El día de hoy, el periodista Raymundo Riva Palacio abordó el caso de Álvarez Puga & Asociados, enumerando presuntos ilícitos, pero omitió datos fundamentales para entender el papel que desempeñaron las autoridades estatales y federales en distintos momentos del proceso.
No solo es impreciso ubicar el “negocio familiar de tortas” en Tapachula, en realidad estaba en Tuxtla Gutiérrez, frente a la antigua terminal de autobuses, sino que tampoco se mencionan a los beneficiarios políticos y empresarios de una red que, desde entonces, financiaba campañas del PRI y del PAN a cambio de contratos irregulares que lastimaron el patrimonio público y los derechos laborales.
Actuación firme en Chiapas
En 2011, durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), encabezada por Raciel López Salazar, hoy Fiscal en Quintana Roo, inició la primera investigación contra Álvarez Puga & Asociados. Ese año se practicaron cateos a oficinas y propiedades vinculadas a la firma; de hecho, se ejecutaron más de once diligencias y se intervinieron negocios con vínculos directos o indirectos con el grupo, entre ellos El Clásico, Itallianis y Pappas Bill todos en Tuxtla Gutiérrez.
En ese contexto fue detenido Luis Gerardo Cano Granda, señalado como operador clave del despacho en Chiapas que ingresó al penal de El Amate.
Investigación por operaciones ilícitas y daño al erario
La indagatoria estatal se sustentó en operaciones con recursos de procedencia ilícita y daño al erario estatal y federal, con el uso de empresas fachada y esquemas de outsourcing para triangular recursos públicos. Desde esa fase temprana, la investigación de Chiapas identificó riesgos y documentó mecanismos de evasión y desvío.
Vista a la PGR y ausencia de seguimiento federal
La PGJE de Chiapas dio vista a la PGR en 2012 para que la indagatoria continuara en el ámbito federal, con aseguramientos, declaraciones y cateos ya integrados. Ahí se ubica el punto crítico que la columna referida no aborda: pese a la actuación estatal, la PGR del sexenio de Felipe Calderón no dio el impulso procesal que correspondía.
Incluso, se solicitó ficha roja de Interpol para Alejandro Álvarez Puga; sin embargo, la petición de extradición no se materializó en esa etapa, lo que abrió una ventana de impunidad que permitió la dispersión de operaciones a otras entidades y al extranjero.
El vértice local–federal
Mientras Chiapas investigó y actuó, el ámbito federal se estancó. Años después, ya en otro contexto, hasta el gobierno del presidente López Obrador, organismos federales retomarían el caso señalando redes millonarias de lavado y facturación simulada. Pero para entonces, el daño estaba hecho y las rutas se habían sofisticado.
¿Por qué importa la precisión histórica?
Porque contar la historia a medias distorsiona responsabilidades. Omitir que la PGJE de Chiapas fue la primera autoridad que actuó desdibuja el origen de las acciones judiciales y exonera de facto a quienes no dieron continuidad. La precisión histórica es indispensable para distinguir entre quien investigó y quien no quiso avanzar.
Conclusión
El caso no empezó en 2021 ni en 2025: comenzó en Chiapas en 2011, cuando la Procuraduría de Juan Sabines actuó con determinación. Hubo cateos, detenciones, intervención de negocios y vista a la PGR en 2012. Lo que faltó fue voluntad federal para continuar.
Reconocer ese tramo es esencial para comprender cómo se incubó una década de impunidad y para exigir que, ahora sí, el proceso llegue hasta las últimas consecuencias.