LA POLÍTICA ES DE BRONCE
Las comisiones del Congreso de la Ciudad de México aprobaron una reforma para tipificar como delito los pinchazos, con penas que van de dos a cinco años de prisión. Seguramente en los próximos días será aprobada y publicada por el poder legislativo capitalino. Mal, muy mal, porque los legisladores suponen —intentan engañarnos y se engañan a sí mismos— que la ola de pinchazos en el Metro y otros transportes públicos, iniciada a principios de marzo y que, al momento de escribir estas líneas, supera los cien casos denunciados, se resolverá simplemente con una reforma. Qué mal andan los legisladores y legisladoras de nuestra querida ciudad.
La cosa está así: desde principios de marzo, a la redacción de esta columna llegaron reportes de pinchazos en el Metro. En un primer comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina habló de nueve denuncias. Semanas después, el número superó los treinta casos reportados, incluido un ataque a una reportera en la vía pública y casos en el Metrobús y el Pumabús en Ciudad Universitaria. La semana pasada había 69 denuncias y, antes de que termine mayo, podrían superar las cien. Pero seguramente habrá muchas más. Conozco varias víctimas que no denunciaron.
¿Quién o quiénes están pinchando a los usuarios del Metro o en espacios públicos? ¿Por qué y para qué lo hacen? El silencio de las autoridades es abrumador, ilustrativo de su incapacidad.
De acuerdo con datos periodísticos, en la Línea 1 del Metro hay 370 cámaras; en las Líneas 2, 3, 4, 5 y 6 están instaladas más de dos mil. Mientras tanto, el C5 dice que opera y monitorea una infraestructura de más de 81,900 cámaras distribuidas a lo largo de la Ciudad de México. Hasta el momento, ninguna de estas miles de cámaras, dentro y fuera del Metro, ha servido para identificar, y mucho menos detener, a los pinchadores.
Tampoco las autoridades del Metro han establecido protocolos específicos de ayuda a las víctimas o mecanismos de detección de los culpables; menos aún, la policía ha desplegado operativos con elementos encubiertos para capturarlos.
Ante la ineficacia de las autoridades del Metro y de la policía, las hipótesis sobre los pinchazos van desde los retos en redes sociales hasta las teorías de la conspiración. En un primer momento se pensó que podría tratarse de una banda que pinchaba a sus víctimas para drogarlas con el propósito de robarlas o secuestrarlas, porque la gran mayoría de las víctimas han sido mujeres. Pero, de acuerdo con análisis toxicológicos, solo en contados casos se han detectado sustancias. Después, las víctimas comenzaron a aparecer también en la vía pública o en otros sistemas de transporte, lo cual admite, con las reservas del caso, un posible reto viral o, de plano —ya instalados en el terreno de la conspiración—, acciones para generar terror y miedo en la población capitalina.
El problema es que las autoridades no identifican ni capturan a los pinchadores, mientras que los legisladores, en lugar de exigir resultados en las investigaciones, pretenden resolver estos delitos desde la comodidad de sus curules. Eso pienso yo. Usted, ¿qué opina? La política es de bronce.