En México, las grandes reformas de justicia suelen tener nombre rimbombante y destino federal. Lo que se discute es si la Suprema Corte debe elegirse por voto popular, si los ministros ganan demasiado o si el Consejo de la Judicatura funciona, pero, poco se habla de donde realmente se pudre la justicia: en los juzgados locales.
Es principalmente a es nivel donde se reparten favores, se encarcela a inocentes, se frenan desarrollos, se manipulan expedientes y el castigo llega por consigna, es algo lamentable, sin embargo, mientras no se limpie esa base, ningún cambio estructural será duradero.
Tribunales al servicio del mejor postor
Un caso que ilustra con claridad lo que acabo de señalar es el de Omar O’Rourke Martínez, un desarrollador inmobiliario que desempeña su actividad en el municipio de Chapala, Jalisco, que suma ya más de mil días en prisión preventiva sin sentencia.
Su historia, por el drama humano que implica resulta no solo desgarradora, sino reveladora de la forma en que operan muchos tribunales en México: al servicio de intereses, sin control y sobre todo, sin consecuencias.
El caso nació a partir de una denuncia presentada en 2021 por Christine Louise Wiener, hija de un socio comercial ya fallecido, quien acusa a Omar de haber incurrido en administración fraudulenta, asociación delictuosa y amenazas. A pesar de que ella misma validó en 2018 las tareas de administración que venía realizando Omar, años después, y sin aportar pruebas contundentes, decidió revocar su confianza y consiguió que el juez segundo de Chapala, Arturo González Santana, dictara orden de aprehensión y prisión preventiva justificada en contra de O’Rourke Martínez.
Abusos e ilegalidad
Desde entonces, la justicia local ha desencadenado una serie de abusos de autoridad en contra del imputado, incluyendo embargos a familiares sin relación con el proceso, afectación a la empresa familiar y una negativa reiterada a revisar la procedencia de la prisión preventiva, la cual ya excede por mucho los plazos legales.
El caso que aquí se relata tiene lugar en un juzgado que ha acumulado más de dos mil quejas formales por corrupción, de acuerdo con la denuncia que públicamente realizó en 2024 el presidente del Consejo de Abogados de Jalisco, las irregularidades que se han señalado tienen que ver con cobros por turnos, venta de rifas para comprarle coche al juez, y un muy largo etcétera.
No se trata de un caso aislado, basta reflexionar un poco para darse cuenta de que lo que pasa con Omar se replica por todo el territorio nacional, con personas que se encuentran encarceladas bajo una prisión preventiva y sin sentencia. Lo que más indigna no es solo la privación de la libertad de la que ha sido objeto Omar, sino la impunidad de un sistema judicial que, en lugar de impartir justicia, administra vendettas.
Los antecedentes del caso
La historia completa de los O’Rourke es la de una familia comprometida con el desarrollo económico y social de Chapala, que durante años se han dedicado a la construcción de fraccionamientos y a impulsar importantes proyectos turísticos como el Radisson Blue Resort & Spa Ajijic, y que además se han interesado en la comunidad a través de la donación de terrenos para escuelas y centros culturales. Pero ahora todo eso está paralizado, los empleos que generaban desaparecieron y por consiguiente la economía local sufre.
Pero en mensaje va más allá, y es algo que no podemos pasar por alto: si pueden hacerle esto a un empresario conocido, con arraigo y con respaldo público ¿qué no le harán a alguien sin recursos ni redes que lo sostengan? De miedo
El síntoma de un mal que se expandió sin control
El caso de Omar es uno de los miles que ponen en la mesa la urgencia de una verdadera reforma en los poderes judiciales estatales, en la que no basta con cambiar nombres o mover fichas, lo necesario es romper con las redes de poder y establecer mecanismos de evaluación ciudadana sin colores, intereses creados, ni filiación política, que funjan como verdaderos contrapesos internos y externos.
México no podrá avanzar con una justicia que opera como feudo, con jueces que se sienten intocables porque están lejos del reflector nacional mientras reciben a cambio de sus favores cheques, regalos y demás prebendas, es decir, que venden al mejor postor la impartición de justicia, algo de lo que no son dueños y al hacerlo, defraudan a una sociedad entera que se queda al margen de una correcta impartición de justicia, porque no la pueden comprar.
Mientras pongamos el foco solo a nivel federal, y no donde realmente está el problema —los tribunales locales—, seguiremos fabricando reformas que suenen correctas para el discurso, pero que no le sirven a Omar ni a miles como él que siguen esperando lo más elemental: justicia.
X: @diaz_manuel