Quienes piensan que la relación con España se va a la basura por el tropiezo con su rey, se equivocan. Por un lado, destaca que el desaire al rey español fue muy celebrado por una amplia ciudadanía española que milita en la izquierda. En la última década, España ha vivido debates intensos para abolir la corona, dejar de tener un rey y transitar de monarquía a república.
Sus principales cuestionamientos se han enfocado en criticar la herencia franquista en la corona, señalando a la realeza española por ser cómplice de aquel régimen totalitario en el que quedó poco espacio para respirar.
Una enmienda a la Ley de Memoria Democrática de 2021 ha reabierto una vieja herida en la política española: el rol de la Monarquía en el legado franquista. ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el PdeCat, la CUP y el BNG han propuesto una enmienda que busca suprimir el título de Rey de España, junto con los privilegios que acarrea, apuntando directamente a la Corona como uno de los últimos vestigios de la dictadura. Este gesto simboliza mucho más que una reforma legislativa; es un intento de cuestionar el pacto político que surgió de la Transición, en el que la Monarquía se consolidó como garante de la unidad del Estado.
La enmienda de los partidos independentistas y nacionalistas sostiene que la reinstauración de la monarquía en la figura de Juan Carlos I fue fruto del franquismo. Apelan a la Ley de Sucesión de 1947, donde se establecía que España sería un reino, y Franco, como dictador, designaría a su sucesor. Según estos grupos, la Constitución de 1978 no fue sino una extensión de esa herencia, legitimada a través de un referéndum cuya pregunta, dicen, solo ofrecía una opción “tramposa” entre una dictadura prolongada o una “monarquía parlamentaria”.
Esta argumentación, que podría parecer anacrónica, resurge precisamente en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió hurgar nuevamente en el franquismo. La reforma a la Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Ministerio de la Presidencia bajo la dirección de Félix Bolaños, tuvo como propósito fundamental la reparación de las víctimas del régimen, la eliminación de títulos nobiliarios y distinciones que exalten el franquismo, y la condena explícita de sus actos. Sin embargo, para los cercanos a Sánchez, esta ley no va lo suficientemente lejos. Lo que se plantea ahora es una revisión aún más profunda: despojar a la Casa Real de su legitimidad histórica y de las prerrogativas que se le concedieron como símbolo de continuidad entre la dictadura y la democracia.
Resulta revelador que esta enmienda haya sido respaldada por todo el bloque independentista, especialmente catalán, que desde el discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 lo percibe como un antagonista irreconciliable. Para estos sectores, el rey no es más que un recordatorio viviente de los mecanismos represivos que se ejercieron contra sus aspiraciones soberanistas. En este sentido, la propuesta no solo es ideológica, sino también simbólica: eliminar el título de rey sería una forma de zanjar la relación histórica de opresión que, a su juicio, representa la Corona.
A pesar de que Unidas Podemos no ha respaldado esta iniciativa, su propuesta ha generado una considerable agitación política. Se anticipa que los socialistas rechazarán esta enmienda, conscientes del impacto que tendría eliminar la monarquía de un plumazo en el sistema institucional español. Pero lo que queda claro es que la caja de Pandora ha sido abierta. La Ley de Memoria Democrática, que inicialmente se presentaba como un proyecto de consenso en torno a los crímenes del franquismo, ha mutado en una disputa sobre el pasado, el presente y el futuro del Estado español.
En este contexto, el PSOE se encontró en una posición delicada. Por un lado, necesitaba los votos de sus socios para sacar adelante la ley; por otro, debe evitar una confrontación directa con la Corona que desencadenaría una crisis institucional. Mientras tanto, el proyecto de ley permanece estancado en la Comisión Constitucional, con una sucesión interminable de ampliaciones en el plazo de presentación de enmiendas parciales. Lo que comenzó como un esfuerzo para cerrar las heridas del pasado se ha convertido en un campo de batalla en el que las facciones políticas miden sus fuerzas de cara al futuro.
Lo que está en juego no es solo la Monarquía ni la memoria del franquismo, sino el propio relato sobre cómo España llegó a ser lo que es hoy. Los independentistas, con su enmienda, han decidido dar un paso más allá, forzando una reflexión incómoda sobre los cimientos mismos de la democracia española. Y mientras el Gobierno de Sánchez se debate entre el pragmatismo y el idealismo, la Monarquía observa desde su trono, consciente de que las embestidas contra su legitimidad no han hecho más que empezar.
Así, la falta de invitación a la toma de protesta de la primera presidenta de México no espantará inversiones ni es un tropiezo diplomático. Es uno de los actos de dignidad más contundentes de Claudia Sheinbaum, que, sin ser aún presidenta, deja claro y en alto el valor de nuestro país que no es colonia de nadie.
Irene Montero, feminista y referente de la Internacional Feminista, estará aquí. Fue ministra de Igualdad del Gobierno de España y ahora diputada. Su presencia junto con la de otros representantes demuestra también que las alianzas internacionales viven y que la colaboración existirá.
Lo curioso es que existan varios mexicanos que, en su rol de conquistados, no puedan reconocer los actos de dignidad. Mejor los extranjeros se los recuerdan: