¿Cómo defender ciegamente a un Poder Judicial que se acoge en la omisión para impedir que el Sistema de Administración Tributaria cumpla con la recaudación? ¿Cuánto dinero cuesta el tiempo de espera que tarda en emitir un acuerdo, con el que hoy lucra Salinas Pliego? ¿Cuánto dinero se trata si hablamos de intereses y quien más gana con la dilación?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha encontrado en el tiempo una moneda de cambio valiosa, y pocos parecen aprovecharla mejor que Ricardo Salinas Pliego. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible seguir defendiendo a un Poder Judicial que, en lugar de cumplir con su deber de impartir justicia, se atrinchera en la omisión, protegiendo así a los más poderosos y frenando al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en su lucha por la recaudación? El ideal de justicia fiscal progresiva consistente en que paguen más quienes más tienen, se rompe al toparse con la justicia mexicana.
Cada día de espera, cada expediente que se archiva, se convierte en un negocio lucrativo, una venta del tiempo al mejor postor. Y el tiempo, en estos casos, tiene un precio altísimo, especialmente cuando se trata de intereses y deudas multimillonarias que deberían engrosar las arcas del Estado. Hablamos de cifras que marean: 35 mil millones de pesos, para ser exactos. Esa es la mitad de lo que el tercer hombre más rico de México debe en impuestos, una deuda que la SCJN ha ayudado a mantener en el limbo jurídico durante meses.
El patrón es claro y preocupante. Primero, el ministro Luis María Aguilar Morales retiene el expediente de Salinas Pliego durante diez meses. Luego, los magistrados prolongan la espera por otros nueve. Ahora, es la presidenta de la SCJN, Norma Piña, quien mantiene congelada la resolución final de este pleito fiscal, permitiendo que Salinas Pliego siga ganando tiempo. Mientras tanto, el SAT, y con él todos los mexicanos, siguen esperando.
Pero el silencio de Piña Hernández no se limita a este caso. Dos litigios que Salinas Pliego perdió en tribunales colegiados en junio siguen sin asignación a ministros en la SCJN, a pesar de la urgencia. Estos casos, que datan de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, son parte de la estrategia legal del empresario para evadir el pago de impuestos, una estrategia que se ha basado en el uso repetido de amparos y la dilatación de sentencias.
Según la información recabada por SDPnoticias, es la presidenta Norma Piña quien exclusivamente ha retenido la resolución de este asunto con valor de $35 mil millones de pesos, que son un adeudo de la empresa “Elektra, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable”. El primero de los asuntos es del ejercicio fiscal 2008 por un total de $1431 millones, 466 mil 606 pesos mientras que el segundo asunto asciende a 33 mil 306 millones, 476 mil 349 pesos, sumando ambos poco más de $35 mil millones de pesos y a sabiendas de que mensualmente, hay recargos e intereses que se actualizan. Para dimensionar estas catastróficas cantidades que se encuentran congeladas en la Corte, equivalen a casi tres veces el presupuesto anual asignado para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que para todo 2024 apenas y tuvo una asignación de 15 mil millones de pesos. Ambos adeudos que son créditos fiscales exigibles en favor de la nación mexicana a través del SAT, ya tuvieron resoluciones previas tanto en Juzgados de Distrito como en Tribunales Colegiados en Materia Administrativa en contra de Ricardo Salinas Pliego, condenándole a pagar o en su caso, ser embargado. Fue el propio ministro Luis María Aguilar quién retuvo los expedientes para el estudio por nueve meses y quien aceptó ejercitar la facultad de atracción para que la Suprema Corte resolviera el asunto.
El presidente López Obrador no ha sido ajeno a esta demora, enviando un oficio a la presidenta Piña para expresar su preocupación por lo que considera una “acción de ilegal protección” a las prácticas de defraudación fiscal. Diariamente, ha insistido en que la Corte debe resolver los litigios fiscales que, entre las trampas administrativas de asignación, archivo, estudio y ampliación y devolución, alarga una resolución que es predecible por el sentido de las previas y va en el sentido de permitir al SAT cobrar los créditos fiscales impagados por Salinas Pliego. Sin embargo, la SCJN parece haber hecho oídos sordos, permitiendo que Salinas Pliego continúe usando el sistema judicial a su favor.
Tras ser exhibidos mediáticamente, la Segunda Sala de la SCJN decidió en septiembre pasado no ejercer su facultad de atracción sobre los créditos fiscales de Grupo Elektra, devolviendo el caso a los tribunales colegiados. Pero incluso tras su resolución, el silencio administrativo para hacer la devolución correspondiente hace Salinas Pliego gane tiempo. Han pasado dos meses desde que la SCJN recibió las impugnaciones de estos casos, y aún no se ha dictado la última de las sentencias que debe decidir si el empresario pagará o no esos 35 mil millones de pesos. Tras un recurso promovido por el hábil equipo legal de Salinas Pliego, en vez de que la presidenta Norma Piña rechazara una instancia inexistente que es una extraordinaria solicitud de amparo directo en revisión, la “chicanada” del escritorio se aplicó dejando en el limbo los derechos de la nación al pago correcto de tributo. O sea, ni se resuelve en la Corte ni se emite el acuerdo que lo reenvía a un Tribunal menor para su resolución. No es casualidad que la reforma judicial tenga como planteamiento principal que los asuntos fiscales deban resolverse en tribunales, por regla general, en un máximo de seis meses y sin dilaciones.
La única acción concreta de Piña hasta ahora turnar a la ministra Batres Guadarrama la realización de un proyecto sobre un amparo directo en revisión, relacionado con una deuda mucho menor, de 67 millones de pesos, también de Salinas Pliego, equivalente a un pelo de gato frente a la deuda principal. Mientras tanto, los grandes asuntos siguen sin resolverse. Cabe recalcar que el tiempo con altísimo valor en dinero que sigue gozando en impunidad Salinas Pliego es un privilegio que solamente tienen los de su clase, ya que los contribuyentes de a pie, por mucho menos dinero y de manera supuestamente preventiva, se han topado con embargos a sus cuentas bancarias por errores como no presentar correctamente una declaración o por no haber estado presentes en su domicilio cuando la autoridad tributaria los buscó, pero de esos casos hablaremos en otro momento.
Y no es solo la Corte quien juega este juego. Salinas Pliego ha reclutado a abogados de peso, aquellos que antes trabajaban dentro del propio sistema judicial, como Yanet Sandoval Carrillo, exsecretaria de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, al servicio del Grupo Elektra, empleando todo su conocimiento, estrategias fiscales agresivas, huecos en la ley y experiencia para maniobrar a favor de su poderoso cliente.
El negocio del tiempo en la SCJN parece funcionar a la perfección para quienes tienen los recursos para comprarlo. Mientras tanto, el resto de los mexicanos seguimos esperando justicia. Una justicia que, en México, parece cada vez más una mercancía en manos de unos pocos.
POR CIERTO, la sospecha de que existe un negocio verdadero con tufo de corrupción al máximo nivel de la Suprema Corte es tan verídica que la Fiscalía General de la República, copiada en la última hoja del oficio que envía con urgencia el presidente López Obrador a la ministra Piña, podría abrir una investigación al respecto por la omisión que resulta en complicidad en la defraudación fiscal o inclusive, defraudación fiscal equiparada. Una prueba más de eficiencia para la FGR.
El hecho es que, para los asuntos trascendentales, el paro en realidad empezó mucho antes, como en el cobro de impuestos a grandes empresas, en el etiquetado para cuidar la salud de millones de niños ante la epidemia de diabetes infantil que busca advertir publicidad engañosa en empaques de productos con alto contenido calórico, entre otros.
En conclusión: Sí a la defensa del Poder Judicial, pero primero, hagamos que sea defendible. Al tiempo.