Las cosas se valoran a partir del plano desde el que se juzga. Con frecuencia se presenta el error de valorar el presente y a sus personajes desde el prisma del pasado. Un tema recurrente es la idea convencional de la institución presidencial y de lo que se espera de quien ocupe la silla. No se advierte que el régimen presidencial quedó atrás; incluso, es un error creer que el obradorismo es un intento de regresar al presidencialismo autoritario del pasado, ya un tanto lejano. Diferente es en su esencia, contexto y dinámica, como también la sociedad respecto a la de hace medio siglo.
La presidenta Sheinbaum es la figura principal, pero no determinante del régimen político. En la lógica autoritaria se decidió concentrar todo el poder, con el resultado de una presidencia poderosa y un régimen de autoridad débil en extremo. Concentrar el poder expone como puede verse con los problemas de justicia y de una legalidad inexistente. Pocos advierten que este proceso de concentración le llevó a López Obrador casi todo su sexenio; Claudia Sheinbaum prácticamente inició su gobierno con la destrucción de la legalidad y del sistema de justicia que acota la autoridad y una cuestionable mayoría calificada legislativa.
A pesar de ello, la presidenta se muestra impotente frente a los tres grandes retos que encara el Estado mexicano: abatir la impunidad, contener la embestida del crimen y enfrentar la amenaza del gobierno norteamericano. En realidad, todo converge en el imperio de la impunidad. Acabar con la criminalidad no es un tema de represión y operativos, sino de justicia penal. Allí está el origen de la mayor debilidad del país. No es una insuficiencia reciente, pero se ha acrecentado en proporciones mayores a partir del arribo del populismo al poder debido a su desdén por la legalidad.
Si algo debe destacarse del segundo impulso del proyecto político es la radicalización del programa político. Todavía hay quienes se resisten a entender esta etapa. De una u otra forma, incluso en sectores críticos del régimen, se espera —bajo el manual del viejo presidencialismo— que la presidenta Sheinbaum sea Cárdenas respecto a Calles. No será así y, hoy, en los momentos más difíciles de su presidencia, la mandataria defiende con intransigencia y determinación el proyecto y al personaje de origen. Más aún, en muchos sentidos —no en todos—, sí en lo político, donde se impone una visión extrema y autoritaria del ejercicio del poder presidencial al servicio del régimen político, prácticamente desde el primer día, sin vacilación ni engaño. Ni por asomo hay visión de Estado y el interés de la cúpula gobernante está por delante del país, sin importar riesgos ni consecuencias.
Como tal, la gestión de las dificultades en materia de justicia respecto a EU no derivan de la desinformación, tampoco de la ingenuidad, sino de una convicción que parte de su visión del poder y de la política. Se saben amenazados y por eso la cerrazón. En algún momento, cuando la presidenta fue cuestionada sobre la posibilidad de que Morena fuera declarada organización terrorista extranjera por el gobierno de EU, su respuesta fue refugiarse en la génesis del proyecto político: la elección de 2018, es decir, el arribo al poder de López Obrador no como una expresión de alternancia común a toda democracia, sino como un momento fundacional propio de una transformación nacional radical, equiparable a una revolución. Y como tal han actuado: desmantelando el régimen democrático y erigiendo uno nuevo, de claro corte autoritario. Un golpe de Estado al régimen democrático.
La reforma para anular elecciones se corresponde con esta visión del poder, común en la tiranía. No es el voto democrático el que resuelve, sino una decisión de fuerza; ninguna autoridad puede proveer legitimidad porque todas están sometidas o colonizadas. El INE y el gobierno como filtro para excluir candidatos cuestionables simplemente no es creíble, tampoco los fallos judiciales para invalidar candidatos o resultados electorales.
La visión radical plantea un futuro ominoso porque descalifica la coexistencia de la diversidad y conduce al enfrentamiento porque la lucha por el poder invalida la civilidad propia de la democracia. Cualquiera semejanza con el fascismo, franquismo, chavismo o castrismo no es coincidencia; es la expresión propia de una apuesta radical que, a su vez, explica la intransigencia del régimen ante la legalidad, la justicia, las libertades y, ahora, la democracia electoral.