No deja de sorprender el mensaje del presidente López Obrador al Banco de México en la presentación del “Paquete contra la inflación y la carestía” (Pacic) hace unos días, con relación a la inversión y el aumento de la tasa de interés del banco central: “entre menos suban las tasas de interés mejor para que haya inversión, y tengamos crecimiento económico.” Independientemente de lo poco pertinente del comentario del presidente AMLO en términos de pretender “orientar” las decisiones de una institución autónoma, lo que hay que destacar es que el factor más importante que ha desincentivado a la inversión privada en esta administración, más allá de los aumentos a la tasa de interés de referencia del banco central (que menciona el presidente), que impacta principalmente las decisiones de corto plazo, ha sido afectar las expectativas de largo plazo de los inversionistas, al cambiarles las reglas del juego a la mitad del partido, de manera arbitraria, en diversos sectores y proyectos de inversión.

Si a AMLO le preocupa que haya más inversión para que, como dijo, haya crecimiento económico: “si hay crecimiento hay empleos, si hay empleo hay bienestar, si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad”, entonces debiera, urgentemente, dejar de vulnerar el Estado de Derecho en el país.

Según el reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, publicado recientemente por el World Justice Project (WJP), en los últimos años ha habido un fuerte deterioro en el desempeño institucional nacional. En 2021, en términos de Estado de Derecho, México obtuvo una calificación reprobatoria de 0.43 (donde 1 es la mejor calificación), y ocupó el lugar 113 de 139 países evaluados. El Estado de derecho es definido por el WJP como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”. Entre los elementos que contribuyen a la tan baja posición de México a nivel global, son la corrupción y la falta de seguridad por la impunidad y debilidad de nuestro sistema de justicia civil y penal.

En su reciente ratificación del grado de inversión de México, en su nivel más bajo, Fitch Ratings destacó que uno de los indicadores que contribuyen a que la calificación crediticia de la deuda soberana del país se mantenga en BBB-, es la “gobernanza débil”. Destaca al Estado de derecho como el indicador más vulnerable, y al clima de incertidumbre, que afecta la capacidad de pago del país. México está en el límite de caer en el rango especulativo de inversión.

En el actual entorno económico, la inversión es clave para fomentar el necesario crecimiento de la economía. Es indispensable para aumentar la capacidad productiva del país, y permite crear más empleos, y mejores condiciones de desarrollo para la población. A su vez, el Estado de Derecho es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Así fue establecido a nivel internacional al incluirlo en el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2015. Hay entonces una correlación directa entre inversión, crecimiento, desarrollo y Estado de Derecho.

La inversión va de la mano del Estado de Derecho

La inversión productiva es una fuerza generadora de bienes de capital (que no están destinados al consumo inmediato), que son base del desarrollo, por ejemplo, en el caso de las obras de infraestructura. El Banco Mundial señala que la inversión en infraestructura promueve el crecimiento económico, y también contribuye al bienestar social, si los proyectos son evaluados por su impacto multiplicador, es decir, por la mejora en servicios públicos para la población.

En ese sentido, y por la fuerte contracción de la inversión fija bruta en México, que está 14% debajo de su nivel de enero de 2019 y se encuentra en niveles similares a los que estaba en 2011 (una década de rezago en la inversión), esta semana el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anunció frente a los líderes de organismos empresariales del CCE, que ya está listo el “tercer paquete de proyectos de inversión en infraestructura para la inversión del sector privado”. Seguramente, cuando le sea políticamente conveniente, lo anunciará con bombo y platillo el presidente López Obrador, pero si no se mejora el clima adverso que han generado las políticas de su administración, que han minado la confianza y certeza jurídica, y creado un ambiente de negocios desfavorable, este paquete correrá la misma suerte que los dos anteriores, donde se refleja que ha habido un bajo flujo de inversión privada. De 62 proyectos en total, solamente 24 se encuentran en etapa de ejecución, lo que representa apenas el 50.2% de la inversión total (491,024 millones de pesos), según datos presentados en los pre-criterios 2023, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

México necesita fortalecer el Estado de Derecho

El Estado de Derecho es una precondición para el crecimiento y desarrollo en México. Sin políticas públicas orientadas a su fortalecimiento, y si no hay seguridad jurídica de que la inversión está a salvo, no habrá inversionistas que se atrevan a invertir en el país. En 2021 hubo un flujo mundial estimado de 1.65 billones de dólares de inversión extranjera directa (IED), y el Estado de Derecho, la atrae o la desalienta en cada país. Si México no ofrece certidumbre y tiene credibilidad, será difícil aprovechar esta circulación de IED, y la inversión nacional privada seguirá estancada.

La inversión es el indicador más puntual de la confianza que hay en un país. El apetito por invertir de largo plazo surge en un contexto de seguridad que ofrezca garantías jurídicas a la inversión. En México, los inversionistas no ven las condiciones necesarias para invertir sus recursos. El enfoque para promover la inversión no debe ser otro: es fortalecer el Estado de Derecho.