La reciente aprobación del presupuesto fronterizo de Estados Unidos que destina 170 mil millones de dólares a infraestructura, detenciones y militarización, marca un punto de inflexión en la relación bilateral con México. Lejos de ser un simple asunto migratorio, se trata de un rediseño estratégico con implicaciones geopolíticas, económicas y de soberanía para nuestro país. México no puede permanecer en la negación institucional frente a esta nueva realidad. Debe entenderla, desescalarla con inteligencia y asumir una transformación de fondo.
Estados Unidos ha cambiado su lógica, ya no se trata solo de contener migrantes, sino de cortar vínculos financieros, logísticos y políticos del crimen organizado transnacional. La narrativa dominante es clara: el narco ya no es un problema extranjero, sino una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Y si México no actúa, Estados Unidos lo hará solo, con o sin consentimiento diplomático.
Por eso es urgente que México redefina su postura oficial. Seguir negando que enfrentamos estructuras de narco-terrorismo no solo es peligroso, es suicida en términos diplomáticos. Debemos aceptar la amenaza, tipificarla adecuadamente y comenzar una limpieza institucional real. No como discurso, sino con decisiones visibles: investigaciones, sanciones, colaboraciones abiertas con agencias extranjeras y, sobre todo, voluntad política de romper pactos oscuros.
Los casos abundan. Julio César Chávez Jr., arrestado en EE.UU. por fraude migratorio y con orden de aprehensión en México por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, es apenas una señal. Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora, enfrenta señalamientos de lavado de dinero y protección a cárteles. Rubén Rocha, Américo Villarreal, Layda Sansores: todos han sido objeto de investigaciones, aunque la impunidad aún domina el aparato judicial. La tolerancia institucional es el verdadero enemigo de la soberanía mexicana.
Los movimientos recientes en tierra, mar y aire por parte de Estados Unidos deben alarmar a la clase política mexicana. Tan solo en junio se desplegaron unidades del 82º Regimiento Aerotransportado en ejercicios fronterizos. En el Golfo de México, el USS Montgomery realizó patrullajes cercanos a aguas mexicanas, mientras que drones tipo reaper operaron sobre los límites de Sonora y Arizona. El Pentágono ha comenzado a establecer zonas de defensa permanente (NDAs) en Texas y California, con el pretexto de control migratorio y amenazas trasnacionales. Esta no es una maniobra simbólica: es un cerco estratégico.
Desescalar el conflicto no significa rendirse ante EE.UU., sino recuperar credibilidad ante el mundo. Es momento de una nueva agenda nacional: una reforma judicial profunda, protocolos conjuntos de inteligencia, cooperación con organismos multilaterales y la implementación de un registro público de funcionarios vetados por el Departamento del Tesoro. La transparencia es el primer paso.
México aún está a tiempo de cambiar la narrativa. Pero debe elegir entre ser parte de la solución global contra el crimen transnacional o quedar señalado como un Estado fallido que protege a sus verdugos. La frontera ya no es un límite físico, es una línea moral. Cruzarla con dignidad depende de lo que hagamos ahora.