No sabemos cuándo se echaron los dados; esto a manera de decir que hubo un momento de no retorno, fundacional del régimen autoritario que ahora gobierna al país en condiciones de normalidad y hasta de un relativo consenso. ¿Fue la elección de 2018? ¿Ocurrió como secuela de los comicios de 2021, cuando López Obrador decidió optar por un quiebre radical apuntalando a Claudia Sheinbaum como sucesora? ¿Fue la elección de 2024 que dio muchos votos y legitimidad al segundo piso? ¿Fue la decisión de otorgar al régimen una mayoría legislativa que los votos no le dieron? ¿Fue la traición de los Yunes y de los senadores del PRD que permitieron romper con la última barrera institucional a la deriva autoritaria?
Más allá de la respuesta, lo que no puede ignorarse es que existe un nuevo sistema político. A algunos les parece excesivo decir que se vive en un régimen autoritario. La hegemonía de un proyecto no ocurre solo por la fuerza o la coerción, empieza por las conciencias, por la formación del consenso, por la cultura, por una narrativa que colectivamente se hace propia, por ir normalizando en los distintos frentes al nuevo régimen de autoridad y, para ello, es necesario someter a la opinión independiente.
No hay batalla fundacional, sino cientos que se van librando y van dibujando la nueva realidad. La Constitución ya no es un código que garantiza la libertad y la coexistencia plural, ni siquiera existe una instancia confiable a la cual recurrir para protección. El encarcelamiento de un rector disidente o la sanción a un medio de comunicación y a un periodista en el distante Campeche es parte de lo mismo, efecto demostrativo, tengan para que aprendan, como también ocurrió con El Universal y Héctor de Mauleón o la ciudadana Karla Estrella Murrieta sancionados judicialmente por ejercer la libertad de expresión. Las palabras admonitorias desde el púlpito presidencial tienen consecuencias y su evidencia es el estado del debate público, del marginal escrutinio al poder y que cada vez más la libertad de expresión se refugie en el ruidoso y disperso espacio digital. Código Magenta, Aristegui, SDPnoticias y Latinus tienen más auditorio y credibilidad informativa que Televisa o Milenio.
Nuestras autoridades, las más elevadas se abonan en el cinismo y nada ocurre. La impunidad es de escándalo. La investigación sobre el contrabando de combustible se ha silenciado y resurgirá cuando la presión del vecino se imponga. La FGR es tapadera de los responsables como está presente en la investigación sobre el trágico descarrilamiento del transístmico, reedición de casos semejantes con los mismos personajes en distintas circunstancias.
La violencia está presente y casi siempre corre a cuenta de los criminales violentos en beneficio del régimen político; los otros despachan en oficinas públicas. Se asesinó a Carlos Manzo, precandidato opositor al gobierno de Michoacán; se asesinó a Melesio Cuén, precandidato opositor al gobierno de Sinaloa; se intentó asesinar al exalcalde de Culiacán y diputado, Sergio Torres, precandidato opositor al gobierno de Sinaloa. ¿Cuántos más serán y cuántos serán callados sin tener que recurrir a las balas, bien sea por la intimidación o la cooptación? ¿Por qué no hay reacción fuera de Michoacán a algo tan visible o evidente? El récord de los periodistas asesinados es peor y Ciro Gómez Leyva, el periodista independiente de mayor influencia, vive producto de la fortuna.
El poder está fracturado. Así ocurre porque el nuevo régimen no es presidencial, es de camarilla con una figura dominante que no detenta investidura formal alguna. No manda del todo quien manda, pero la autoridad es necesaria; por necesidades internas y externas, la autoridad institucional mayor la detenta quien se ha acreditado como garantía para combatir al crimen organizado. Omar García Harfuch es el funcionario más relevante del ecosistema político y para bien de él y de todos, su principal apoyo deriva de la presidenta. Es el activo mayor en lo que queda de una presidencia como jefa de Estado. Por si fuera poco, el funcionario cuenta con el aval y confianza de una de las grandes amenazas al país: el gobierno norteamericano.
No slo está fracturada el régimen de autoridad, también ocurre con la coalición gobernante. No solo por la resistencia del PVEM de acompañar a la presidenta en su intención de cerrar el círculo autoritario con un cambio constitucional que haga del partido gobernante baluarte único del mandato revolucionario popular. El régimen está fracturado porque la sucesión presidencial a diferencia del anterior será un proceso accidentado, sobre todo, si el voto ciudadano de las elecciones de 2027 ratifica a Morena como una fuerza minoritaria y se tenga que recurrir a la trampa fáctica o institucional para concederle un mandato que los votos no le otorgan.