El constitucionalismo mexicano del siglo XIX se inspiró, en buena medida, en dos textos históricos: la Constitución de los Estados Unidos, particularmente en la llamada Bill of Rights, y en la Constitución de Cádiz, marco jurídico que representó en su momento la culminación de los ideales liberales españoles de la época.
En relación con la Bill of Rights, estas enmiendas buscaron desde su origen el reconocimiento de las libertades individuales de los ciudadanos, así como los derechos particulares frente a la autoridad del Estado. En otras palabras, el texto constitucional, además de establecer la ley fundamental, pretendía servir como marco general para imponer límites al gobierno en sus relaciones con los ciudadanos.
La constitución mexicana de 1917, misma que había recuperado el acervo de los textos de 1824 y 1857, persigue –o perseguía– el mismo objetivo: sentar las normas generales del Estado y proteger los derechos de todos vis-à-vis las autoridades.
En 2011 el constitucionalismo mexicano transitó hacia un nuevo periodo caracterizado por el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos.
Por primera vez en la historia del país, la Constitución no otorgaría más garantías individuales, como había ocurrido en el pasado, sino que reconocería los derechos inalienables de los mexicanos, a la vez que colocaba a los tratados internacionales en materia de derechos humanas en paridad jerárquica con el propio texto constitucional. Esto significa, en resumen, que cualquier disposición surgida del Congreso que contraviniese a las convenciones internacionales sería determinada inconstitucional.
En semanas recientes los legisladores morenistas, no contentos con buscar cimentar el terreno para un régimen autoritario, han destruido la tradición del constitucionalismo mexicano. En vez de fortalecer el derecho vigente en favor de los individuos, han optado por el robustecimiento de las competencias del Estado.
En este contexto, las nefastas reformas como la Judicial, la de “supremacía constitucional”, la de la prisión preventiva oficiosa y la prohibición de venta y consumo de vapeadores, dan cuenta de un indigno retroceso jurídico en materia de libertades y de defensa de los derechos humanos.
Dicho de otra forma, la mayoría morenista, en una vulgar violación del acervo constitucional mexicano, han manipulado el texto fundamental como si fuese papel higiénico; algo que puede usarse, desecharse o emplearse según convenga a su agenda política.