Ayer el abogado Tejado Dondé, compañero de casa editorial en SDPnoticias, publicó en El Universal una columna titulada: “¡La Consejería Jurídica de la Presidenta se autodesaparece!”. El texto alude a un error de transcripción en el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) con la que se crea la Secretaría de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, elevando el rango del antiguo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) al gabinete presidencial.
Me ha sorprendido que varias de las afirmaciones en aquel texto sean tan graves, como sugerir que una transcripción incompleta sea sinónimo de suprimir a la Consejería Jurídica del Ejecutivo o afirmar, por analogía, que no hay defensa para la Presidencia.
Para tranquilidad de los amables lectores, cabe recalcar que además del fundamento jurídico de la misma en el artículo 90 de la Constitución, su vigencia no está sujeta exclusivamente a su inclusión en la ley secundaria, pero principalmente, es falso que un error de transcripción tenga por consecuencia una inmediata supresión.
Es falso que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se “autodesaparezca”. En términos de técnica legislativa, la única forma de suprimir una dependencia es mediante una disposición explícita que establezca su derogación. De hecho, el mismo dictamen deroga algunos párrafos y si no existe una nota explícita con la leyenda “*Se deroga”, aquel artículo queda sin cambios, puesto que las tablas son simplemente herramientas esquemáticas para facilitar la comprensión de la reforma. Como, por ejemplo, este fragmento de la página 92.
El artículo 26 de la LOAPF puede haber omitido una referencia explícita a la Consejería Jurídica, pero esto no implica su desaparición ni supresión. Máxime cuando, igualmente por técnica legislativa, cada cambio contiene distintos momentos de menciones y en el cuerpo de la Exposición de Motivos, suele colocarse la intención de la reforma, así como sus cambios y las razones que la originan. Esta omisión es fácilmente subsanable en el proceso legislativo, diseñado precisamente para permitir correcciones y adiciones. Sin problema alguno podrá revisarse en Comisiones del Senado de la República.
Sorprende porque el abogado Tejado Dondé, además de tener una inteligencia preclara, conoce a profundidad el derecho administrativo y ha tenido sensibilidad. Hace un par de años, el mismo fue productor de la serie Caníbal: Indignación Total en Televisa, de la mano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida en aquel entonces por el ministro Arturo Zaldívar.
Por otro lado, las reglas de la lógica nos dicen que solo debemos comparar lo comparable pues en el caso opuesto, solo podremos encontrar falacias. Es por ello que parece incorrecto afirmar que este tipo de omisiones afecten la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La negociación y defensa de tratados internacionales son competencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que cuenta con equipos jurídicos especializados. Además, otras instancias facultadas, como la Secretaría de Economía y organismos técnicos, también participan en el seguimiento y cumplimiento del T-MEC. En algunos casos, un cuerpo de asesores que contempla a los asesores técnicos del Senado de la República está presente. Aquí el punto es que, tanto Ernestina Godoy Ramos ha demostrado ser una de las mejores abogadas del país, como es un hecho que la Consejería Jurídica Federal no actúa sola ni concentra todas las responsabilidades legales de estas negociaciones, aunque no hay duda que su liderazgo pueda coordinar a un equipo de tal magnitud puesto que ya lo ha hecho antes.
Javier Tejado Dondé ha sido un abogado virtuoso de la prudencia. Sin embargo, asegurar que no hay quien cuide a la Presidenta en términos legales por una transcripción que sinceramente, como asesora legislativa y asesora técnica de Comisión en el pasado, es un error común que se subsana sin mayor problema, es una declaración aventurada y sin sustento. Existe una clara diferencia entre la responsabilidad de brindar defensa legal al Ejecutivo y la facultad de proponer iniciativas al Legislativo. La supervisión y asesoría jurídica de la Presidenta están garantizadas por la Consejería Jurídica, cuyos procesos y equipo operan conforme al marco constitucional con un equipo vasto. Una iniciativa, además de pasar por distintas manos, es un producto de consenso general y está sujeta a cambios en cualquiera de las instancias del proceso legislativo previo a su aprobación general en cualquiera de las Cámaras.
Ernestina Godoy Ramos ha demostrado un trabajo impecable en sus funciones. Desacreditarla como persona por algún mínimo detalle de su equipo resulta un despropósito. Coordinar la implementación de legislación secundaria de la reforma judicial y desarrollar propuestas clave como las reformas de la presidenta Sheinbaum implica una labor de alta complejidad y gran carga que cumple con puntualidad. Culparla por una omisión que es fácilmente subsanable en el proceso legislativo parece más bien una acusación de mala fe, con todo respeto para el abogado. Inclusive, me atrevería a decir que las labores realizadas por mujeres en el poder, son particularmente escudriñadas y severamente juzgadas por los hombres. Un hiper foco que no se tiene con los pares de género, ante los que se sobrepone la cortesía de omitir pequeños errores o inclusive, informarlos en privado.
Aunque la Consejería Jurídica enfrenta restricciones presupuestales, esta limitación no es exclusiva de esta dependencia, sino que refleja una máxima de austeridad que está vigente desde 2019 e implica ajustes presupuestales en diversas áreas. El equipo jurídico de la Presidencia ha trabajado bajo esquemas que buscan maximizar la eficiencia, y sus atribuciones están respaldadas por recursos humanos y legales complementarios en las demás dependencias del Ejecutivo Federal. Imagine usted: implementar una mega reforma al Poder Judicial, así como concretar cambios para la república científica, digitalizada y feminista no es cualquier cosa.
En suma, valdría la pena que, tras enlistar errores menores, se profundizara en más de 30 reformas y nuevas legislaciones que conllevan los cambios para mejorar la justicia del país. Así como llamar al Congreso de la Unión a blindar estos cambios legislativos, que insisto, se encuentran lejos de tener las consecuencias afirmadas en aquel fatalista texto.