Después de la reforma judicial que ha generado amplio debate por el impacto a los pesos y contrapesos de la democracia constitucional, la separación de poderes y los derechos humanos frente a la nueva integración de los tribunales, una reforma se está gestando en razón del Cartel del Despojo que opera en el Estado de México y en otras partes del país.
El caso más escandaloso y reciente fue el de la señora Carlota, que desesperada por la falta de acción de las autoridades tuvo que recurrir a la justicia por mano propia para recuperar su casa, aunque en el exceso de auto defensa, al disparar a los ocupantes, ha quedado presa enfrentando cargos.
Sin embargo, el despojo entendido como el delito de apropiarse de propiedad ajena ya no se trata solamente de agremiados que invaden predios baldíos sino que ahora es una actividad sofisticada en la que se involucran empresas inmobiliarias, despachos de abogados y hasta notarios públicos así como juzgadores, que avalan fabricaciones de escrituras o de contratos así como esquemas triangulares con los que hacen misión imposible la recuperación inmediata de un inmueble y la acreditación del delito.
Este esquema se ha observado en Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y otras entidades además de los municipios mexiquenses.
Simplemente en la capital, una investigación de Meneses Reyes calcula que en números absolutos, los despojos reportados pasaron de diecinueve mil eventos en 2002 a veintinueve mil en 2020; lo que significa un incremento de poco más de 45% de eventos delictivos de despojo en las últimas dos décadas.
Durante 2023, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México propuso elevar elementos de seguridad de las escrituras públicas con las que puede acreditarse la propiedad mediante la incorporación de datos biométricos. El hecho es que la simple figura del notario público es vista como un privilegio indebido y la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado a contemplar una reforma notarial como parte de los esfuerzos por popularizar la justicia.
La reforma notarial representa un desafío a los privilegios y una nueva era para la fe pública que invita a repensar la vigencia, así como la necesidad de aquella figura. El concepto de notario tiene sus raíces en el derecho romano, donde la figura del notarius era el encargado de registrar los actos y documentos más importantes para asegurar su validez y autenticidad. A lo largo de los siglos, esta función ha evolucionado, y hoy en día los notarios tienen la responsabilidad de garantizar la legalidad y la fe pública de los documentos que certifican, principalmente en compraventa de inmuebles así como en el acto de hacer un testamento válido y otros contratos tipo la donación o transacciones corporativas.
Sin embargo, el mundo ha cambiado, y la tecnología ha revolucionado la manera en que podemos almacenar y verificar información. Las firmas electrónicas, el uso del Código Hash para garantizar la integridad de los documentos, y los sistemas de documentación pública encriptada son solo algunos de los avances que permiten contener la fe pública sin necesidad de la intervención de un notario físico. A medida que la tecnología continúa avanzando, nos preguntamos si aún tiene sentido mantener una función tan tradicional y costosa como la del notario público en su formato actual.
Lejos de los nobles orígenes, esta figura se ha pervertido por sexenios, empañada por corrupción y favoritismo, por lo que parecido a la judicial, las reformas propuestas al sistema notarial se presentan como un primer paso hacia la democratización de los servicios jurídicos. El objetivo principal es desmantelar los privilegios de los notarios en los estados, muchos de los cuales han obtenido sus patentes a través de favores políticos, otorgados por gobernadores en turno. Esta práctica ha dejado al sistema notarial vulnerable al abuso y al desprestigio, ya que muchos notarios no cuentan con la capacitación ni la vocación necesaria para ejercer con ética y profesionalismo.
En la Ciudad de México, el notariado ha establecido un proceso estricto para otorgar las patentes, basado en exámenes rigurosos, experiencia, resolución de casos y hasta exposición oral. Sin embargo, este procedimiento no se replica en todo el país. En otros estados, la decisión sobre quién obtiene una notaría sigue siendo una cuestión política, no meritocrática, lo que crea un sistema profundamente desigual y propenso al clientelismo. Este vacío ha favorecido a muchos grupos, cuyas ganancias provienen de honorarios excesivos y, en algunos casos, del aprovechamiento de la fe pública, lo que va en contra de los principios de austeridad promovidos por el actual gobierno, que rechaza la opulencia y el abuso en cualquier esfera pública.
Una de las posibles medidas es la creación del “Notario del Bienestar”, una figura que cambia al abogado con patente por un servidor público calificado responsable de ofrecer servicios notariales a costos estandarizados por la ley y con un salario fijo, sin los incentivos que actualmente fomentan el abuso de la fe pública.
Otra propuesta que busca transformar el sistema es la desaparición de la designación de notarías por parte de los gobernadores.
El control federal único es otro de los cambios fundamentales. Este sistema busca estandarizar la calidad y la especialización de los servicios notariales a nivel nacional, eliminando a aquellos notarios que no cumplan con los estándares profesionales establecidos y quitándole a cada entidad la facultad para definir sus criterios de elegibilidad para el notariado. En este sentido, los notarios pasarían de ser profesionales privados con fe pública a servidores públicos sujetos al nuevo sistema. Este cambio implica un control más riguroso sobre sus actividades, garantizando mayor transparencia y legalidad en sus funciones aunque para los más críticos, podría ser fuente de corrupción. Algo que ya existe y que justamente es el origen de la compleja tarea para combatir al despojo, puesto que los nuevos ocupantes de inmuebles invadidos ya cuentan con documentos apocrifos o realizados indebidamente con los que afirman ser propietarios o arrendatarios y pueden quedarse en el inmueble invadido durante toda la duración del juicio en el que se tendría que probar cual de los dos propietarios es el legítimo.
Otra alternativa consiste en utilizar las nuevas tecnologías así como los servicios legales que busca integrar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para concentrar los servicios notariales en un sistema inteligente operado por la agencia y desagregar las funciones sobre testamentos al sistema del Registro Civil, como parte de las actas de defunción.
El hecho es que las barbas de los notarios ya deberían estarse remojando pues la polémica por los despojos podría acelerar aquellas anunciadas reformas. Es momento de reflexionar si estas funciones pueden ser reemplazadas o complementadas con tecnologías más eficientes, accesibles y económicas. Lo que está claro es que el sistema notarial necesita una reforma profunda para adaptarse a los nuevos tiempos, erradicar los abusos y garantizar la legalidad y transparencia en el país, aunque no necesariamente eso implique borrar de un plomazo a todos los notarios pues entre ellos existen abogadas y abogados ilustres, muy brillantes y definitivamente honestos. Probablemente Olga Sánchez Cordero pueda diseñar una reforma justa para el gremio y para responder a la crisis que el Cartel del Despojo va generando a tantas familias a quienes les costó mucho hacerse de una propiedad.
X: @ifridaita