Las normas electorales tienen una naturaleza bicéfala; por un lado, se consideran el instrumento más evidente de manipulación política, pues establecen cómo se traducen los votos en espacios de representación en el Congreso, de modo que bajo su definición y amparo es posible limitar a la oposición y favorecer a la fuerza política en el gobierno; por otra parte, pueden ser el motor para elevar la calidad de la vida democrática de un régimen político, tal y como ocurrió en la llamada transición democrática mexicana donde jugaron el papel decisivo para impulsar la pluralidad política, la competencia política y la alternancia.
Es fácil advertir cómo, hasta principios de la década de 1960 cuando el sistema electoral era uno de mayoría pura, en donde los diputados electos eran solo aquellos que ganaban con el más alto número de votos en sus respectivos distritos (el que gana, aunque sea por un voto, gana todo; mientras el que pierde, pierde todo a pesar de conquistar un número importante de sufragios), la oposición era prácticamente inexistente en el Congreso, en tanto regularmente obtenían el triunfo los candidatos del partido en el gobierno.
La incorporación de los diputados de partido en 1964 y después los de representación proporcional en la reforma de 1977, dio cauce a la pluralidad política; sin esas medidas difícilmente se hubiera alcanzado el rostro diverso que actualmente tiene el Congreso.
Desde el lado de los electores, el paso del sistema de mayoría para incorporar o combinarlo con uno de representación proporcional, significó una evolución importante, pues en el primero de ellos -como ya se dijo-, quienes no habían sufragado por el candidato ganador se quedaban sin incidir en la conformación de la Cámara de Diputados; esa omisión quedó superada con los diputados llamados plurinominales al estar en posibilidades de ingresar a la representación política con base en el porcentaje de los votos sufragados a favor del partido al que pertenecían.
A su vez, la competencia política evolucionó con el fortalecimiento del régimen de prerrogativas, de forma equitativa, a los partidos políticos a través del financiamiento preferentemente público y de acceso en los espacios oficiales a los medios de comunicación en radio y televisión, así como mediante la regulación de la propaganda oficial del gobierno y de los funcionarios públicos en las etapas electorales, dada la propensión del partido en el gobierno y del propio gobierno para beneficiar con los programas públicos y mediante las políticas sociales al partido en el poder.
En el caso mexicano, el rostro bicéfalo de las normas electorales dejó cada vez más desdibujada la cara que hablaba de un dominio asegurado del partido en el gobierno (hegemonía), al tiempo de afirmar y delinear mejor la faz que mostraba un régimen plural de partidos en condiciones de competencia política y de alternancia de los partidos en el poder.
Las columnas de la transición mexicana pueden sintetizarse en cuatro: I) la conformación de un sistema plural de partidos a través de las reformas de 1963, 1976 y 1996, principalmente, a través del sistema electoral mixto con 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional; 2) el financiamiento público a los partidos en condiciones de equidad y de su acceso a los tiempos oficiales de comunicación; 3) el fortalecimiento de los órganos electorales, el INE, antes el IFE, así como el tribunal electoral en la conformación de un sistema jurisdiccional para calificar las elecciones; 4) el impulso a la presencia de los partidos minoritarios y la delimitación del partido mayoritario.
Sobre esos cuatro pilares se levantó el edificio de la transición mexicana a la democracia, constituyendo la base para que fuese posible el paso de un sistema hegemónico de partido a otro plural, tal y como aconteció en 1997, al tiempo de posibilitar la alternancia del partido en el poder en condiciones de regularidad en el funcionamiento y operación de las instituciones, como ocurrió en el año 2000, y después en el 2012 y más adelante en el 2018.
El problema que parece plantear la reforma electoral de este 2026, conforme a lo que se ha mencionado de ella, es que amenaza con impactar de forma contundente tres de las cuatro columnas que han sido el sostén de la democracia electoral mexicana.
Se perfila la grave afectación del sistema electoral mixto con diputadas (os) electas (os) por mayoría y por la vía de la representación proporcional, con el indicio de desaparecer a estos últimos o de alterar su conformación; otro de los problemas es el de reducir el financiamiento a los partidos políticos, lo que ha sido una de las bases de la competencia política que hasta ahora se ha tenido y de la propia independencia de los partidos frente a grupos de interés y hasta los de carácter delictivo; el tercer aspecto se refiere al debilitamiento de los órganos electorales ante la reducción de su asignación presupuestal.
Por si lo anterior no fuera suficientemente incisivo, está el hecho de que por la vía de los precedentes y de los criterios aplicados para la asignación de la representación política de cada partido en la Cámara de Diputados, las autoridades electorales resolvieron para la conformación de esta LXVI legislatura a favor de una sobrerrepresentación que llegó al establecimiento de la mayoría calificada para la coalición que auspició el partido oficial; de esa forma, se fracturó la cuarta columna pues quedó derribado el criterio de impulsar a las minorías y delimitar a la mayoría.
De forma opuesta a esa aspiración, la oposición quedó reducida a una presencia prácticamente testimonial, mientras la coalición del partido en el gobierno alcanzó una integración suficiente en la Cámara de Diputados como para reformar, por sí misma, la Constitución, al tiempo que se anuló el papel de contrapeso deliberativo de la colegisladora mediante maniobras oscuras del partido en el gobierno para también alcanzar, con su coalición, la mayoría calificada en ese órgano legislativo.
Si los rasgos aquí apuntados son los que distinguirán la eventual propuesta de reforma electoral que plantee el gobierno, sin duda estaremos inmersos en el camino de una dictadura de mayoría que se apropia del sistema político, que rememora el modus operandi del fascismo y que instaura un punzante autoritarismo.
El falaz argumento de reducir el costo de nuestra democracia queda exhibido cuando por otra parte se toleran despilfarros groseros para obras de dudoso beneficio y rentabilidad, al tiempo que se solapan actos de corrupción que llegan a cantidades sin precedentes, como ocurre con el huachicol fiscal.
Así las cosas, el carácter bicéfalo de las normas electorales perderá la cara democrática y quedará expuesta, como único rostro, su claro perfil despótico.