“Cuando más desquiciada está la vida de la mente, más abandonada a sí misma queda la máquina de la materia.”<br>

GOETHE

Psiquiatría 

La psiquiatrización de la política es lo más peligroso que puede ocurrirle a una nación con una democracia todavía no consolidada. Porque aproxima a su sociedad, así sea un poco —pero en este tema “poco” será siempre demasiado—, a los gulag soviéticos para reeducar ideológicamente a los rivales de Stalin.

Diego Fernández de Cevallos sin duda insultó a Andrés Manuel López Obrador en una entrevista con Carlos Loret de Mola. Se excedió el famoso Jefe Diego, es la verdad, pero hasta ahí. Eso no significa que sea un “desquiciado”, es decir, alguien que no está en pleno uso de sus facultades mentales. Pero así, como “desquiciado”, diagnosticó Antonio Attolini a Fernández de Cevallos.

No es la primera vez que Attolini utiliza el término para descalificar a un político rival de AMLO. En septiembre del año pasado también llamó “desquiciado” al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Lo de menos es que haya sido un bumeran la reciente defensa que Attolini hizo de Andrés Manuel: en redes sociales la gente de oposición respondió, con fuerza, que el “desquiciado” es otro; en efecto, el presidente López Obrador. Mala jugada de un activista de escasas luces. Pero eso no es lo preocupante, sino su manía de recurrir a la psiquiatrización del debate político. No debemos aceptar que se haga costumbre en nadie.

¿O se vale que todas las personas quienes criticamos a AMLO recurramos a tales métodos para desacreditar al presidente de México con el que no coincidimos?

Por supuesto, Andrés Manuel no es “desquiciado” por haber amenazado —sí, eso hizo: lo amenazó con pedir que se le investigue— al juez que considera a la nueva ley eléctrica dañina para la competencia económica. El problema de AMLO no tiene que ver con desórdenes emocionales. Más bien, el presidente de México merece otro calificativo, tomado ciento por ciento de los diccionarios de politología: autoritario.

El juez acosado

En su mañanera de ayer, López Obrador amenazó —nada veladamente— al juez que concedió el amparo para frenar la entrada en vigor de la nueva política eléctrica.

El presidente olvida que existen leyes e instancias en el país para defender al ciudadano y a los colectivos de los actos arbitrarios de las autoridad; el juicio de amparo es uno de esos mecanismos. Además, quien se considera historiador, nos quiere negar una de las máximas de José María Morelos y Pavón: “todo aquel quien se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.

La exigencia de AMLO a la SCJN, para que la judicatura federal a su vez haga una revisión de la decisión de los jueces, es contravenir la división de poderes. El mandatario está amagando con remover jueces de competencia, esos que sí conocen cuales son sus obligaciones.

También está desconociendo que el otorgar un amparo es suspender los actos de autoridad de forma temporal mientras conforme a derecho se determina si dicha suspensión se sostiene o no. Y otorgar amparos o negarlos —en materias como la que se presenta ahora con la reforma eléctrica aprobada por el poder legislativo— es una de las funciones de los jueces de distrito que conforman el poder judicial federal.

La perorata de López Obrador es descalificar el proceder de los jueces y con ello edifica una amenaza a la independencia judicial. Con su ilegal apelación a la Suprema Corte intenta remover a los jueces de competencia y con ello impugnar una moción que se debe dilucidar en los tribunales, no en la palestra presidencial.

Es momento de comprender, para quienes no habían caído en cuenta, que Andrés Manuel es el primero en pisotear la normatividad y pasar por alto que: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. El interferir en actos constitucionales, como lo que quiere hacer con este caso, no solo muestra su desprecio por la autonomía de los diferentes poderes, sino también la construcción de un poder omnímodo y a conveniencia.

Basta de amenazas de López Obrador. Basta de ataques al poder judicial y a todo aquel quien osa demostrar la falsedad del ejecutivo. Basta ya de su desmantelamiento de las instituciones de nuestro país.

El presidente no tiene respeto por la autonomía de los organismos, ni por la separación de poderes, ni por la legalidad que nos rige. Él y sus colaboradores no deben señalar con su dedo flamígero las decisiones judiciales adversas a la reforma energética. En todo caso, se le debe señalar a él y a todos los legisladores, quienes por agradar al habitante de Palacio, prefirieron imponer la caprichosa voluntad del soberano antes que escuchar a los expertos o evitar violar la Constitución.

El juez Gómez Fierro otorgó la suspensión provisional de la reforma a la ley de la industria eléctrica, lo que hace que dicha norma no se aplique hasta que no se dicte sentencia definitiva. Ojalá los ministros de la SCJN también se muestren a la altura y le pongan un ‘hasta aquí’ a AMLO.

En tiempos de incertidumbre y de acoso a las instituciones se requiere funcionarios con valor como ha tenido el antes mencionado magistrado. Una de tantas formas legales de poner un alto a las amenazas de un autoritario.