minorista, han sido obligados a permanecer de pie durante horas sin justificación alguna. Es una forma de violencia laboral normalizada. No obstante, el gobierno ha querido convertir una demanda sindical histórica en un espectáculo legislativo, sin acompañarlo de una política integral que garantice verdaderamente condiciones laborales dignas. Entregar sillas es lo mínimo, pero no lo suficiente.
Uno de los puntos más criticables es la forma coercitiva en que se implementa la reforma: las empresas tendrán 180 días para adaptarse o enfrentar multas de hasta $271,000 pesos. En un país donde las inspecciones laborales son escasas, irregulares y muchas veces corruptas, la amenaza de multas se vuelve más una herramienta de extorsión burocrática que un instrumento efectivo de cumplimiento. ¿Quién vigilará que las sillas se usen realmente y no sean solo decorativas?
Además, esta ley parece ignorar por completo las particularidades de distintas actividades laborales. No todos los trabajos permiten que el personal esté sentado constantemente. ¿Qué pasa con trabajadores en logística, manufactura ligera o servicios que requieren movilidad constante? La aplicación rígida puede derivar en absurdos administrativos o generar cargas innecesarias a pequeñas empresas que apenas sobreviven en una economía informal o semiformal.
Por otro lado, es alarmante que el Estado mexicano esté legislando sobre sillas cuando sigue sin resolver problemas estructurales mucho más graves: bajos salarios, explotación por outsourcing, falta de seguridad social universal, acoso laboral impune, y jornadas extenuantes sin vigilancia real. La “Ley Silla” termina siendo un gesto simbólico para maquillar la falta de avances reales en derechos laborales.
La intención de dignificar el trabajo es válida, pero debe ir acompañada de una visión más amplia. Se necesita una reforma laboral integral que contemple salud física y emocional, remuneración justa, espacios de descanso reales, equilibrio vida-trabajo, y sobre todo, una política de inspección eficaz y sin corrupción. La silla es apenas un accesorio; lo esencial sigue pendiente.
En resumen, la “Ley Silla” puede verse como una victoria pírrica: se celebra como un logro progresista, pero revela más bien el poco alcance y la superficialidad de las políticas laborales actuales. Mientras tanto, miles de trabajadores seguirán descansando en sillas, pero con el mismo salario miserable y en condiciones laborales que siguen siendo, en el fondo, indignas.
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