La promesa de autosuficiencia alimentaria acabó en una paradoja: mientras el discurso oficial hablaba de rescatar el campo, México incrementaba su dependencia del exterior. Hoy se importan más granos básicos que hace una década y se enfrenta el deterioro de los organismos creados precisamente para garantizar el abasto. El campo, lejos de fortalecerse, se debilitó.

Durante el sexenio pasado se estableció como meta la “autosuficiencia alimentaria”. Sin embargo, datos muestran una tendencia contraria. En 2023 y 2024 se rompieron récords consecutivos en importación de granos. En el primer semestre de 2024 las compras externas crecieron 25.1% respecto al año previo y al cierre del año, importaciones de arroz, maíz, trigo, frijol y soya aumentaron 16.2 por ciento. Se estima que en el último tramo del sexenio se adquirieron más de 40 millones de toneladas de granos básicos en el exterior.

En el llamado “segundo piso de la 4T” la tendencia se profundizó. De acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en enero de este año, la importación de sorgo alcanzó 56 mil toneladas, nueve veces más que las 6 mil toneladas importadas el mismo mes del año anterior. Es decir, productos estratégicos para la cadena pecuaria dependen cada vez más del mercado internacional.

Dependencia creciente

México ha incrementado su dependencia de alimentos provenientes, principalmente, de Estados Unidos. Maíz amarillo, trigo panificable, arroz y frijol figuran entre los productos cuya producción nacional resulta insuficiente.

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Aunque México es centro de origen del grano, importa millones de toneladas de maíz amarillo cada año para abastecer a la industria pecuaria y alimentaria. Mientras la producción nacional se concentra en maíz blanco para consumo humano, el segmento forrajero depende del exterior. Algo similar ocurre con el trigo y el arroz, cuya producción ha perdido competitividad frente a precios globales y ausencia de apoyos técnicos sostenidos.

Entre los factores que explican esta situación destacan abandono del extensionismo rural, reducción de inversión en infraestructura hidráulica, inseguridad en regiones agrícolas y una política de precios de garantía con resultados limitados. Aunado al encarecimiento de fertilizantes, la sequía recurrente y una incertidumbre regulatoria que frena inversiones.

Segalmex: símbolo del deterioro

Un caso emblemático del fracaso institucional en materia alimentaria es Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) creada en 2019 para garantizar abasto alimentario a familias vulnerables a precios justos —bajo un esquema similar al que tuvo Conasupo— ambos organismos, por cierto, terminaron convertidos en nido de corrupción del sexenio.

La Auditoría Superior de la Federación detectó en Segalmex contratos indebidos, pagos por productos no entregados, triangulación de recursos y desvíos que ascendieron a miles de millones de pesos bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández. Entre los casos documentados figuran convenios para adquirir carne deshebrada y en cubos por más de 73 millones de pesos, de la cual se recibió una parte y otra, terminó descompuesta, apenas 11% del monto invertido logró recuperarse vía ventas.

En su momento organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron irregularidades. Tras los señalamientos, Ovalle fue removido y trasladado a otra dependencia federal dejando abiertas varias interrogantes sobre la rendición de cuentas.

El escándalo incluso rozó el ámbito internacional ampliando la dimensión política del caso: señalamientos periodísticos vincularon operaciones comerciales con Alex Saab, presunto operador financiero del régimen de Nicolás Maduro.

Campo debilitado, país vulnerable

El sector agrícola sufrió reestructuraciones que redujeron la capacidad técnica del Estado. Programas productivos fueron sustituidos por transferencias directas con programas como “Producción para el Bienestar”, cuyo impacto ha sido limitado. Bajo la conducción de Víctor Villalobos, el sector enfrentó amplias críticas por la insuficiente respuesta ante sequías severas y la caída en cultivos estratégicos.

Los problemas estructurales como fragmentación de la propiedad rural, baja adopción tecnológica, escaso acceso a financiamiento y presión del cambio climático persisten y, sin políticas integrales que articulen inversión, innovación y seguridad, el campo difícilmente recuperará dinamismo.

La combinación de menor producción interna, mayor dependencia externa y debilidad institucional repercute inevitablemente en los precios y, en un contexto internacional volátil, México hoy es más vulnerable que hace seis años.

La crisis alimentaria es resultado de decisiones políticas, omisiones administrativas y prioridades equivocadas. Un país que no puede garantizar comida a sus ciudadanos compromete su economía y hasta su soberanía. De mantenerse esta tendencia a las importaciones, México seguirá pagando, en dólares y en oportunidades perdidas, el costo de políticas fallidas.

X: @diaz_manuel