El concepto de transición política ciertamente se encuentra asociado al proceso que condujo a distintos países a lograr un traslado acordado, que permitió ir del autoritarismo a la democracia; destaca el caso de España como suceso emblemático cuando a la muerte de Francisco Franco, y a pesar de su señalamiento de que dejaba todo amarrado y bien amarrado, se decantó el paso a una nueva Constitución que abrazó el régimen democrático; antes Portugal había vivido la llamada “revolución de los claveles”, y después de ellos, otros países emprendieron mudanzas de tal tipo.
Así, hablar de transición al autoritarismo parece trastocar y desnaturalizar el término, pero sirve para identificar lo que experimenta México en la actualidad, en tanto tiene lugar un traslado que deja atrás la ortodoxia de una larga y gradual transición política que desmontó el arreglo autoritario que lo caracterizaba para así pasar a una democracia sustentada en elecciones confiables, competitivas entre los distintos partidos y con alternancia política, un cambio hacia una reversión donde se invierte la naturaleza y dirección de ese cambio de régimen para derribar la democracia edificada a través de décadas y, en sustitución de ella, arribar al autoritarismo.
La teoría política ya advertía de ese riesgo desde la época de Platón cuando en su obra La República señalaba que la tiranía no puede emanar de otro gobierno que no sea el de la democracia “de la extrema libertad nace la esclavitud más plena y más atroz”. También, mucho después, Tocqueville mencionó en su libro La democracia en América, una clara admonición sobre lo que él llamó el despotismo democrático o la tiranía de la mayoría; resulta elocuente su señalamiento de que “[…] no hay monarca tan absoluto que pueda reunir en su mano todas las fuerzas de la sociedad y vencer las resistencias, como puede hacerlo una mayoría revestida del derecho de hacer las leyes y ejecutarlas”. Mencionaba que la tiranía puede ejercerse en nombre de la ley misma; para combatir ese extravío exaltó el papel de los tribunales y de los jueces para contrarrestarlo.
El tema de la degeneración de la democracia en su opuesto, no solo está referida al plano teórico, también la historia acredita el suceso a través de lo ocurrido tanto con el fascismo como con el nazismo; el primero da cuenta de la reforma electoral de junio de 1923, conocida como la Ley Acerbo, permitiendo que Mussolini alcanzara a través de su partido una amplia sobrerrepresentación que lo llevó a obtener la mayoría en el Congreso; por lo que respecta a Hitler, se encuentra la reforma que impulsó en 1933 para obtener facultades extraordinarias que le permitían emitir leyes sin pasar por el Congreso, lo que hizo posible asentar su dominio político y garantizarlo con el partido nazi.
Debe destacarse que en ambos casos se logró conformar un gobierno de corte autoritario en el marco de las leyes vigentes en ese momento y, conforme a ellas mismas; es decir, en sus propios márgenes, se derogó, en los hechos, el régimen democrático que estaba vigente para lo cual se contó con la complacencia e impulso de la mayoría constituida. En términos de Tocqueville cobró sus efectos la dictadura de las mayorías.
La amarga experiencia del fascismo, en buena medida, impulsó el llamado constitucionalismo democrático, como una expresión encaminada a proteger el régimen republicano en sus valores esenciales, a través de impedir su modificación constitucional a resultas de la expresión de las mayorías; surgió así la idea de los llamados principios pétreos y de la revisión judicial de las reformas constitucionales, entre otros mecanismos destinados a limitar la capacidad reformadora de las mayorías; por ende, considerar la existencia de disposiciones que escapaban a la posibilidad de ser modificadas aún cumpliendo las disposiciones legales para hacerlo.
¿Dentro de este contexto en dónde se puede ubicar a México? Es claro que después de la etapa revolucionaria y de la Constitución de 1917 se erigió un régimen de corte autoritario que buscó justificarse en la necesidad de lograr estabilidad política y de cumplir las disposiciones de carácter social inscritas en la norma suprema; la centralización del poder fue una de las respuestas a ese imperativo y su correlato estuvo en el impulso a políticas que pretendían responder a las demandas populares que acompañaron el levantamiento armado; pero el imperativo democrático aparecía relevado o postergado. En el ánimo de construir respuestas en ese ámbito, se inició un largo proceso de reformas político-electorales que iniciaron en 1946 con la creación del primer antecedente del actual INE, con la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, posteriormente, con una secuencia intensa de nuevas reformas sobre la materia.
Con las modificaciones aprobadas en 1996 se logró la autonomía constitucional del entonces IFE, impulsar el sistema plural de partidos, la competencia política y la alternancia, todo ello en condiciones de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas; de esa manera la nueva conformación de la Cámara de Diputados en 1997, sin la existencia de un partido con la mayoría absoluta y, más adelante, con los comicios del año 2000 donde ocurrió la primera alternancia política en la presidencia de la república, en condiciones de regularidad en el funcionamiento del sistema político, probó, en los hechos, que se había abandonado el sistema de partido hegemónico, contando para ello con la comprensión e impulso del PRI, por paradójico que ello pudiera parecer.
Nuevas reformas político-electorales fueron promovidas y aprobadas a partir del aprovechamiento de las experiencias que dejara el sistema electoral y el funcionamiento del régimen político, y en condiciones de acuerdo entre las distintas fuerzas partidistas, así como de la opinión de especialistas y de los órganos correspondientes.
Sin embargo, desde la visión del anterior gobierno se vivió el intento de emprender una reforma política electoral que irrumpía las bases de los acuerdos alcanzados dentro de la larga transición política mexicana a la democracia. A pesar de que se impidió tal intento, vuelve a la carga esta administración con la amenaza de dar continuidad a un conjunto de reformas que no habían podido prosperar y que marcan un claro perfil autoritario, como lo demuestran la conformación de una mayoría calificada a partir de la sobrerepresentación; la desaparición de órganos autónomos que recreaban los sistemas de control y contrapeso al poder ejecutivo; desde luego se inscribe en ese renglón la funesta reforma del poder judicial con la elección de jueces, ministros y magistrados a través de acordeones, como también lo expone así las modificaciones impulsadas por el gobierno a la Ley de Amparo, así como otras muchas medidas que sería complejo enumerar.
Lo cierto es que el gobierno impulsa una transición autoritaria que, todo indica, busca tener su pieza maestra a través de la reforma electoral que está por presentar. En efecto, vivimos un cambio de régimen que se caracteriza por pasar de la democracia al autoritarismo dentro del marco constitucional vigente, pero modificándolo en su naturaleza, tal y como lo hicieron el fascismo y el nazismo. Vivimos, pues, en una transición que galopa aceleradamente hacia el autoritarismo y que se inspira o reproduce acciones que se emprendieron por parte de gobiernos que dejaron los peores registros de lo que puede llegar a hacer la tiranía, la dictadura y el autoritarismo, así se pretenda ahora ampararse en la cobertura de una fachada populista.
El siempre recordado Umberto Eco nos decía que “[…] en el fascismo los individuos no tienen derechos, y el pueblo se concibe como una cualidad, una entidad monolítica que expresa la voluntad común. Puesto que ninguna cantidad de seres humanos puede poseer una voluntad común, el líder pretende ser su intérprete”. Así nos ocurre aquí por un gobierno que pretende condensar el sentir y opinión del pueblo, aunque de él escapen la parte que se ha expresado de forma alternativa, y aun subsuma las diferencias de quienes dice personificar.