La propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular parece, en apariencia, un avance democrático. Sin embargo, en la práctica mexicana, este mecanismo no solo es inviable, sino potencialmente peligroso. Confundir la legitimidad del sufragio con la idoneidad técnica de quienes imparten justicia revela un preocupante desconocimiento del papel que estos actores desempeñan en el sistema jurídico.
A diferencia de un gobernante —cuya función es eminentemente política y representativa— un juez o magistrado debe actuar con total imparcialidad, guiado únicamente por la ley, la razón jurídica y las pruebas. Pretender que la ciudadanía elija a quien, eventualmente, podría decidir su libertad o patrimonio., abre la puerta a un conflicto de intereses insalvable. ¿Con qué criterio vota una persona por un juez si no conoce su formación, trayectoria ni criterios jurídicos? ¿Qué pasa si ese juez electo por popularidad termina perjudicando a quienes lo votaron?
La reciente experiencia en dos estados del país evidencia claramente el fracaso de esta lógica. La campaña de jueces y magistrados ha sido relegada a un segundo plano. La ciudadanía, con razón, concentra su atención en los cargos ejecutivos o legislativos que tienen un impacto visible en su vida cotidiana. La justicia, sin embargo, es un poder silencioso, técnico, y cuya eficacia no puede medirse con eslóganes de campaña ni promesas vacías.
Insistir en este tipo de elecciones sin una cultura cívica y jurídica que las sustente, sin mecanismos claros de evaluación y sin una ciudadanía informada, es una apuesta que debilita el sistema judicial en lugar de fortalecerlo. No se trata de democratizar la justicia, sino de politizarla, y eso es peligroso.
México necesita fortalecer sus instituciones, no convertirlas en parte del espectáculo electoral. Elegir jueces por voto no es un avance; es una regresión envuelta en una apariencia de participación ciudadana. Si de verdad se busca justicia, hay que apostar por la profesionalización, la evaluación técnica y la autonomía del poder judicial, no por su popularización.
X: @pipemx