“La manera más fácil de corromper a un joven es enseñarle a despreciar a quienes piensan distinto.”
Nietzsche
“La función del poder no es protegerse a sí mismo, sino proteger al ciudadano.”
Montesquieu
“La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente.”
Rosa Luxemburgo
Increíble que una abogada formada en la UNAM, con posgrado en Berkeley, se atreva a exhibir datos personales como si nada. Y más todavía siendo la presidenta de Morena, ese partido que presume humanidad a cada paso. Con todo su currículum jurídico, Luisa María Alcalde decidió olvidar que no tiene autoridad para divulgar —como lo hizo— un contrato entre un particular y una organización política, mismo si esa organización fuese la suya.
Sí, el contrato fue financiado con recursos públicos. Pero eso no lo vuelve automáticamente un documento de libre difusión. La publicidad de documentos de ese tipo debe pasar por procedimientos, plazos y criterios de protección de datos personales. Lo que hizo Alcalde rompe con eso. No lo “explica”: lo viola.
Conviene recordarle, de paso, que prestar servicios profesionales a un partido político no es un crimen. Tampoco es sinónimo de financiamiento ilícito ni de conflicto ético. Es exactamente eso: el pago por un servicio. Lo mismo que la 4T hace cuando le transfiere recursos a voceros como Callo de Hacha, Jairo Calixto o cualquier otro que facture a la causa.
Pero para completar el cuadro de abuso, Alcalde decidió exhibir a un joven que ni siquiera milita en el PAN ni trabaja como servidor público. Edson Andrade dirige una empresa de comunicación digital integrada por jóvenes que llevan redes de distintos partidos y de clientes privados. Punto. Como cualquier ciudadano, tiene derecho a trabajar en lo que quiera de manera honesta y legal. Ninguna ley prohíbe vender servicios profesionales a un partido político mientras se simpatiza (o no) con ese partido.
Tampoco hay base alguna para insinuar —como lo hace Alcalde con desprecio apenas disimulado— que Acción Nacional lo contrató hace meses para organizar una marcha que tuvo lugar hace unos días. Esa acusación no se sostiene, y lo sabe. Pero la narrativa ya quedó sembrada, que es lo que a ella le importa.
Y aquí lo central: el escrutinio público aplica para quienes ejercen poder, no para jóvenes a los que se les tira nombre y apellido desde la presidencia de un partido. Lo que Alcalde hizo no tiene nada que ver con transparencia. Es un abuso de autoridad. Es exactamente el tipo de señalamiento que usan los gobiernos autoritarios para justificar el hostigamiento y poner a sus fieles a hacer “el trabajo sucio”.
Si Luisa María de verdad quisiera defender la transparencia, exigiría abrir las cuentas del Tren Maya, de Dos Bocas, de Segalmex, del propio Adán Augusto y su huachicol fiscal que hundió a Pemex. Pediría conocer los pormenores de los contratos opacos, de los desfalcos, de las adjudicaciones directas que la 4T reparte como dulces. Pero no: su tiempo lo dedica a acosar a un joven empresario.
También parece olvidar la licenciada que la libre asociación es un derecho constitucional. Y que exhibir a un ciudadano por trabajar con la oposición no solo es ruin: es peligroso, porque sus huestes —esas que reaccionan sin matices ni sentido crítico— convierten cualquier “dato” en una sentencia pública.
¿Qué diría si le pidiéramos que expusiera, con el mismo entusiasmo, a quienes le venden servicios a Morena? A los que proponen hashtags, a quienes ponen su nombre (y su credibilidad) a la venta, a los que misteriosamente heredan propiedades, terrenos o cuentas justo después de sumarse a las filas del partido o del gobierno. Que enseñen los testamentos, pero que no sean apócrifos.
¿Y no sería mejor que el gobierno enfocara esa energía en perseguir delincuentes? ¿O en separar de sus filas a quienes tienen vínculos con el crimen organizado, en vez de protegerlos con todo tipo de fueros y complicidades? Porque todo lo que Alcalde señaló de Edson Andrade ocurre, con creces, dentro de Morena. Señalar al otro se vuelve escupir al cielo: lo que cae siempre cae en casa.
Lo grave es el método. La 4T ya normalizó exhibir ciudadanos: saltarse normas, filtrarlo todo, y luego justificarse con el “solo informamos”. Mientras tanto, algún fanático ya tomó nota. Alguno ya transformó la calumnia oficial en amenaza.
Luisa Alcalde no solo vulneró derechos. Canceló sin pruebas la presunción de inocencia. Y lo hizo con la soberbia de quien se siente juez y verdugo. Esa desfachatez no solo es impropia, es peligrosa.