Los sucesos de Teuchitlán serán motivo de consternación, polarización y debate por mucho tiempo. Las autoridades públicas deberán, a la mayor brevedad, dar explicaciones verosímiles que establezcan la verdad y que ofrezcan un mínimo de satisfacción a la opinión pública, y sobre todo, a los familiares de las víctimas. No debe convertirse, por ningún motivo, en un nuevo Ayotzinapa. No sería solamente un varapalo a la legitimidad del gobierno que acaba de empezar, sino un obstáculo para cualquier cambio hacia el futuro.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch tienen ante sí la posibilidad de reivindicar las prioridades de su administración y de enviar un mensaje prístino a los mexicanos y a Washington: el gobierno federal, a diferencia de su antecesor, está plenamente comprometido con la justicia, con el combate contra el crimen organizado y con el castigo ejemplar a criminales que han cercenado vidas.
Sin embargo, todo suena bien sobre el papel. La realidad podría imponerse. Me refiero en particular a los entresijos y jaloneos políticos. Sheinbaum, a pesar de sus probables capacidades y deseos genuinos de dar un nuevo curso a la política de seguridad, podría estar obligada a conservar elementos del pasado hoy abrazados por miembros del partido gobernante.
Son bien conocidas las sospechas de contubernio entre personajes prominentes de Morena con el crimen organizado; y ni hablar de las muy probables complicidades de gobernadores y alcaldes de todos los partidos con las bandas criminales.
No obstante estas exigencias ejercidas por los poderes fácticos, la presidenta y su secretario de Seguridad bien podrían dar un golpe de timón, romper con el pasado y provocar cambios en un México putrefacto y lastimado por el crimen organizado.
En este contexto, las recientes reformas anunciadas por Sheinbaum en materia de desaparecidos parecen ir en la dirección correcta. Quizás han llegado demasiado tarde; especialmente en un país con cientos de miles de personas que no han sido encontradas, e insertos en un tragedia como lo que se ha atestiguado en el rancho Izaguirre, y no será suficiente en medio de un panorama atroz marcado por la muerte, la destrucción y un futuro que luce, en el mejor de los casos, sombrío.
A pesar del panorama, la presidenta Sheinbaum sí que puede hacer un cambio. Todo dependerá, a la postre, de su voluntad política y de su decisión de sacudirse las ataduras del pasado.