Y sí, a pesar de tratarse de un esperpento constitucional que ridiculiza el texto de la carta magna, el Senado mexicano aprobó ayer finalmente lo que se anticipaba: prohibir los vapeadores.
A partir de su próxima entrada en vigor, una vez la reforma haya sido refrendada por la mayoría de las legislaturas locales (lo que no presentará mayores dificultades en vistas del servilismo de los diputados) estará prohibido vender, comprar o consumir cualquier dispositivo electrónico que expida vapor y contenga nicotina.
Es decir, los fumadores que no estén dispuestos a acatar la disposición tendrán dos opciones: dejarlo o ir al mercado negro. En otras palabras, la mayoría morenista, motivada por razones difíciles de escudriñar, lanzan un incentivo perverso para que los consumidores busquen al mejor “dealer” o vendedor clandestino para éste les ofrezca sus productos.
En consecuencia, lejos de promover la disminución del consumo, pondrán sobre la mesa elementos que favorecerán irremediablemente el empoderamiento de las bandas criminales.
Resulta irrisorio y lamentable que estos mismos morenistas, en su cruzada contra las libertades de los mexicanos, pretendan tildar a la oposición como conservadora. Igualmente bochornoso ha sido el tratamiento ridículo que las mayorías legislativas han dado a la Constitución, convirtiéndola en un documento que ha perdido legitimidad, fuerza y valor como marco general para regular la vida del Estado.
¿Cuán conservador puede ser definido un gobierno que, lejos de fortalecer las libertades, inscriba en el texto constitucional una prohibición de tal naturaleza? ¿Cómo pueden estos legisladores autodefinirse como “liberales” si lo que han hecho encaja en la definición perfecta de un régimen prohibicionista? ¿Cómo puede la presidenta Claudia Sheinbaum hacerse llamar científica cuando apoya decisiones que apuntan en contra de la evidencia y la sensatez?
En un mundo marcado por la necesidad de legalizar drogas blandas como la marihuana, y en un país como México carcomido por el crimen organizado, el régimen “progresista” de la autoproclamada 4T va en dirección contraria, y por lo que se anticipa, sin límites y a toda velocidad.