Estados Unidos ajusta la acusación, Delcy emerge como relevo funcional y Venezuela queda atrapada en una transición sin justicia.
La detención de Nicolás Maduro produjo una ilusión breve pero poderosa: la idea de que Venezuela había entrado, por fin, en una nueva etapa. Bastaron unos días para disiparla. El régimen no colapsó, el Estado no se reconfiguró y el miedo no desapareció. Lo que cayó fue un hombre. El poder, en cambio, sigue ahí.
Maduro compareció ante el tribunal sin arrepentimiento ni gesto de derrota. Se proclamó presidente, se declaró no culpable, se asumió como prisionero de guerra y denunció una invasión extranjera. No habló como un exmandatario caído, sino como alguien que aún se sabe parte de una estructura que lo sostiene. Ese tono no fue casual: fue un mensaje político.
Mientras el mundo miraba a Nueva York, en Caracas no se produjo ningún vacío. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina en medio de una ambigüedad cuidadosamente calculada. Por un lado, habló de transición y elecciones; por otro, ratificó la defensa del proceso, denunció agresiones externas y anunció mecanismos internos de control. No es contradicción: es administración del poder.
La pregunta clave no es si Delcy será transitoria, sino por qué ella.
Investigaciones periodísticas publicadas meses antes de la caída de Maduro revelaron que tanto Delcy Rodríguez como su hermano Jorge promovieron discretamente contactos con Washington para presentarse como una alternativa más aceptable al régimen, bajo una fórmula elocuente: un madurismo sin Maduro. No una ruptura democrática, sino una transición controlada que preservara la estabilidad política sin desmontar el aparato gobernante.
Ese dato cambia el marco de lectura. La continuidad no es improvisación: es resultado de conversaciones previas.
El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe real de la fuerza armada, completa el cuadro. Nada ocurre sin su aval. La ausencia de enfrentamientos durante la detención de Maduro, el control territorial intacto y la represión selectiva de manifestaciones indican una sola cosa: el ejército no se fracturó. Se replegó, protegió la estructura y garantizó continuidad.
La violencia registrada en Caracas y sus alrededores no fue caótica ni espontánea. Fue contención. Fuerzas de seguridad, colectivos armados y unidades leales actuaron para disuadir celebraciones, neutralizar protestas y enviar un mensaje inequívoco: el cambio tiene límites. Los arrestos de manifestantes lo confirman. Y también lo confirma la falta de una defensa internacional eficaz.
Ni la OEA ni la ONU empujaron una condena contundente. Los comunicados fueron genéricos, prudentes, tardíos. El derecho a la protesta volvió a quedar subordinado a la estabilidad.
Estados Unidos de Norteamérica, por su parte, optó por una estrategia quirúrgica. La acusación contra Maduro es personal: narcotráfico, conspiración y delitos conexos. No hay cargos por crímenes de lesa humanidad ni un proceso contra el sistema que devastó al país. No se persigue al andamiaje; se sacrifica al símbolo.
Ese enfoque quedó aún más claro cuando Washington ajustó la acusación y retiró la imputación de que Maduro encabezaba el llamado “Cártel de los Soles”. El caso sigue abierto, pero pierde su carácter estructural. El delito se vuelve más personal, más procesal y, sobre todo, más negociable. No se amplía el cerco a otros jerarcas del régimen. No se toca al núcleo duro.
Suiza, por ejemplo, congeló activos vinculados exclusivamente a Maduro y a su entorno inmediato. No al chavismo en su conjunto. El mensaje es inequívoco: castigo individual, tolerancia estructural.
El petróleo explica buena parte de esa prudencia. Estados Unidos no busca gobernar Venezuela ni provocar su implosión; busca administrarla. Controlar riesgos, asegurar flujos energéticos y evitar un colapso regional. Por eso no hubo un respaldo efectivo a la oposición ni un impulso real a liderazgos alternativos. La transición aceptable no pasa por la ruptura, sino por la gestión.
En ese contexto debe leerse la narrativa de Maduro como prisionero de guerra. No es un exabrupto. Es una estrategia para internacionalizar su causa, dilatar procesos y abrir la puerta a negociaciones futuras: traslado, exilio, reducción de condena. No sería la primera vez que un autócrata convierte la justicia en moneda de cambio.
La ausencia total de imágenes del operativo refuerza la sospecha. No hay videos, no hay fotografías, no hay relato visual. Solo versiones parciales y contradictorias. Esa opacidad alimenta una hipótesis incómoda pero plausible: la detención no fue una cacería, sino una operación tolerada —quizá pactada— para remover al líder y preservar el sistema.
Hoy Venezuela no vive una liberación. Vive una pausa controlada.
Hay menos apoyos abiertos al chavismo, pero más cansancio que euforia. No hay sensación de victoria, sino de vigilancia. El poder sigue ahí, reorganizado, más discreto y, quizá, más presentable ante el mundo.
Nada de lo ocurrido sugiere una ruptura real, sino una cirugía política de precisión. Estados Unidos golpea a Maduro como individuo, pero no desmantela el andamiaje que lo sostuvo. Ajusta la acusación, la vuelve administrable y negociable. Presiona lo suficiente para disciplinar, pero no tanto como para provocar colapso.
Por eso la violencia confusa, el silencio internacional y la continuidad institucional no son anomalías: son síntomas. Venezuela no está saliendo del autoritarismo; está entrando en una reconfiguración del mismo.
Maduro cayó después de haber ganado demasiado tiempo.
Y ese tiempo, perdido para Venezuela, sigue cobrándose la factura.
La pregunta ya no es si cayó un dictador.
La pregunta es si el mundo está dispuesto, esta vez, a dejar de negociar con el régimen que lo hizo posible.
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