La nefasta reforma al Poder Judicial se complica cada día. Como si no fuese suficiente el hecho mismo de que esta transformación conlleva desde el origen la destrucción de la independencia de los jueces y magistrados, las elecciones del próximo 1 de junio se anticipan como una calamidad digna de predicciones catastróficas.
El Tribunal Electoral y los jueces de distrito han sido protagonistas de esta farsa. Mientras los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo han decidido unilateralmente desacatar los fallos de amparo que les ordenaban suspender los ejercicios, el embrollo condujo a que el comité del judicial fuese el único dispuesto a respetar el Estado de derecho.
Todo ha derivado de una contradicción de principios en relación con las competencias del Tribunal y de los jueces. El máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, asegurando que la elección es su competencia exclusiva, pues se trata, a su juicio, de un asunto de carácter electoral, ha dispuesto como le ha dado la gana.
Hace apenas unos días enviaron a la Mesa Directiva del Senado, arrogándose facultades para dirimir la existencia o no de competencias de jueces federales, las listas pendientes de candidatos para que fuesen Noroña y los suyos los que organizasen las tómbolas. Patético.
Los jueces de distrito, por su parte, han asegurado haber actuado con base jurídica. A su juicio, los derechos de los quejosos, entre ellos, los propios jueces y magistrados que serán víctimas del bodrio de reforma, no son de carácter electoral, por lo que sí que tendrían facultades, a la luz de la ley de amparo, para detener el proceso.
Según ha trascendido, esta semana la Suprema Corte se pronunciará nuevamente. Podría, en su caso, exigir al INE el cumplimiento de las órdenes de amparo (lo que provocaría, huelga recordar, la ira del Tribunal y del oficialismo) o simplemente declarar la elección del 1 de junio como un asunto definitivamente electoral, cargándose, a su paso, las resoluciones de amparo de los juicios de distrito, y por tanto, los derechos legítimos de los afectados.
El asunto se ha complicado, y se ha alejado, a su vez, de la comprensión de los ciudadanos de a pie. Se ha vuelto un tema de jueces, amparos y controversias. Está ahora en un terreno árido y complejo que difícilmente enriquecerá el debate público.