El tema que con más frecuencia se menciona como asunto prioritario en las preocupaciones ciudadanas, e incluso entre los aspectos que afectan la decisión de los inversionistas nacionales y extranjeras para iniciar, ampliar o relocalizar negocios en el país, es el de la seguridad. Afecta también a los pequeños negocios por el cobro de los derechos de piso y alienta la informalidad.
Los índices que se reportan en cuanto a los homicidios dolosos muestran conforme a las estadísticas del gobierno federal un descenso importante, mencionándose que se han reducido en más de un 40% en lo que lleva la actual administración. Sin embargo, tal tendencia no se corresponde en las encuestas del propio INEGI, pues reporta que la percepción de inseguridad se mantiene sumamente alta entre la población; por otra parte, las notas informativas a través de los distintos medios siguen acreditando una incidencia escandalosa en delitos graves.
Ni que hablar si se transita al mapa delincuencial donde el peso que muestran cárteles y distintas organizaciones dedicadas a la comisión de delitos asola a regiones enteras en estados como Sinaloa, Michoacán, Colima, Zacatecas, Jalisco, Morelos, Guerrero, Chiapas al tiempo que se expande en otras que se mostraban alejadas de ese problema, como ocurre ahora en Yucatán y Campeche.
Es evidente que, si de percepción se trata, el gobierno realiza un importante esfuerzo para dar cuenta de una tenaz captura de líderes de organizaciones delictivas, con lo que se pretende dar cuenta de una lucha decisiva para combatir a la delincuencia. Un esfuerzo que, sin embargo, casi no toca a las autoridades, por más que se sepa sobre su obvio involucramiento en una expandida actividad delictiva que sin la participación de funcionarios públicos del más diverso nivel, no es concebible.
Se presenta un esquema que llevado a la simplicidad pareciera una pugna entre policías y ladrones, lo que resulta ridículo si se advierte la dimensión que alcanzan los delitos cometidos; por ejemplo, la cantidad de 600 mil millones de pesos que se calcula en las operaciones anuales del huachicol fiscal, que necesariamente implica la participación de autoridades fiscales, instancias aduaneras, portuarias, hacendarias, empresas transportistas, las llamadas factureras, secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, entre otras.
La cantidad de recursos en juego convierte la actividad delincuencial en un tema de gran impacto económico, que entre sus capacidades desarrolla una importante fuerza de corrupción con una clara propensión a impactar al gobierno, así como al partido en el poder, máxime cuando la tendencia que estos muestran es a centralizar y concentrar funciones, decisiones, procesos administrativos y responsabilidades. La delincuencia cuenta con tremendo poder económico, al tiempo que ha construido una incontrastable influencia política.
El fenómeno delincuencial, su permeabilidad en el gobierno y en su partido, lo convierte en una instancia de poder político (que como ocurre en todas las estructuras de poder) busca garantizar sus intereses y darles permanencia en el futuro. De ahí su propensión a financiar campañas y candidaturas políticas, con lo que la delincuencia gana posiciones para operar sin grandes preocupaciones sobre su posible persecución por parte de las autoridades, de modo de obtener impunidad mediante la construcción de una red de vínculos, a través de la cual, es de presumirse, que muchas de las detenciones resultan acordadas.
La unificación de líneas de mando en instancias reducidas y con facultades discrecionales favorecen los actos de corrupción; otro tanto ocurre con la ruptura de los equilibrios y contrapesos entre los poderes, pues todo ello resulta propicio para sostener acuerdos que transitan fuera de las pautas legales o en la simulación de observarlas. El nuevo régimen político que se jacta de haber puesto en pie tanto el gobierno en funciones, como su antecesor, muestra un despliegue autoritario que es funcional a la realización de acuerdos con las organizaciones delictivas y para corresponder a “sus contribuciones” con impunidad.
En esa óptica, la política de seguridad más bien es una política de inseguridad, puesto que los intereses que pretende garantizar no son los de la legalidad y de la ciudadanía, sino los de las organizaciones delictivas inscritas en acuerdos de supervivencia en la ilegalidad, dentro de una compleja red de negociaciones y acuerdos que pone a salvo a las autoridades que regulan el proceso.
Ello explica que las acciones emprendidas por el aparato de justicia se centran en detenciones, no siempre firmes a través de las resoluciones judiciales, y que exista una evidente oposición a procesar a autoridades políticas y administrativas del máximo nivel, como claramente ocurre con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha que, en una narrativa cada vez más difícil de aceptar, se le pretende ajeno a la escalada de violencia que ha vivido esa entidad durante los últimos años.
Ocurre así con diversas autoridades políticas en tanto se les pretende eximir de posibles imputaciones delictivas, para dejar el asunto en ese viejo esquema de persecución a redes criminales “puras”. Mantener esa visión convierte a la política de seguridad en una política que administra la inseguridad, que hace de la clase política del partido en el poder un coto intocable y que, por ende, corrompe la justicia, amenazando con convertirla en instrumento para la persecución de opositores.
Aun así, la política de inseguridad tiende a fracturarse por sus propios excesos y extravíos.