Mario Aburto, declarado culpable por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, podría obtener su libertad -a más tardar- el 23 de marzo de 2024.
Su contexto se debate entre aquellos grupos de la opinión pública y analistas cercanos al priismo de la época que aseguran Mario Aburto era inocente. Su familia alegaba que Aburto tan sólo era un “chivo expiatorio” mientras que otros, señalan una autoría intelectual que fue suficiente para que quienes planearon o provocaron el magnicidio quedaran en impunidad.
La verdad legal es que, bajo el sistema anterior, Aburto se declaró culpable al tiempo que fue juzgado con todo el peso de la indignación colectiva, del desasosiego social y algo del peso de la ley. Un Tribunal Federal consideró que existen violaciones procesales cometidas en contra de Aburto que son suficientes para ordenar su libertad próxima. El razonamiento tiene que ver con dos principios: por un lado, la aplicación de la legislación que más beneficie al inculpado condensado en el principio “pro persona”, que se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley; mientras que por otro lado, pudo ser que Aburto no fuese juzgado conforme a la legislación penal que correspondía.
Me explico: Mario Aburto fue juzgado con base en el Código Penal Federal cuya pena por el delito de homicidio en el año de 1994, cuando ocurre el crimen, era de 20 a 50 años de prisión. Aburto fue condenado a 45 años en la cárcel, sin embargo, aquel Código tan sólo puede ser aplicado de manera supletoria, o bien, cuando algún elemento del delito sea considerado de carácter “federal”: espacio federal como una carretera, embajada o aeropuerto; un criminal con cargos federales como senador o secretario de estado; una víctima con cargos federales o algunas excepciones, pero en realidad, debió ser juzgado bajo los términos del Código Penal de Baja California debido a que este crimen ocurrió en Lomas Taurinas, en Tijuana. Para aquel año, la pena por homicidio era prisión de 16 a 30 años. En ese sentido, tan sólo hay dos alternativas: otro Tribunal Federal podrá emitir una nueva sentencia y en el extremo de imponer la máxima sanción de 30 años, la condena se agotaría el 23 de marzo de 2024 o bien, si es que se realiza una adaptación proporcional de la pena impuesta originalmente a la máxima que establece este código con una sencilla regla de tres, queda inmediatamente en libertad al momento de dictarse aquel otro criterio. La resolución del amparo fue que aquella sentencia del fatídico 1994 quedara insubsistente, debiéndose dictar una nueva resolución sobre el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía en los términos del Código Penal para el Estado de Baja California que estaba vigente en aquel año.
A propósito de los hechos y el impacto en la memoria que continúa marcando un trauma en el ideario colectivo que construyó un anhelo por Luis Donaldo Colosio parecido al que se construyó por Andrés Manuel López Obrador, pareciera que México carga en su pueblo un trauma transgeneracional que se manifiesta en la eterna desconfianza hacia las instituciones de procuración y administración de justicia. Ese tal vez sea el origen de que la policía sea asociada con temor y los judiciales sean sinónimo de alerta.
Un trauma transgeneracional es “la transmisión del efecto de una experiencia traumática de un individuo o grupo de individuos en una generación a uno o más individuos en generaciones posteriores. Una forma de ‘programas heredados’ mediante las generaciones o transferencias.” En el libro “Este dolor no es mío”, de Mark Wolynn se plantea un recuento sobre algunos hechos históricos que pudieron marcarse en la memoria de pueblos completos como los ataques terroristas contra las torres gemelas o el genocidio de Ruanda y el Holocausto.
Su autor encuentra mediante ejercicios terapéuticos algunos padecimientos de salud física y mental que se registra en nietos y hasta bisnietos que pudieron no vivir directamente el hecho traumático pero que guardan comportamientos o padecimientos originados por aquel acontecimiento que le sucedió a sus ascendientes. Como tantos pueblos dolidos, la nuestra carga con una turbulencia democrática, el México machista y feminicida, un magnicidio, el narco-estado, las desapariciones forzadas, Ayotzinapa, inocentes presos y culpables libres. Ahora viven y votan los herederos de varios traumas, las generaciones no sanadas y la primera generación de nietos y bisnietos que normalizan la terapia, a sabiendas de que su acceso sigue siendo un privilegio. Ahora sabemos que treinta años no parecen suficientes pero que tampoco la misma verdad lo parece. Y así, seguimos.
POR CIERTO
Entre el hartazgo y el miedo, se realizará la Marcha por Tlaxcala este 8 de octubre de 2023, arropando causas como víctimas del delito, trata de personas, abuso sexual, feminicidios, desparecidas, homicidios, estudiantes, madres luchando por sus hijos con cáncer, maestros, familias, etc, en medio del Campeonato Mundial de Voleibol del Playa que se lleva a cabo en Tlaxcala. Las convocantes anuncian que, en caso de sufrir represión, desaparecer, ser apresados o asesinados, es únicamente responsable el Gobierno del Estado de Tlaxcala, manifestando desde el estado más pequeño del país un clamor para obtener justicia, luchando por las familias, y visibilizando para que su realidad no se extienda a todo México, aunque la valoración de “mejor” o “peor” tenga poco lugar en el país del dolor.