Los lectores seguramente recordarán cuando los correligionarios de la auto proclamada 4T se mofaban hace algunos meses de los miembros de la oposición llamándoles “súbditos” de la corona española, tras la defensa de estos últimos de la idea de que el rey Felipe VI fuese invitado a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otros, como el senador Noroña y compañía, aseguraban a la vez que los mexicanos gozaban de mayores libertades que los españoles pues los primeros eran ciudadanos mientras que los colegas europeos eran súbditos de rey de España.
Estas declaraciones, más allá de sus intenciones políticas dirigidas a atizar la polarización y a exacerbar el sentimiento anti hispano, contenían un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento de una monarquía constitucional.
Hoy México y Estados Unidos, a la luz de los propios conceptos incorrectos acuñados por el régimen obradorista, son más monárquicos que republicanos, a la vez que han optado por desterrar los componentes fundacionales de una democracia liberal.
En este contexto, uno de los grandes componentes de ese tipo de democracia es la división de poderes y el Estado de Derecho: el llamado rule of law, en el concepto estadounidense.
Mientras que las monarquías absolutas europeas previas a la Ilustración del XVIII se caracterizaban por la centralización del poder en manos del monarca, no existían cortes o tribunales que fuesen competentes para limitar los alcances del poder emanado del rey, con la excepcionalidad del modelo británico.
Si bien había parlamentos, como es el caso de las Cortes de Castilla o el Parlamento de Paris, estos estaban limitados a registrar los edictos del rey, y en ningún caso contaban con las competencias para cuestionar las decisiones del monarca.
En tiempos actuales, los presidentes AMLO y Donald Trump, y en cierta medida, Claudia Sheinbaum, han optado por desacatar cualquier decisión judicial que contravenga sus propias agendas políticas.
Los casos particulares de AMLO y Trump no merecen mayor explicación. En días recientes, el presidente estadounidense hizo hincapié en el hecho de que los jueces no son electos, y que por tanto, no cuentan con la legitimidad para obstaculizar al líder que representa la voz del pueblo.
AMLO y Sheinbaum, por su parte, han hecho lo propio con sus reiterados desafíos a las sentencias judiciales, y más dramático aun, con su perversa reforma al poder Judicial cuyo objetivo no es otro que capturar políticamente a la totalidad de los jueces, ministros y magistrados del país.
México y Estados Unidos viven tiempos de monarcas bajo ropajes republicanos. Sus líderes populistas continúan al acecho contra los contrapesos constitucionales. Todo dependerá, a la postre, de la resiliencia y fortaleza de las instituciones. La democracia constitucional mexicana, por su parte, ha perdido la primera gran batalla.