La “vox populi” asegura que la única mamá con la que se ha reunido el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que va de su sexenio, es con la mamá de “El Chapo” Joaquín Guzmán Loera.
Ni lo afirmo ni lo niego, pero ciertamente, su imagen saludando a la madre de uno de los mayores narcotraficantes del mundo se exhibió en prácticamente todos los medios de comunicación del orbe; mientras que no se conoce de alguna fotografía del presidente entrevistándose o dialogando con las madres de niños con cáncer, con las madres de familia a las que su gobierno les quitó los servicios de guardería o las de los miles de niños que resultaron damnificados tras la cruel determinación de desaparecer las Escuelas de Tiempo Completo, pero mucho menos con aquellas madres que tienen sus manos ampolladas y con hongos de tanto escarbar la tierra en busca de sus hijos desaparecidos.
De hecho, cuando se le ha cuestionado precisamente el porqué de su negativa a reunirse con familiares buscadores, el mandatario ha afirmado existe un propósito manipulador; “es politiquería, es publicidad”, ese su argumento.
“El pasado miércoles 23 de agosto, unas horas antes de que Karla Quintana Osuna presentara su renuncia al cargo de comisionada Nacional de Búsqueda del gobierno federal, el Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) reportaba que en México había 110,995 desaparecidos, de los cuales 57,138 (51.5%) correspondían a desapariciones ocurridas entre el 1 de diciembre de 2018 y el día de la dimisión de la funcionaria.
Tres días después, desaparecieron los reportes de 13,069 mexicanos que figuraban como desaparecidos en esa base de datos, pues el sábado 26 de agosto, ya solo había 44,069 personas en esa condición durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Rauda y eficiente, cada hora de esos tres días la actual administración desapareció a 181 desaparecidos, pues el decremento en las cifras no significa que ya se conozca el paradero de esas 13,069 personas, en realidad se trata de un acto gubernamental, ordenado por el mandatario mexicano, quien no está dispuesto a admitir que su gobierno pasará a la historia como el más cruento en materia de desapariciones desde 1962.(ALTONIVEL27/08/23).
Un día después, a través de un comunicado, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, acusó a Andrés Manuel López Obrador por “rasurar” cifras de desaparecidos en México.
Sostuvo que la política del presidente se basa en “desaparecer a los desaparecidos” para evitar señalamientos.
Durante su mensaje, Emilio Álvarez Icaza calificó al actual gobierno como el más violento de la historia reciente, mismo al que también le adjudicó las miles de desapariciones.
Emilio Álvarez Icaza dedicó un mensaje a AMLO en el que lo acusa por haberle dado la espalda a los desaparecidos en México, así como de haber traicionado a las víctimas.
De acuerdo con el senador, el presidente ha desacreditado a las madres buscadoras y ha rasurado el padrón de desaparecidos para ocultar que “su gobierno es el más violento”:
“El hecho real es que su gobierno es el de mayor número de personas desaparecidas y el de mayor número de homicidios que existe en la historia”.
Emilio Álvarez Icaza, senador independiente
De acuerdo con las estadísticas presentadas, existen alrededor de 111 mil personas desaparecidas, de las cuales el 30% han sido contabilizadas en el gobierno de AMLO.
Emilio Álvarez Icaza concluyó que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) será el responsable de desaparecer a los desaparecidos mediante un nuevo padrón de personas desaparecidas. (SDPnoticias24/08/23).
Desde la mañanera del mismo 24 de agosto en Palacio Nacional, AMLO dedicó un mensaje a familiares de personas desaparecidas y a los colectivos de búsqueda.
“No se preocupen, estamos avanzando en la búsqueda […] somos muchos los que estamos trabajando en esto”, dijo durante su conferencia mañanera.
En apoyo a las familias, subrayó que su gobierno es el que más presupuesto ha destinado para la localización de personas desaparecidas.
Pero ha mentido una vez más, y todo forma parte de una perversa estrategia para reducir significativa y descaradamente el rotundo fracaso de su administración que no se ha preocupado siquiera en recibir a las madres de los desaparecidos ni a destinar el mayor presupuesto para búsqueda como lo presume.
El lunes 31 de julio, el presidente López Obrador dio a conocer que se estaba llevando a cabo una revisión, casa por casa, para tener una percepción más certera de la cantidad de sujetos que se desconoce su paradero y hacer una actualización del censo de personas desaparecidas.
Durante su conferencia de prensa matutina de aquel lunes, el primer mandatario aseguró haber detectado casos de personas que figuraban sin ser localizadas pero que “están vivas y con sus seres queridos”. Por lo que se hizo notar la necesidad de actualizar dichas estadísticas.
Sin embargo, la historia fue contada por Proceso de una manera muy diferente, pues señala que de acuerdo con fuentes consultadas, el subsecretario Alejandro Encinas fue quien se encargó de exigirle a la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que pensara “la manera” de reducir el número de reportes de desaparición, porque el presidente sostiene que están “inflados” los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Las mismas fuentes señalan que los registros se revisan constantemente, y agregaron que, si esa depuración no se hiciera, “tendríamos una base de más de 600 mil personas”.
Después de una primera etapa del “censo” instruido a 22 gobiernos de estados con ascendencia de Morena y sus aliados, realizado en junio pasado por servidores de la nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, Encinas dio indicaciones a Quintana para modificar el RNPDNO a partir de los supuestos hallazgos del personal adscrito a la dependencia encabezada por Ariadna Montiel, dijeron las fuentes.
La entonces comisionada se negó a acatar la instrucción y argumentó que la Secretaría de Bienestar no está considerada como autoridad buscadora definida en la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, y que en todo caso se requerían pruebas de vida o de muerte de las personas presuntamente localizadas por los servidores de la nación.
Las peticiones de Encinas
Entre las opciones para “reducir las cifras”, Encinas habría propuesto “eliminar la cifra total de los registros y dejar operando sólo las listas de desaparecidos y no localizados y las de localizados, lo que al final no cambia mucho la percepción, porque al hacer la sumatoria se tiene el total de registros”.
Es decir, de acuerdo con el portal del RNPDO, al jueves 24 de octubre pasado, hay en total 292 mil 559 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas”. De esa cifra, 111 mil 49 corresponde a “personas desaparecidas y no localizadas” y 181 mil 497 a “personas localizadas”. Al hacer la sumatoria de los dos últimos registros se obtiene el primero.
Una opción más que Encinas le habría planteado a la entonces funcionaria para “reducir” las cifras consistía en eliminar del registro los casos en que “no hubiera datos contundentes de la desaparición”.
La propuesta fue desechada luego de que la entonces funcionaria y su equipo explicaron a Encinas que tomar esa medida implicaría que “los casos que quedarían en el RNPDNO serían los de esta administración, que son los mejor documentados”, lo que iría en contra de lo que pretende el gobierno de López Obrador de mostrar que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa hubo más desaparecidos que en lo que va de su sexenio.
Ante la negativa de Quintana para aceptar modificar el registro sin elementos contundentes de prueba, Encinas le habría pedido entonces la renuncia; Karla Quintana le habría solicitado a su vez que se lo pidiera por escrito, en un texto que incluyera la explicación de que ella no había aceptado realizar los cambios solicitados desde la presidencia.
Después de al menos dos meses de estira y afloja, tiempo en que Encinas dejó de contestar las llamadas de la entonces comisionada, Karla Quintana decidió dejar la titularidad de la CNB.
Como parte de las presiones contra la gestión de Quintana, se ordenaron dos auditorías a la CNB, de las que hasta ahora se desconocen los resultados.
Antes de dejar el cargo, el 22 de agosto, Quintana autorizó que se subiera a la página oficial la Versión Pública de la base de datos del RNPDNO, que contiene “sólo algunos datos personales de las personas buscadas y de las autoridades que cargaron la información” al registro, una medida que familiares e investigadores solicitaron desde hace años a la CNB para cotejar los datos”.
Perversa estrategia, perversa administración y perversa la indolencia para con quienes siguen buscando bajo tierra a sus desaparecidos.
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