Hasta el día de hoy se mantenía como una regla no escrita desde el sexenio del presidente López Obrador, que las iniciativas presidenciales pasaban por las Cámaras con bastante difusión y poco debate. Lisas en el espíritu de sus contenidos y con mínimos detalles cambiados, casi todos previamente sometidos al consenso de la consejería jurídica del Ejecutivo.
Pero la sangre es primero y en el Senado de la República, los compromisos presidenciales están en segundo plano para Adán Augusto López y aliados.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue enérgica en representar los millones de votos que legítimamente la han respaldado en la cruzada contra la corrupción que emprendió su antecesor y este es el primer golpe que reciben sus intenciones de moralizar la vida pública. Hubo tantísima dureza con el Poder Judicial acusando nepotismo que serán destituidos y sustituidos todos, escalonadamente pero con efectos inmediatos mientras que tratándose de familias caciques, pesa más la sometida voluntad del pueblo que les eligió y que ahora podrán tener ventaja hasta 2030.
Una de esas tantas formas de corrupción combatidas arduamente fue tolerada para continuar cacicazgos -casi reinados- en 2027. Pues aun cuando en nuestra Constitución se establece que ningún cargo monárquico tendrá reconocimiento en México, la realidad es que existen entidades en las que el único derecho para aspirar es el de la sangre, como el caso de la dinastía qué gobierna Zacatecas.
Entre los aliados qué tejieron el andamiaje para que la reforma contra las familias gobernantes se aplique hasta 2030, se encuentran Félix Salgado Macedonio y Ricardo Gallardo. Sus nombres en el escritorio de la presidenta hoy tienen un rostro más que es el de aquellos que no apoyan su proyecto de gobierno cuando se trata de limitar los privilegios que la transformación les ha concedido.
La reforma constitucional contra el nepotismo establece como requisito de idoneidad, que las personas aspirantes a un cargo de elección popular ya sea senador, presidente de la República, gobernador, diputado local, presidente municipal, regidor, síndico, alcalde o concejal, “no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participará”.
Aunque a la presidenta no le ha quedado de otra más que aceptar el cambio como la republicana que es, el mensaje es contundente pues dijo que el partido que lleve familiares en la boleta se verá muy mal así que la verdadera lucha será al interior de Morena, donde podría desencadenarse una autofagia precoz puesto que serán las y los consejeros nacionales de Morena quienes tendrán que deliberar sobre la idoneidad de los candidatos a las gubernaturas de Guerrero y San Luis Potosí, enfrentando a dos de sus militantes más importantes o a la primera mujer presidenta.
Por parte del Partido Verde y anticipando que aprovecharse de las negociaciones nepotistas contra el nepotismo podría ser un desacato a la presidenta, la senadora Ruth González y favorita para suceder al gobernador de San Luis Potosí ha dejado claro que no participará.
Y es que no todo lo legal es lo correcto ni lo moral. Además, la reforma plantea la idea que la prohibición del nepotismo garantizará que accedan a los cargos públicos personas con trabajo, capacidades y méritos para desempeñarlos, y no “personas que su única valía es contar con un vínculo familiar con quien actualmente está ocupando el cargo”. El hecho es que es temprano pero los manotazos ya comenzaron y parece que aquellos decididos a ceder en 2024, no tendrán la misma disposición en 2027 y 2030.