La nota publicada el fin de semana por The New York Times sobre México demanda reflexión. Por una parte, están los estándares del periodismo respecto de revelaciones sustentadas en fuentes no oficiales. No es la primera vez que aparecen trabajos de esta naturaleza que la realidad desmiente. Sin embargo, la situación actual es distinta. La diferencia radica en el estado de impunidad que prevalece en México y en que el Departamento de Justicia ha solicitado la detención con fines de extradición de diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos su gobernador, un senador y el presidente municipal de la capital, todos del partido gobernante. A ello se suman las declaraciones de diversos funcionarios estadounidenses de alto nivel que anticipan una nueva lista de personas imputadas.
Existe una reserva generalizada de que sea el principio del fin del régimen obradorista. Mucho tiene que ver la postura del gobierno y de la presidenta de minimizar o trivializar la embestida judicial y la información periodística. La respuesta institucional ha surtido efecto en la medida en que indicadores como el tipo de cambio, el desempeño bursátil y la inversión mantienen una razonable estabilidad, como si nada ocurriera o pudiera ocurrir. Se añade, asimismo, el excepticismo o la actitud complaciente de medios de comunicación e, incluso, de representantes empresariales. La inclinación a la negación explica igualmente la postura de muchos; la incertidumbre y la adversidad suelen enfrentarse de esa manera.
Resulta difícil creer que The New York Times, por su línea y política editoriales, decidiera convertirse en vocero del gobierno de Trump o de la llamada ultraderecha, como acusa Ariadna Montiel, presidenta de Morena o el coordinador de los diputados Ricardo Monreal. Lo más delicado de la información es que alude a un número importante de gobernadores, legisladores y políticos —en su mayoría de Morena—, que mantienen diálogo con las autoridades estadounidenses para incriminar a correligionarios de igual o mayor jerarquía. La nota señala que la DEA los ha buscado y que, ante el temor de ser imputados, están colaborando para revelar la connivencia de miembros relevantes del régimen.
La situación es muy delicada. Hay razones para dimensionar la gravedad de la amenaza, pese al discurso público de la presidenta y de la dirigencia de Morena. Las opciones legales o políticas del gobierno son inexistentes o resultarían ineficaces. Más grave, y que la información consigna, es que integrantes de la propia jerarquía estén incriminando e incriminándose. El diario revela que es una docena de personas quienes están colaborando con las autoridades estadounidenses. Se trata de un hecho explosivo porque significa que la estrategia de la presidenta Sheinbaum para preservar la unidad no solo no ha dado resultado, sino que está siendo saboteada desde el interior, ante la creencia de los suyos de que no puede garantizar protección frente a la ofensiva judicial estadounidense. Es cierto que la impunidad solo existe dentro de las fronteras nacionales y todo indica que la embestida judicial continuará ahora con testimonios de destacados miembros de la clase política.
El fin del régimen no estaría asociado a una campaña mediática, ni siquiera a la acción del gobierno estadounidense o a una ofensiva ideológicamente motivada por la llamada ultraderecha. El origen del problema es la impunidad y la ausencia de condiciones para ofrecer una respuesta judicial convincente y creíble, precisamente porque el régimen terminó con la precaria autonomía de la FGR y con la independencia del Poder Judicial federal. La pretensión de controlar el aparato de justicia penal terminó volviéndose contra el propio régimen político.
Así, el eventual fin del régimen sería consecuencia de una herida autoinfligida. Desde distintos frentes y por diversas razones se advirtió a la presidenta Sheinbaum sobre las implicaciones de destruir al Poder Judicial. Tuvo la opción de limitar la defenestración de juzgadores a la Suprema Corte, pero no le pareció suficiente, movida por un inexplicable sentimiento de agravio y, sobre todo, por un afán de un erigir un poder sin límites. Se impuso la cerrazón y esta se extendió al juicio de amparo y a imponer en la FGR a una titular cuya principal credencial es su pertenencia y absoluta subordinación al grupo en el poder.
Es lamentable para el país y para su soberanía que una eventual debacle tenga como punto de partida el interés político, ideológico y judicial del poderoso país vecino, efecto de la impunidad y destrucción del sistema de justicia.