Hoy quiero dirigirme a ustedes no solo como legislador, sino como un ciudadano comprometido con la protección de nuestro entorno natural. Soy Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México por el estado de Querétaro, y agradezco este espacio de manera especial a su director y amigo Federico Arreola, quien nos permite compartir el trabajo legislativo ambiental que hemos impulsado desde los pasillos de San Lázaro. Nuestra responsabilidad como representantes populares no se limita a la gestión política: también implica actuar con decisión ante los desafíos ecológicos que enfrenta nuestro país.
México es una nación de riqueza natural desbordante, una biodiversidad que no solo es motivo de orgullo, sino pilar esencial de nuestra identidad y bienestar. Sin embargo, esa riqueza se encuentra amenazada por diversas prácticas humanas que, aunque populares, carecen de regulación adecuada. Una de ellas es el uso indiscriminado de vehículos recreativos todoterreno —cuatrimotos, razers, areneros— en áreas naturales protegidas.
Recientemente, en la Cámara de Diputados, presentamos una iniciativa que ya fue dictaminada favorablemente en la Comisión de Medio Ambiente, y que representa un paso firme hacia la protección de nuestros ecosistemas frente al uso caótico de estos vehículos. Esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) no prohíbe el turismo ni la recreación; pone orden. Establece límites claros, y sobre todo, da un marco jurídico sólido para cuidar lo que no se puede recuperar una vez dañado: nuestra naturaleza.
¿Por qué es necesaria esta reforma? Porque actualmente no existe en la ley una definición específica sobre qué es un vehículo recreativo todoterreno, lo que ha dificultado su regulación efectiva. Nuestra propuesta incluye esa definición y, además, establece que su circulación en áreas naturales protegidas quede prohibida por regla general, salvo autorización expresa bajo criterios estrictos de conservación. Se trata de proteger playas, bosques, dunas, cañadas, zonas de anidación y ecosistemas frágiles que hoy están siendo devastados por el paso de estos vehículos.
Las imágenes son conocidas por todos: senderos convertidos en zanjas, nidos aplastados, vegetación destruida, cuerpos de agua contaminados por aceites y combustibles, fauna desplazada o atropellada. A ello se suma la contaminación auditiva y lumínica que generan, la erosión de suelos y el impacto visual de una actividad que, sin regulación, se vuelve destructiva.
Lo que proponemos es sensato: permitir estos vehículos únicamente cuando no se cause daño ambiental y bajo autorización expresa de las autoridades competentes. Además, obligar a la Federación y a los estados a establecer mecanismos de inspección, sanción y regulación claros. Esto no es un freno a la economía ni al turismo. Es, por el contrario, una apuesta por un turismo sustentable, ordenado y compatible con la protección del medio ambiente.
Como legislador, estoy convencido de que el cuidado del entorno es inseparable del desarrollo social. No podemos hablar de bienestar si destruimos los ecosistemas que nos dan agua, aire limpio, identidad y sustento. Esta reforma no solo responde al deber ético de proteger la naturaleza, también es un acto de responsabilidad hacia las futuras generaciones.
México necesita reformas valientes y propositivas, que no teman decir lo obvio: hay prácticas que deben regularse con urgencia. Y cuando hablamos del medio ambiente, no hay tiempo que perder. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ley puede —y debe— ser una herramienta al servicio del bien común y del planeta.
Desde la tribuna legislativa, reafirmamos nuestro compromiso con una agenda verde que concilie el desarrollo con la conservación. Porque proteger la biodiversidad no es una opción política, es una obligación moral.
Y cierro esta reflexión pensando especialmente en mi estado, Querétaro. Un estado con una riqueza ambiental extraordinaria: reservas naturales, bosques templados, cuerpos de agua, cañadas y paisajes que no solo debemos admirar, sino proteger con determinación. Esta reforma tendrá un impacto real en la conservación de esas áreas, brindando a las autoridades locales herramientas claras para cuidar lo que tanto nos distingue. Querétaro merece un futuro ambiental sano, y desde el Congreso de la Unión, seguiremos legislando para lograrlo.